En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Sin protocolos ni controles internos sobre IA, el Parlamento da pasos iniciales hacia su regulación
El Poder Legislativo aún no cuenta con normas, protocolos ni capacitaciones para el uso de inteligencia artificial, pese a los riesgos de filtración de datos sensibles y la creciente adopción de estas tecnologías
El Parlamento uruguayo no tiene protocolos, normativas ni mecanismos de control interno sobre el uso de inteligencia artificial (IA) generativa. No existen regulaciones, procesos de capacitación ni medidas preventivas para evitar filtraciones de datos sensibles a través de sistemas como ChatGPT o Gemini, según reconocieron tanto la Cámara de Representantes como la Cámara de Senadores en respuesta a un pedido de acceso a la información pública solicitado por Búsqueda.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
La falta de directrices que orienten a los funcionarios públicos sobre el adecuado manejo de la información y los datos crea un vacío operativo: en la práctica, podrían estar utilizando aplicaciones de IA generativa sin pautas claras para manejar datos confidenciales. Sin una normativa específica, es posible que, por ejemplo, se carguen expedientes con información personal de ciudadanos sin anonimizar, lo que a la vez podría terminar incorporándose a grandes modelos de lenguaje desarrollados por empresas como Meta, OpenAI o Google.
En Diputados, la respuesta fue clara: “No existe, a la fecha, normativa específica relacionada al uso o control de la inteligencia artificial en la Cámara de Representantes, ni se han difundido contenidos sobre la temática”. En Senadores, en tanto, se admitió que “no surgen normativas, protocolos ni directrices establecidas para regular el uso de la inteligencia artificial por parte de los funcionarios ni para evitar la divulgación de información reservada mediante plataformas externas de inteligencia artificial generativa”.
Ambas cámaras reconocieron limitaciones en capacitación. En Diputados solo se registraron dos instancias formativas en los últimos años —un curso de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) en 2023, con cinco funcionarios, y otro introductorio en 2025 en el que participó una única funcionaria—, mientras que Senadores aseguró que “se están implementando instancias de formación específicas para equipos directivos, técnicos y de gestión”, aunque sin dar mayores detalles.
El Senado señaló, además, que actualmente “hay un equipo integrado por profesionales que se encuentra analizando los desafíos emergentes asociados al uso de inteligencia artificial”, y que se rige por marcos generales de ciberseguridad coordinados con Agesic y el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERTuy), así como por la Ley de Protección de Datos Personales y el Estatuto del Funcionario. También informó que, por el momento, no utiliza sistemas propios de IA, por lo que “no ha desarrollado procedimientos específicos de transparencia, trazabilidad y control de calidad” en esa materia.
En ambas cámaras, el único protocolo explícito ante incidentes es reportar al CERTuy.
Estrategias anunciadas, avances lentos
Este rezago contrasta con la narrativa oficial del gobierno. En noviembre de 2024, Uruguay aprobó la Estrategia Nacional de IA 2024-2030, elaborada por Agesic con apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Unesco. Ese plan promete un marco de gobernanza que “proteja los derechos humanos, fomente la transparencia y garantice una institucionalidad adecuada”.
Sin embargo, más allá de la estrategia, el avance legal es prácticamente nulo. Hoy no existe ni siquiera un proyecto de ley específico para regular la IA. El gobierno de Yamandú Orsi anunció que impulsará una norma como parte de su agenda digital, pero aún no hay fechas ni propuestas concretas.
El propio Orsi, en la 17ª cumbre de los Brics (grupo conformado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros países de reciente incorporación), advirtió sobre el riesgo de quedar rezagados y abogó por una gobernanza global de la IA que sea “inclusiva, ética y orientada al desarrollo humano”. Según el mandatario, el acceso a tecnologías avanzadas será decisivo para marcar diferencias de crecimiento entre países en los próximos años.
