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La regulación de redes sociales avanza en el mundo: Australia bloquea millones de cuentas y Europa endurece controles
Nuevas leyes y medidas judiciales reflejan un giro global hacia un mayor control de las plataformas digitales, con foco en la protección de menores y la responsabilidad de las grandes tecnológicas
La ley australiana que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años entró en vigor el pasado 10 de diciembre y ya muestra efectos concretos. En apenas una semana, plataformas como Snapchat, Meta, TikTok y YouTube bloquearon 4,7 millones de cuentas, según el regulador eSafety, que calificó el resultado como “significativo”.
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La normativa obliga a las empresas tecnológicas a adoptar “medidas razonables” para impedir el acceso de menores, bajo amenaza de multas que pueden alcanzar los 49,5 millones de dólares australianos (unos 29 millones de euros). Se trata de uno de los marcos regulatorios más estrictos del mundo en materia de edad mínima.
Snapchat informó que, hasta finales de enero, había deshabilitado unas 415.000 cuentas de adolescentes en el país, aunque reiteró su desacuerdo con la inclusión de su servicio en la prohibición, al considerar que su plataforma se utiliza principalmente para la comunicación interpersonal.
La compañía también advirtió sobre “lagunas significativas” en la ley debido a la limitada precisión de las tecnologías de estimación de edad, que pueden tener un margen de error de entre dos y tres años. Según la firma, esto podría permitir que algunos menores eludan los controles mientras usuarios mayores pierden acceso de forma indebida.
El debate australiano ya funciona como referencia internacional. Francia avanza con un proyecto que prohibiría el acceso a redes sociales a menores de 15 años, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional y pendiente de votación en el Senado a mediados de febrero.
El gobierno francés aspira a que la restricción entre en vigor al inicio del año escolar 2026. En una primera etapa alcanzaría solo a las cuentas nuevas, mientras que las plataformas tendrían hasta fin de año para bloquear las existentes que no cumplan con el requisito etario.
En paralelo, Snapchat y Meta han pedido que las tiendas de aplicaciones asuman un rol más activo en la verificación de edad antes de permitir descargas, planteando un modelo de responsabilidad compartida en el ecosistema digital.
El avance regulatorio europeo apunta a consolidar un estándar que priorice la protección de menores, en línea con una tendencia creciente entre los gobiernos occidentales para limitar el impacto de las redes en la población adolescente.
La presión sobre las plataformas no se limita a la edad mínima. En Francia, la fiscalía citó a Elon Musk y a la exdirectora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, a declarar voluntariamente el próximo 20 de abril, mientras se realizaba un registro en las oficinas de la compañía con apoyo de la unidad cibernética de la gendarmería y Europol.
La investigación, iniciada a comienzos de 2025 tras denuncias parlamentarias sobre posibles sesgos algorítmicos, se amplió a delitos graves como la difusión de material pedopornográfico, deepfakes sexuales y negacionismo.
También fueron convocados empleados de la empresa como testigos. Según la fiscal Laure Beccuau, el objetivo es mantener un “enfoque constructivo” que permita verificar si la plataforma cumple con la legislación francesa.
El contraste aparece en el caso de la plataforma Kick: tras la muerte en directo del streamer Jean Pormanove, la fiscalía emitió órdenes de arresto contra tres administradores luego de que no comparecieran ante la justicia, lo que evidencia un endurecimiento en la aplicación de responsabilidades penales.
El presidente del gobierno español Pedro Sánchez anunció este martes 3 de febrero un paquete de cinco medidas para combatir los abusos de las grandes plataformas y garantizar un entorno digital más seguro.
Durante su intervención en el World Governments Summit en Dubai, sostuvo que “las redes sociales se han convertido en un Estado fallido” donde se toleran delitos y se ignoran las leyes, y adelantó que el país prohibirá el acceso a estas plataformas a menores de 16 años.
La iniciativa forma parte del proyecto de ley de protección de los menores en entornos digitales, actualmente en trámite parlamentario, y obligará a las empresas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad.
Además, el gobierno buscará perseguir a las plataformas y a sus directivos cuando no retiren contenidos de odio o ilegales. “Los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables de muchas infracciones que se producen en sus sitios web”. “Esto significa que los directores generales de estas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidades penales por no eliminar contenidos ilegales o que inciten al odio”, sentenció Sánchez.
