“Estamos viendo que algunos CEO de compañías americanas informan a sus empleados que, para poder crecer, a la hora de contratar talentos o proveedores nuevos, van a tener que justificar por qué no lo puede hacer la inteligencia artificial. Esas ya empiezan a ser directivas explícitas y cartas públicas”, dijo Carlos Acle, directivo de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), a los legisladores que integran la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado en una sesión el 8 de mayo. En ese encuentro dio algunas pistas sobre el impacto que estas nuevas tecnologías empiezan a tener en el sector tecnológico uruguayo.
Oficina-Pantalla-Trabajo.png
El modelo que llega a su techo
El 70% de las exportaciones del sector tecnológico uruguayo son servicios. En otras palabras, son “horas hombre” vendidas a empresas del exterior. Este modelo, que trajo crecimiento sostenido durante más de una década, tiene un límite: solo se expande en función de la cantidad de personal contratado. Pero la IA está alterando ese esquema. “La viabilidad de las empresas está dada por el valor de la tarifa que se puede cobrar y el costo que tienen, dado que el 90% del costo de nuestras compañías es el recurso humano”, explicó Acle a los legisladores. En ese modelo de venta de horas, el impacto de la IA se traduce directamente en reducción de tiempos y, por ende, de ingresos.
La IA también desafía el modelo empresarial desde otra perspectiva: el modelo de producto. “Si solamente vendemos mayoritariamente horas, lo que podemos generar de crecimiento es la cantidad de gente que podamos contratar por el mejor valor hora que podamos conseguir en el exterior por la productividad que logremos. Ahí quedamos topeados. Sin embargo, si esos equipos o esas empresas, con esos mismos recursos o con más, generan propiedad intelectual y después se vende lo que llamamos softwares as a services, es decir, el uso de los servicios y las plataformas, entonces ahí sí ese crecimiento realmente es prácticamente sin techo”, explicó a los senadores el presidente de la CUTI, Amílcar Perea.
Transformar el trabajo, un desafío compartido
Para Acle, el cambio que impone la IA “es un desafío en diferentes aristas”, y atraviesa al empresariado, al Estado, a la academia y a los trabajadores. “Nosotros, como tomadores de decisiones de nuestras organizaciones, empezamos a entender que el modelo de servicios, tal como lo conocimos hasta hoy y que nos trajo tantas satisfacciones, (...) tenemos que transformarlo”, afirmó.
No se trata de una tarea sencilla. “Tenemos que convencer a empresas que hace 15 o 20 años que hacen lo mismo de la misma manera para que empiecen a cambiar a un modelo que tiene mucho más riesgo”, explicó el directivo.
Un aspecto importante de la estrategia de cambio es la capacitación y adaptación constante del personal. Esto implica el desarrollo de nuevas capacidades. No basta con saber programar, es necesario “reconvertir al personal” de las compañías y contar con perfiles en áreas como gerencia de producto, marketing y ventas especializadas en sectores verticales, como salud, agro, fintech y educación, sintetizó Acle.
Destacó la necesidad de “hablar el idioma del cliente” de manera más fluida, enfocándose en quienes realmente tienen el problema en su propio sector (salud, agro, finanzas, etc.) y resaltó la necesidad de incorporar talento con perfiles distintos a los tradicionales.
En ese punto surge un nuevo obstáculo: la falta de formación en estos perfiles, tanto dentro de las empresas como en el sistema educativo.
Utec Durazno. Foto: Presidencia
Presidencia
El dilema del talento
“No conseguimos personal formado en Uruguay”, insistieron las autoridades de CUTI. A pesar de que el sector crece, muchas empresas deben abrir filiales en el exterior para conseguir personal. “Hoy en día nuestras empresas están ocupando buena parte de su crecimiento con recursos contratados en Chile, Colombia, Argentina”.
Los cursos cortos, como los bootcamps de tres o seis meses, ya no son suficientes. “Hace un par de años esos recursos con muy baja capacitación eran fácilmente empleables; hoy ya no lo son”, señalaron.
Además, la continuidad educativa representa uno de los principales desafíos para el desarrollo del talento en tecnología. A pesar del creciente interés de las nuevas generaciones por formarse en carreras vinculadas al sector, muchos jóvenes terminan abandonando sus trayectorias académicas, ya sea por la alta demanda laboral que los absorbe antes de finalizar sus estudios o, incluso, por no poder ingresar a las carreras por falta de cupos.