Tablet-Parlamento
Tablet usada para la documentación del presupuesto durante la presentación del Presupuesto Nacional para el período 2025-2029, en la Comisión de Hacienda con Presupuesto de la Cámara de Diputados.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Recomendaciones de Agesic
En junio de 2024, Agesic entregó al Parlamento un informe con recomendaciones “para establecer la gobernanza nacional de la IA con un enfoque de múltiples partes interesadas, asegurar las capacidades que permitan su aprovechamiento para el desarrollo de los distintos sectores de la economía y el logro de una sociedad más igualitaria e inclusiva”. El documento se basó en “los logros alcanzados por el país en materia de transformación digital y en el campo de la investigación e innovación, fomentándolos al mismo tiempo”, y fue elaborado junto con entidades públicas, la academia y la sociedad civil. Sirvió como insumo para que los legisladores comprendieran la complejidad de estas tecnologías y pudieran avanzar en los marcos regulatorios previstos en la Estrategia Nacional de IA.
Aun así, un año después, los representantes continúan sin contar con protocolos básicos de manejo de datos ni con instancias de alfabetización tecnológica suficientes.
El desafío de la alfabetización digital
La Estrategia Nacional de IA plantea entre sus principios rectores el “fortalecimiento de la democracia” a través de la alfabetización digital de la población y de los propios funcionarios públicos. El objetivo es que las personas puedan comprender cómo funcionan los algoritmos, qué sesgos pueden introducir y cómo se utiliza la IA en la moderación de contenidos.
Ese proceso, sin embargo, choca con una realidad marcada por la competencia feroz entre gigantes tecnológicos, como OpenAI, Meta y Google, que buscan captar más datos para entrenar sus modelos. En ese contexto global, Uruguay avanza lentamente y el Parlamento todavía se encuentra en etapas iniciales de preparación institucional. Hace tres semanas, representantes de Google se reunieron con el gobierno y con legisladores, y manifestaron su disposición a colaborar con el Legislativo. “Junto con la vicepresidenta de la República (Carolina Cosse) hicimos el planteo a Google en cuanto a hacer alfabetización digital de punta en el Parlamento”, informó el diputado nacionalista Rodrigo Goñi durante la Comisión Especial de Futuros del 27 de agosto.
Diputados-Comision-IA
Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes.
Diputados
Parlamento pide reglas y recursos para IA
Mientras el Parlamento reconoce no contar con protocolos ni capacitaciones básicas sobre IA, el tema se instaló en el debate presupuestal. El diputado colorado Gabriel Gurméndez advirtió este miércoles 24, en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, que la irrupción de esta tecnología “impacta en todas las organizaciones y en todas las entidades, particularmente en las gubernamentales”, y cuestionó que el Presupuesto Nacional 2025-2029 no contemple con “claridad” su incorporación en la gestión pública. “Cinco años es una cantidad de tiempo en la que puede haber cambios enormes con esta incorporación. Me gustaría entender de qué manera vamos a integrar esta tecnología en los procesos administrativos y cómo vamos a preparar a los funcionarios para ese desafío”, afirmó.
En la misma línea, Goñi insistió en la “urgencia” de una regulación “para desarrollar de la mejor manera posible la IA en todas las áreas”, y en particular en el Estado. “Se lo hemos pedido al director de Agesic las veces que lo hemos convocado”, agregó, en referencia al papel del organismo en la supervisión de la estrategia estatal de IA. Según Goñi, la reciente firma del acuerdo marco con el Consejo de Europa trae consigo “una cantidad de deberes” que Uruguay debe “cumplir”. Además, subrayó que será indispensable contar con recursos adecuados, no solo para cumplir con las obligaciones derivadas del acuerdo internacional, sino también para potenciar el uso de sistemas de IA en todas las áreas del Estado. “Es donde debemos dar el ejemplo”, enfatizó.
Desde el Ejecutivo, el director de Agesic, Daniel Mordecki, aseguró que “prácticamente todos los organismos del Estado están destinando recursos para invertir” en IA y anunció que se está elaborando una “hoja de ruta” con proyectos de infraestructura y coordinación interinstitucional. “Esto no termina hoy, recién empieza, y en el futuro lo iremos ajustando”, afirmó.
Con este contexto, la Comisión Especial de Futuros celebrará el lunes 29 el Día del Futuro, una actividad que este año pondrá el foco en la educación para las nuevas generaciones. La agenda incluirá un informe sobre los logros y pendientes de la legislatura anterior de la comisión, seguido de un espacio de discusión sobre formación y tecnología con legisladores y referentes en educación.
