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Seguridad: blancos tienen borrador crítico con plan del gobierno mientras en la interna cuestionan “demora” y “formas” de tratar el tema
Dirigentes del Partido Nacional entienden que hubo fallas en responder institucionalmente al plan del Ministerio del Interior y que los colorados cooptaron el discurso sobre la seguridad
Entre desordenada, a destiempo, y sin los actores adecuados. Con ruido. En la interna del Partido Nacional hay dirigentes que cuestionan la reacción blanca a un tema central en la agenda política: la seguridad pública y el plan que presentó el Ministerio del Interior para enfrentar el problema. Distintas fuentes nacionalistas dijeron a Búsqueda que sienten que, aun cuando tenían insumos para hacerlo, hubo una “demora” en salir a responder con propuestas y críticas “sólidas” al documento presentado por el ministro Carlos Negro, mientras los colorados monopolizaron en el Parlamento —durante la interpelación al secretario de Estado— la atención y el discurso público sobre la inseguridad. Y que, además, con planteos críticos del senador colorado Pedro Bordaberry a, por ejemplo, el descongestionamiento carcelario y la la idea de ampliar la libertad anticipada, obligaron al gobierno a activar una marcha atrás. “Ese es un gol que metió Bordaberry”, comentó una fuente blanca. El rechazo a la “desprisionalización” prevista en el programa de gobierno del Frente Amplio fue moneda corriente durante la campaña del excandidato blanco a la presidencia Álvaro Delgado, que marcó recurrentemente su negativa a “abrir las puertas de las cárceles”.
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Entre dirigentes del Partido Nacional se cuestionan si fue correcta la estrategia de esperar a que ocurra la interpelación a Negro, que se hizo el jueves 9, antes de marcar una posición monolítica, ordenada, profunda, sobre la cuestión de la seguridad pública. El lunes 6, durante la última sesión del directorio blanco, se compartió entre los directores un primer informe que analiza críticamente el plan del Ministerio del Interior. Y luego, en conferencia de prensa, el presidente del directorio, Delgado, fue el encargado de hablar sobre el tema. Fuentes blancas dijeron a Búsqueda que el exministro del Interior Luis Alberto Heber le reprochó en esa misma instancia sobre los tiempos y las formas de exponer los planteos. Faltaban la palabra y la presencia de algunos actores clave, como el otro exministro de la cartera Nicolás Martinelli, que se encontraba de viaje. Y que ayer miércoles 15 se cortó solo con una carta personal a Negro con propuestas concretas.
Ese lunes 6, Delgado dijo que lo que presentó el gobierno sobre la seguridad pública “no es un plan, estrictamente”, y que le falta “planificación estratégica, tiempo de ejecución, objetivos medibles y recursos asignados”. También denunció el uso de inteligencia artificial, que ocupa “gran parte del relato” en el documento de más 300 páginas. Ese mismo día, desde el sector D Centro, liderado por el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, se despegaron del discurso institucional con su propia declaración, y un enfoque más radical. “El gobierno, privilegiando su preferencia ideológica por la indulgencia frente al delito, renunció a la firmeza que nuestro partido proponía. Faltan respuestas punitivas, especialmente contra las bandas que causan mayor daño en nuestros barrios, generando violencia y homicidios”, escribió Olivera en un comunicado difundido en sus redes sociales. “Pero no solo nos preocupa lo que el plan omite, sino lo que además agrega. La reforma del Código de Proceso Penal que el gobierno impulsa en paralelo apunta a desmantelar conquistas concretas como lo son mecanismos de cumplimiento efectivo de penas que la LUC (Ley de Urgente Consideración) consolidó. Se quiere volver a un escenario donde las condenas no se cumplen”, cuestionó. Y reclamó al gobierno que “se aumente la represión contra los grupos organizados, creando un nuevo delito para castigar con mayor severidad a líderes e integrantes de bandas criminales”. Estas cuestiones estaban contenidas en el programa de seguridad de los blancos, elaborado por otra figura clave, el excoordinador del área Luis Calabria, quien ahora está impedido de hacer política por integrar el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública.
Ministro Carlos Negro durante la interpelación en el Senado, el jueves 9
Mauricio Zina/adhocFOTOS
La ampliación del régimen de libertad anticipada propuesta por el gobierno también fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, ya que incluían entre los beneficiados a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. El lunes 13 se reunieron con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien les dijo que el artículo sería revisado. Desde el Poder Ejecutivo insistieron en que no se trataba de una liberación automática y que cada caso debía ser evaluado por la Justicia con informes de conducta y antecedentes, pero el martes 14 la senadora Bettiana Díaz dijo que la bancada frenteamplista había acordado quitar el artículo referido al régimen de libertad anticipada. Antes de la marcha atrás, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, había declarado en Canal 5 que el nuevo régimen “descomprimiría” con la liberación de una cifra en torno a los 2.000 presos en el plazo de un año, aunque luego se desdijo y aclaró en la diaria que sería menos de 400.
El informe de los blancos
Entre los dirigentes del Partido Nacional ya circula un borrador con notas al pie y comentarios sobre el plan del Ministerio del Interior. La idea es que sea presentado el lunes 20 en la sesión del directorio en San José. El documento inicial, al que tuvo acceso Búsqueda, cuestiona que muchas de las medidas ya fueron propuestas en el gobierno anterior y que otras carecen de profundidad o explicación. Por ejemplo, a la “ampliación de competencias en el control de fronteras de las Fuerzas Armadas” se le responde: “Ya presentó el proyecto Javier García y no se vota”. Al “fortalecimiento de la regulación de guardias armados” se responde: “No sabemos qué significa fortalecimiento”. A “mejorar la investigación del crimen organizado con equipos y técnicas multidisciplinarias” se le responde: “¿Cómo van a mejorar? No se entiende”. A “poner en marcha la estrategia nacional para golpear el lavado de activos” se le responde: “¿Cuál es la estrategia nacional?”. A “consolidar la capacidad estatal de lucha contra el lavado de activos con la creación de la Dirección General de Lucha contra el Lavado de Activos” se le responde: “¿Una nueva dirección? Hay una unidad en la Dirección Nacional de Drogas”. A “ampliar la capacidad de control de Policía Caminera con una unidad K-9” se le responde: “¿Ponerle perros a la Caminera? Hoy es la Guardia Republicana”. A “transformar al Instituto Nacional de Rehabilitación en un servicio descentralizado” se le responde: “Estamos de acuerdo, ¿el proyecto?”. A “crear una unidad operativa policial especializada en el control de espectáculos públicos” se le responde: “Otra dirección… Crean un cargo”. Al “fortalecimiento de las soluciones habitacionales para el personal policial” se le responde: “Ya estaba, Plan Avanzar”. A los “operativos de disuasión focalizada en territorios de alta incidencia” se le responde: “Es parte de lo que ya se venía haciendo con patrullaje planificado y disuasión (Plan Saturación)”. Al “Sistema de Información Anónima sobre Homicidios” se le responde: “Existe información y protección de testigos. ¿Hay algo nuevo?”.
