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El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, avanzó en su política antidrogas al firmar una orden ejecutiva que califica al fentanilo como “un arma de destrucción masiva”.
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Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 250.000 personas murieron entre 2021 y 2023 por sobredosis de opioides sintéticos, principalmente fentanilo.
Trump advirtió que “si esto fuera una guerra, sería una de las peores” y ofreció su propia estimación de víctimas: “Creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200.000 y 300.000 personas al año por fentanilo. Se habla de 100.000, que ya es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor”.
El anuncio se realizó durante un acto en la Casa Blanca para condecorar a militares por su trabajo en la frontera con México. Allí, el mandatario señaló que “no cabe duda de que los adversarios de EE.UU. están traficando fentanilo hacia el país, en parte porque quieren matar a estadounidenses”.
Trump destacó que en su segundo mandato se logró “una reducción del 50 % en la cantidad de fentanilo que cruza la frontera” y aseguró que China colabora “estrechamente” con EE.UU. para disminuir tanto el número como la cantidad de envíos de esta droga.
¿Qué permite esta orden ejecutiva?
Dentro de un conjunto más amplio de disposiciones, la orden instruye a varios secretarios del Gabinete estadounidense a reforzar la lucha contra el tráfico de fentanilo. En particular, establece que Pete Hegseth, “el secretario de Guerra, en consulta con la secretaria de Seguridad Nacional, actualizará todas las directivas relativas a la respuesta de las Fuerzas Armadas a incidentes químicos en el país para incluir la amenaza del fentanilo ilícito”.
Hegseth ha estado en el centro del debate en las últimas semanas debido a los polémicos bombardeos que él mismo coordinó sobre lo que Washington afirma que son lanchas dedicadas al tráfico de narcóticos desde Venezuela en el mar Caribe, una acusación que Caracas rechaza rotundamente.
La orden también faculta al Pentágono para apoyar a la policía y permite a las agencias de inteligencia desplegar contra los narcotraficantes herramientas que normalmente se reservan para combatir la proliferación de armas.
¿Cuáles son las implicaciones de esta medida?
Para Samuel González Ruiz, abogado y experto en seguridad y delincuencia organizada, se trata de un paso que “legitima la utilización de elementos de fuerza muy graves”.
En diálogo con France 24, el analista explicó que la firma de esta orden ejecutiva por parte de Trump forma parte de una retórica que justifica “acciones de fuerza al máximo nivel, que deben adoptarse precisamente a partir de una calificación que obliga a llevar a cabo medidas de prevención y de represión con el mayor uso de la fuerza”.
En ese sentido, agregó, “tiene que ver, obviamente, con una declaración de estatus, de retórica y de determinación de una realidad a partir de la cual el Ejército norteamericano y las fuerzas de policía van a estar obligados a actuar para cumplir con esta definición”.
Embed - Fentanilo, pilar de la guerra comercial de Donald Trump contra, China, México y Canadá
Otro paso en un camino ya delineado
La clasificación del fentanilo como “arma de destrucción masiva” se suma a una serie de medidas similares que Trump ha impulsado desde su regreso al poder, como la designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que ha abierto la puerta a acciones militares contra objetivos que la Casa Blanca señala como presuntos “narcotraficantes”.
Desde principios de septiembre, Washington ha realizado más de 20 ataques contra presuntas “narcolanchas” en aguas del Caribe y del Pacífico, con un saldo de más de 80 muertos. En la mayoría de los bombardeos, las pruebas presentadas por el Ejecutivo para respaldar sus acusaciones han sido mínimas.
Por ello, expertos sostienen que los ataques podrían ser ilegales, en parte por la falta de evidencias de que los barcos transportaran drogas o de que fuera necesario emplear fuerza letal en lugar de detenerlos.
Una encuesta de Reuters e Ipsos, publicada la semana pasada, revela que un amplio sector de estadounidenses se opone a la campaña militar letal en el Caribe, incluida cerca de una quinta parte de los republicanos que apoyan al presidente.
Una decisión en un contexto de presión
Trump ha amenazado en reiteradas ocasiones con ataques terrestres en Venezuela, Colombia y México para combatir el narcotráfico, una postura que refuerza su nueva hoja de ruta de política exterior, en la que asegura que la diplomacia estadounidense se centrará en reafirmar su dominio en el hemisferio occidental.
La clasificación anunciada también podría afectar la relación de EE.UU. con países como México, China o Canadá. México, gobernado por Claudia Sheinbaum, es la principal fuente de fentanilo ilícito que llega a suelo estadounidense, mientras que China produce muchos de los precursores químicos usados para fabricar el opioide.
En cuanto a Canadá, Trump ha acusado al país de permitir que “un gran número de personas ingresen y que entre fentanilo” a su territorio. Sin embargo, para agosto de este año, los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. mostraban que solo alrededor del 0,8 % de las incautaciones de fentanilo que ingresaron a EE.UU. se realizaron en la frontera canadiense.
Para el experto entrevistado por France 24, la medida tiene implicancias “mucho más importantes en relación con varios países”, y no solo con México o los ya mencionados, en parte por la legitimación de elementos de fuerza “muy graves”, como se ha señalado previamente.
