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El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil, expresó su preocupación por la decisión de la Presidencia de la República de postergar la reglamentación de un artículo de la ley antilavado de activos que prohíbe a las autoridades públicas tener vínculos con sociedades offshore.
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Por indicación de la Presidencia de la República, que dudaba acerca de su constitucionalidad, el gobierno decidió que el decreto reglamentario de la nueva ley antilavado, aprobada en diciembre del 2017, no abarque al artículo 9 de la norma. Ese punto establece que los jerarcas “no podrán ser accionistas, beneficiarios finales, ni tener ningún tipo de vinculación, con sociedades comerciales domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja tributación, mientras se desempeñan en el cargo público”.
“Nos preocupa el hecho de que se haya desglosado la reglamentación del artículo 9, porque eso implica que la norma está vigente, pero si alguien la incumple no sabemos bien qué pasa”, relató Gil durante la comparecencia de la Jutep el jueves 4 ante la Comisión de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado.
Uno de los borradores de decreto que elaboró la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos (Senaclaft) preveía otorgarle potestades de control del artículo 9 a la Jutep. Cuando el documento llegó a los servicios jurídicos de Presidencia, la idea desapareció del proyecto principal.
Gil dijo que no conocía los motivos por los cuales la Presidencia desglosó ese artículo de la reglamentación general. No obstante, añadió que consideraba que la prohibición de tener vínculos con una offshore “está vigente y actualmente es exigible, más allá de que no haya reglamentación”.
El caso Brechner.
La diputada Graciela Bianchi (Partido Nacional) aprovechó la intervención de Gil para preguntarle acerca de la situación del presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner. Búsqueda informó en junio que ese jerarca estaba embargado por una deuda con República Afisa, subsidiaria del Banco República (BROU), mientras manejaba una offshore con cientos de miles de dólares. La sociedad anónima de Islas Vírgenes Británicas estaba a nombre de su esposa y sus hijos, pero era Brechner el que realizaba los trámites, al menos hasta mitad del 2017, a través de un contador y del estudio panameño Mossack & Fonseca (MF), según surge de los Panama Papers.
Según Gil, la Jutep le preguntó al jerarca: “¿Usted tiene relación con alguna offshore?” y su respuesta fue “no”. “Para nosotros el tema se cerró; ese punto vinculado al artículo 9º se cerró, porque nos contestó que no tenía relación, y nosotros no tenemos por qué dudar de su palabra ni tenemos potestades para investigar”, añadió el presidente de la “junta anticorrupción”.
Brechner consiguió la offshore —HighTech Pacific Corp.— en diciembre del 2004, meses después de que el Frente Amplio ganara las elecciones y antes de que asumiera el gobierno de Tabaré Vázquez. Pese a que no figuraba como su titular, era el que la manejaba.
A mediados del 2017, Brechner le pidió a su contador Mauricio Zolwker que tramitara los documentos necesarios para que MF dejara de ser “agente residente” de la offshore.
Cuando Búsqueda publicó la información a fines de junio, Brechner transmitió al Poder Ejecutivo que ya se había “hecho cargo” de la sociedad anónima, dijeron fuentes del gobierno.
Los registros públicos de Islas Vírgenes Británicas —a los que accedió Búsqueda en julio— indicaban que la offshore estaba “en penalidad” desde el 1º de junio del 2018 porque sus dueños no habían pagado la anualidad. Además, desde principio de año no tenía “agente residente”, porque MF había renunciado a esa posición.
Expertos consultados por Búsqueda explicaron que ese es un mecanismo para “dejar morir” la sociedad anónima sin tener que realizar trámites.
