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Con el objetivo de promover el desarrollo y el uso “ético” de la inteligencia artificial (IA) en el sector público y en el privado, el gobierno aprobó su estrategia nacional. El plan, elaborado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) con la participación de más de 300 actores de diversos sectores, busca utilizar esta tecnología “como herramienta para el desarrollo sostenible” y el “crecimiento económico inclusivo” en Uruguay.
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La vigencia de esta iniciativa abarca el período 2024-2030 y prevé una revisión de medio término “para asegurar su adaptación a los rápidos avances” de esta tecnología, señala el texto.
A pesar de disponer desde mayo de 2019 de una “hoja de ruta en ciencia de datos y aprendizaje automático”, Uruguay aún no había establecido una estrategia específica en inteligencia artificial, un proyecto en el que la Agesic trabaja desde 2020. En la Rendición de Cuentas del año pasado, el gobierno asignó oficialmente esta responsabilidad a la agencia gubernamental.
Desarrollo y uso ético de la inteligencia artificial
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial liderada por Agesic recibió el respaldo técnico del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y de la Unesco y fue aprobada por el Comité Estratégico del Sector Público para la Inteligencia Artificial y Datos el 21 de noviembre. El documento establece tres ejes temáticos principales: gobernanza, capacidades para la IA y desarrollo sostenible.
El eje de gobernanza sugiere la creación de un marco institucional “que garantice el desarrollo y el uso ético, responsable y seguro” de esta tecnología, marcos regulatorios “claros” y procesos “eficientes” que “promuevan la transparencia, la seguridad, la inclusión y la seguridad jurídica”. Se propone la creación de un modelo de gobernanza que incluya mecanismos de articulación y “participación permanentes” para “integrar a múltiples actores y sectores” y ”mecanismos de seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas”.
La estrategia plantea marcos regulatorios “basados en un enfoque de riesgo” que promuevan “la transparencia, la seguridad y la seguridad jurídica” en el ámbito de la IA. “Estos marcos deben garantizar la transparencia y el respeto por los derechos humanos, incluyendo la privacidad y la protección de datos personales, así como la democracia y el Estado de derecho a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida de los sistemas de IA”, dice el documento.
Un elemento destacado en la estrategia es el énfasis en los principios éticos. De hecho, establece nueve principios rectores para el desarrollo y la aplicación de esta tecnología: IA para el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible; fortalecimiento de la democracia; respeto por la dignidad y los derechos humanos; equidad y no discriminación; protección y privacidad de los datos personales; transparencia y explicabilidad sobre cómo toma decisiones o llega a conclusiones; responsabilidad y rendición de cuentas; fiabilidad y seguridad; e innovación responsable y segura.
Para “promover la transparencia” en el uso de la IA por parte del gobierno y “convertirlo en un centro de recursos para la gestión del conocimiento” de esta tecnología, la estrategia propone fortalecer el Observatorio de IA en el Estado, creado el pasado mes de setiembre.
También se sugiere la implementación de modelos de auditoría para “supervisar la adopción de estándares” y “garantizar la calidad de los sistemas de IA”, tanto en el sector público como en el privado. “Esta nueva Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial constituye la piedra angular para el despliegue de una política pública de IA que involucre al sector público, al sector privado y a todas las partes interesadas, y que potencie el desarrollo sostenible de Uruguay en todas sus dimensiones”, afirma el documento.
Uno de los puntos destacados del texto aprobado es la creación de “mecanismos para monitorear” el impacto de la IA en el mercado laboral uruguayo.
Partiendo del reconocimiento de que la IA puede automatizar tareas y transformar roles laborales, la iniciativa propone “dotar a las personas de competencias y habilidades digitales” para adaptarse. El objetivo es asegurar la “vigencia laboral” de las personas y fomentar la creación de empleos en sectores emergentes para aprovechar la IA como una herramienta para la inclusión laboral. En esa línea, se plantea “diseñar e implementar” programas de formación y capacitación.
Según detalla el texto, un aspecto importante será “la identificación de brechas en la regulación” laboral, con el objetivo de “garantizar” los derechos de los trabajadores “frente al desarrollo y el uso de la IA”.
Por último, la estrategia se enfocará en “promover” el desarrollo y el uso de la IA para “facilitar la inclusión” de aquellos grupos “tradicionalmente excluidos” del mercado laboral, como las personas con discapacidad.
El plan también aborda la ciberseguridad como un componente significativo para “mitigar las amenazas” que plantea la IA y “fortalecer los mecanismos de respuesta con la ayuda” de esta tecnología. El documento se centra en la prevención de amenazas y el desarrollo de capacidades.
Entre los aspectos clave, se subraya la necesidad de crear “espacios especializados” en ciberseguridad para la IA que involucren a la academia, al sector público y al privado en la investigación y la formulación de respuestas efectivas a las amenazas. Además, se propone integrar la IA en el marco de ciberseguridad del país, actualizando políticas existentes para abordar riesgos en sectores como la salud y la seguridad nacional.
La estrategia también hace énfasis en la necesidad de potenciar la investigación y el desarrollo de pautas técnicas para diseñar sistemas de IA que sean fiables y seguros frente a “ataques”.
Al mismo tiempo, se plantea la necesidad de un “consenso nacional” para determinar las aplicaciones de IA “inaceptables” por su impacto en los derechos humanos, considerando posibles prohibiciones o moratorias. Se propone la creación de marcos regulatorios específicos para sectores como la salud, la educación, las finanzas, la seguridad, las industrias creativas, el medio ambiente y las neurotecnologías. Además, se reconoce la necesidad de abordar las brechas regulatorias en materia de propiedad intelectual y responsabilidad civil en el contexto de la IA.
El documento destaca el valor de los datos y la infraestructura como aspectos “fundamentales para construir un ecosistema robusto” para el desarrollo y el uso responsable de la IA. Se propone la creación “de conjuntos de datos para el entrenamiento de modelos de IA” que contemplen las características específicas de Uruguay, como su cultura, su organización política institucional y la diversidad de su composición social. “Mejorar la calidad de los datos disponibles” y “establecer lineamientos para reducir los sesgos y optimizar las aplicaciones de IA” son dos objetivos de la estrategia gubernamental.
En cuanto a infraestructura, la estrategia reconoce la necesidad de contar con una base tecnológica adecuada que fomente la innovación y mejore los servicios públicos. En particular, se alude a la importancia del acceso a redes de alta velocidad y capacidad de procesamiento para proyectos de IA.
Por último, se propone el diseño y la implementación de “un plan de infraestructura digital avanzada” que cumpla con estándares internacionales, así como el establecimiento de una “infraestructura centralizada” para la IA que integre “plataformas y soluciones” accesibles a todos los organismos del Estado.
El proceso de implementación y seguimiento de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial busca “asegurar el cumplimiento” de los objetivos planteados en el documento, así como “la transparencia y la rendición de cuentas sobre su ejecución”. Para eso, se creará una hoja de ruta que definirá plazos, instituciones responsables, metas específicas e indicadores de monitoreo.