Uno de los ejemplos más notables fue el que presentó Perea en referencia a la sede de la Universidad Tecnológica (Utec) en Durazno. “Nos hemos encontrado con que en Durazno hay 40 cupos para la carrera de tecnólogo y 500 chicos anotados. Eso quiere decir que 460 gurises no pudieron entrar. Y algunos ya van tres veces seguidas que pierden el sorteo”, explicó. Según relató, estos jóvenes terminan tomando otros caminos laborales —muchas veces alejados del sector— y se pierde así una oportunidad concreta de formar talento local.
Perea aclaró que el problema no radica en la infraestructura o en el presupuesto disponible, sino en la falta de docentes para cubrir la demanda educativa. También aludió a la rigidez de los modelos actuales, como la obligación de que los docentes se trasladen físicamente cada dos semanas a dar clases presenciales. “Falta romper algunas barreras de presencialidad. Necesitamos que los equipos docentes de las universidades sean equipos con gente local que pueda cubrir las actividades que necesitan realmente ser dadas presencialmente y gente que solamente pueda cumplir una tarea docente en forma remota. Así los equipos son mucho más eficientes”, propuso.
“Ese problema que se da en Durazno también ocurre en Lavalleja. (...) Tienen unos 100 cupos y 200 estudiantes que quieren hacer la carrera y no pueden”, añadió el senador Sebastián Sabini, que integra la comisión. Según su visión, estas situaciones no se explican solamente por la falta de recursos humanos, sino por decisiones de política educativa que deberían revisarse para que la oferta formativa realmente llegue a los territorios. “Tenemos un montón de profesores de historia, filosofía o literatura, pero faltan profesores de matemática, física, química”, reconoció.
Tecnologia-Monitor-TIC.jpg
Importar conocimiento, una solución parcial
Frente a esta dificultad para formar talento a escala local, el sector privado y las autoridades han buscado alternativas para mitigar el impacto de la falta de profesionales calificados. Una de las estrategias fue atraer conocimiento desde el exterior. Con base en estudios de CUTI, el Parlamento promovió en 2024 una “ley de atracción de talentos” que permitió la contratación de 250 profesionales del exterior con condiciones tributarias especiales. Pero esa ley venció en febrero de 2025. Perea consideró “un tema muy urgente” la extensión de la vigencia de esa ley por al menos cinco años más, con ajustes técnicos que amplíen su alcance.
Regulaciones, compras públicas y el rol del Estado
Los representantes de CUTI también hicieron hincapié en la necesidad de revisar y adecuar el marco normativo que rige la innovación tecnológica en el país. Entre los puntos más destacados, plantearon una actualización del sistema de compras públicas y la creación de entornos regulatorios flexibles, especialmente para sectores altamente normados, como la salud o las finanzas.
“Para generar soluciones específicas en determinados mercados —y ahí es donde los señores senadores van a jugar un rol importante— se van a necesitar ciertas regulaciones, como la regulación en la cual se empezó a trabajar el año pasado en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero capaz que tenemos que empezar a tener lo que se llaman boxes, ambientes específicos para trabajar temas de salud, que son regulados, en Uruguay y en todo el mundo, y para la fintech, lo mismo. Ahí se va a necesitar que haya legislación amigable para el desarrollo y para que potencie la innovación”, señaló Acle.
Uno de los obstáculos identificados es el sistema de contratación del Estado, que en muchas licitaciones exige que el código fuente de lo desarrollado quede en propiedad de la entidad pública. Para el sector privado, esa condición es una traba directa al desarrollo de software innovador y “está limitando el acceso del sector público a soluciones de calidad”.
“Ninguna empresa que invierta todo lo necesario para desarrollar un producto que después vende a todo el mundo va a entregar la propiedad intelectual de esa solución”, advirtió.
Desde CUTI plantearon, además, que las empresas públicas deberían tener un papel más activo en el ecosistema innovador. En esa línea, se sugirió que las grandes empresas estatales, por su escala y peso, pueden funcionar como plataformas de validación para nuevas soluciones desarrolladas localmente. “Cuando uno construye un producto y lo va a testear acá, el mercado más grande donde lo puede hacer es el que está afectado por las empresas públicas. Entonces, podrían ser agentes importantes de innovación, de generar productos para que después las empresas podamos comercializarlos”, propuso Acle.
