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Rocha: oposición afirma que fideicomiso de US$ 40 millones quedó en entredicho por posible error de redacción
La bancada del Frente Amplio sostiene que el texto aprobado solo autoriza un fideicomiso “por administración”, lo que impediría a la comuna tomar crédito; sin embargo, el oficialismo lo descarta y tilda a la controversia de “murmullo de pasillo”
Hace pocas semanas, la Junta Departamental de Rocha aprobó un fideicomiso por US$ 40 millones, a pagarse en 15 años, para ejecutar un “shock de infraestructura” en el departamento. El proyecto, impulsado por el intendente nacionalista Alejo Umpiérrez, fue respaldado por los 19 ediles del Partido Nacional y por dos curules del Frente Amplio, Susana Núñez (Asamblea Uruguay) y Graciela Fonseca (Baluarte Progresista), quienes debieron enfrentar consecuencias: la primera renunció al Frente Amplio pocos días después de la votación y la segunda deberá comparecer ante el Tribunal de Ética del partido.
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El objetivo del fideicomiso es financiar nuevas obras con recursos provenientes del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), mediante la cesión de un 30% de esos ingresos como garantía. Sin embargo, según supo Búsqueda, tras la aprobación comenzó a circular en los pasillos de la Junta Departamental de Rocha —al menos entre la bancada frenteamplista— que la versión del texto de la resolución tendría un error formal que podría afectar la operatividad del instrumento y, eventualmente, obligar a repetir la votación.
Básicamente, lo que está en discusión es si la Intendencia de Rocha quedó habilitada a tomar un préstamo respaldado en ingresos futuros —lo que permitiría ejecutar todas las obras en pocos años— o si solo puede gastar lo que recauda anualmente, lo que transformaría el “shock de infraestructura” en un proceso lento. Esto se debe, explicó el edil frenteamplista Felipe González, a la redacción de la resolución enviada por el gobierno departamental. “Cuando el intendente dispone el apartado ‘se resuelve’, establece que el contrato de fideicomiso será por administración exclusivamente y no por un fideicomiso financiero”, relató. Esa diferencia, aseguró, “es crucial”, porque “la administradora (como podría ser la Corporación Nacional para el Desarrollo —CND— o República Afisa) va a administrar fondos, pero no puede pedir prestado dinero”, ya que eso implica que los recursos solo pueden gastarse conforme ingresen los fondos del Sucive. “No le puede pedir dinero al futuro”, resumió.
Y es que en un fideicomiso por administración, la empresa administradora únicamente gestiona los recursos que efectivamente ingresan —por ejemplo, el 30% de la recaudación del Sucive— y los destina a obras conforme se acumulan. En cambio, un fideicomiso financiero permite usar ese flujo futuro como garantía para obtener un préstamo bancario y disponer del dinero de inmediato. La diferencia, aunque técnica, determina si el gobierno departamental puede cumplir su promesa de ejecutar obras de gran escala en el corto plazo o si deberá hacerlo de manera progresiva.
Crédito bancario
Es por eso que, para el edil, la resolución debió habilitar también un fideicomiso financiero, que permitiría a la administradora solicitar un crédito bancario con garantía del flujo futuro del Sucive. “Si el objetivo del intendente es ejecutar las obras de US$ 40 millones, por ejemplo, en estos cinco años, necesariamente la empresa administradora tiene que pedir un crédito bancario. Pero este fideicomiso no tiene la previsión de que sea financiero”, explicó González.
Esto fue incluso advertido por la propia CND, agregó, cuando la intendencia inició las gestiones posteriores a la votación, lo que dio origen a los rumores sobre un posible error de redacción.
Según el edil, el error “no es caprichoso”; aseguró que al ser un contrato a 15 años, la omisión puede crear “un problema de seguridad jurídica”, porque “el día de mañana otro gobierno puede decir ‘yo no voy a pagar intereses crediticios porque no hay un fideicomiso financiero’”. Y en ese sentido, atribuyó el problema a la premura con que se trató el proyecto. “Si lo hubieran mandado antes al Tribunal de Cuentas, como dice el artículo 301 de la Constitución de la República, el Tribunal hubiera advertido que están hablando solamente de un fideicomiso de administración y lo hubieran corregido”, afirmó.
El coordinador de bancada del Frente Amplio, Pablo Larrosa, coincidió con este punto y reafirmó que existe “una diferencia sustancial entre lo que es un fideicomiso por administración y uno financiero”, una omisión en el texto que a su entender “constituye un error muy significativo”.
“Rocha mantiene deudas por más de $ 800 millones y precisa efectivo” para sostener el ritmo de obras y funcionamiento, comentó en ese sentido.
Es así que si se confirmara la interpretación de la oposición, el fideicomiso podría requerir una nueva votación, mencionaron los ediles. Además, el endeudamiento sin la forma contractual correcta podría motivar observaciones del Tribunal de Cuentas o conflictos futuros si cambia el signo político del gobierno departamental.
“Un murmullo” en los pasillos de la Junta
Sin embargo, desde el oficialismo, el presidente de la Junta Departamental, el nacionalista Miguel Sanguinetti, desestimó por completo los cuestionamientos y agregó que esto es algo que llegó de sorpresa hace unos 20 días. “La resolución quedó bien redactada”, afirmó. Calificó la polémica como “un murmullo que ha habido en los pasillos de la Junta” y sostuvo que no se ha presentado “ninguna objeción formal ni queja sobre el tema”.
Sanguinetti explicó que lo que la Junta Departamental aprobó fue “la venia para que el Ejecutivo tome un fideicomiso sin tener un fideicomiso en específico ni un contrato en específico”, lo que deja al intendente “la potestad de negociar intereses, instituciones financieras y el propio fiduciario”, por lo que aún no hay nada definido.
A su juicio, la discusión sobre si el fideicomiso es por administración o financiero carece de fundamento: “El objeto del fideicomiso justamente es un mecanismo financiero para la ejecución de obras; es el mismo formato que se utilizó en el fideicomiso del período anterior porque el sistema de retención de haberes es a través del Sucive. El fiduciario retiene los ingresos del Sucive y libera las partidas a medida que se avanzan las obras”. Con esto se asegura de que la intendencia solo va a utilizar este fideicomiso para obras y “tira por tierra lo que dicen los ediles del Frente Amplio acerca de que el intendente va a utilizar los recursos aprobados en el fideicomiso para tapar agujeros”.
Sanguinetti aseguró que no hay posibilidad de impugnación ni de una nueva votación. “Descarto de plano que haya un error en la redacción. No está en juego que se tenga que volver a votar el fideicomiso”, comentó, e interpretó los rumores como una maniobra política de la oposición. “Es una situación absolutamente ficticia”, concluyó.
