En la mañana del sábado 3 el comunicador venezolano Braulio Jatar, director de la web Reporte Confidencial, fue detenido en Isla Margarita después de que informara sobre un cacerolazo en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El hecho se produjo antes de que Jatar emitiera un programa radial en el que iba a informar acerca de las escaramuzas de ese día. Sin embargo, el lunes 5 “El Nacional” de Caracas publicó que las autoridades lo han acusado del delito de legitimación de capitales. Venezuela es uno de los países donde actualmente más se vulneran los derechos a la libertad de expresión y prensa.
En la tarde del viernes 2, Maduro visitó el estado de Nueva Esparta junto a integrantes de su gabinete e inauguró la obra de Barrio Nuevo y Barrio Tricolor en Villa Rosa. En la noche, el jefe de Estado y su comitiva se trasladaban en automóvil por las calles del populoso barrio margariteño cuando empezaron a congregarse en las aceras decenas de personas golpeando ollas. El mandatario descendió de su vehículo y comenzó a caminar con rapidez, mientras se aglomeraba más gente, hasta que lo único que separaba a Maduro de las personas que gritaban consignas contrarias al gobierno, era el cordón de seguridad.
Braulio Jatar hijo hizo declaraciones a VPI TV el mismo sábado que su padre fue apresado: “No nos han dado respuesta de ningún tipo, y nos hemos estado movilizando por los distintos lugares para ver si dan con el paradero. Nosotros queremos información, que nos digan dónde está y el motivo (de la privación de libertad)... Porque esto es un secuestro, lo retienen contra su voluntad, sin ningún tipo de citación u orden de aprensión, queremos que aparezca y que aparezca sano”.
Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano, informó que con Jatar los presos políticos en Venezuela suman ahora 93, y agregó que el lugar de reclusión del comunicador es una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de la que no se ofrecieron detalles.
Jatar, abogado nacido en Chile, que ha tenido actividad política en la oposición venezolana, había informado en Reporte Confidencial sobre el cacerolazo de los manifestantes en contra del presidente Maduro. La familia de Jatar afirma que este es el verdadero motivo de la privación de libertad, y no la acusación de legitimación de capitales que aducen las autoridades.
El lunes 5 la hermana del periodista, Ana Jatar, publicó en su cuenta de Twitter que las autoridades venezolanas no le están suministrando los medicamentos para atender su hipertensión. “Hago responsable a Nicolás Maduro de la vida de mi hermano, quien sufre de hipertensión crónica”, escribió la mujer en Twitter.
Reacción chilena.
Entre quienes se manifestaron en contra de esta privación de libertad hay un grupo de políticos chilenos que en la mañana del lunes 5 exigió mediante un comunicado la liberación inmediata de Jatar, según informó “La Tercera”. El documento fue entregado en la Embajada de Venezuela en Chile.
“Solicitamos que el presidente Maduro y el gobierno de Venezuela dispongan la inmediata libertad de Braulio Jatar y garanticen su salud y seguridad de modo coherente con la legislación internacional sobre derechos humanos y los principios comunes de libertad, dignidad y democracia, que inspiran a todos los ciudadanos de América Latina”, señala la misiva firmada por Sergio Bitar, Mariana Aylwin, Jorge Burgos, María de los Ángeles Fernández, Juan Carlos Latorre, Juan Pablo Letelier, Marco Antonio Núñez, Álex Olivares y Andrés Velasco. Luego de leer la declaración, Bitar dijo: “Estoy seguro de que el 99% de los chilenos tienen la misma posición. Un gran grupo de los firmantes hemos sido exiliados durante la dictadura de Augusto Pinochet y Venezuela nos acogió con su democracia. Queremos agradecer esa democracia defendiendo los mismos derechos que los venezolanos nos ayudaron a defender”.
El ex ministro Andrés Velasco dijo que la familia del periodista detenido está preocupada. “Ellos saben que las personas que han corrido la misma suerte han sido golpeadas y abusadas. Es totalmente inaceptable que a una persona se la detenga por sus ideas políticas o por informar”, puntualizó.
Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), el diputado Issa Kort también llamó a liberar a Jatar de manera inmediata. “El mundo entero sabe que el gobierno venezolano no da ningún tipo de garantías de respeto a los derechos humanos, y menos a la democracia”.
“Llama profundamente la atención el silencio de la izquierda chilena. Acá debemos ser consecuentes y tener una sola voz por la defensa de los derechos humanos. (...) Siempre lo hemos dicho y hoy más que nunca insistimos en que Venezuela debe respetar los derechos humanos, por lo que respaldamos las acciones que ha liderado la Cancillería para buscar la libertad de nuestro compatriota”, añadió Kort. “En este momento es necesario aunar esfuerzos y hacer un llamado a todas las fuerzas políticas para tener una sola posición frente a este tipo de casos, que resultan absolutamente repudiables”, subrayó el diputado.
El gobierno chileno comunicó su preocupación. “Nuestro Consulado y nuestra Embajada están haciendo gestiones, así que quedamos a la espera de novedades”, dijo Heraldo Muñoz, ministro de Relaciones Exteriores del país andino.
El derecho a protesta.
Dos días antes de la detención de Jatar, el jueves 1°, la agencia EFE había informado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció las restricciones a los derechos en Venezuela en el marco de una marcha opositora. El periodista y abogado Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la CIDH, dijo que el gobierno venezolano restringe el derecho a la protesta y a la información. “Estamos siguiendo con enorme preocupación los acontecimientos”, aseguró.
El miércoles 31 de agosto, antes de la protesta opositora para pedir una fecha de referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, se conocieron casos de periodistas de medios como Caracol Radio de Colombia, “Le Monde” de Francia y NPR de Estados Unidos, a quienes se les impidió la entrada a Venezuela para cubrir esa manifestación.
“Nos preocupa también cómo será el flujo informativo de Internet, porque en una manifestación es clave el acceso a información en línea y en otras ocasiones hubo restricciones y también represión de la actividad en las redes sociales”, señaló Lanza.
Otra “gran preocupación” de la relatoría es “el decreto (del gobierno venezolano) que puso el control de las manifestaciones en el Ejército y por tanto se militarizó. Los militares no están preparados para cumplir con los protocolos de una actividad civil y pacífica y esto ya pasó en 2014”, cuando las protestas dejaron numerosos muertos, heridos y detenidos, recordó. “Los periodistas cumplen un rol fundamental como observadores de cómo se comportan tanto las fuerzas de seguridad como los manifestantes”, explicó el relator.
Lanza encontró un “patrón” de prácticas recurrentes en los últimos meses y especialmente en los días previos a la protesta opositora, consistentes en “formas de censura como fallos del Supremo ordenando que no se publiquen, por ejemplo, hechos de violencia criminal u otra serie de informaciones que no son agradables, pero que la gente tiene derecho a conocer en una sociedad democrática. O la advertencia del órgano regulador de medios sobre cómo se tienen que hacer las coberturas o los ataques contra ‘El Nacional’ en los días previos a la marcha y los impedimentos a los manifestantes”.
“También es restringir el derecho de protesta lo que han hecho de no dejar que la gente se manifieste en determinados lugares. Se debe garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente y también en el lugar simbólico que se elige”, agregó.
Para el relator hubiera sido útil que la CIDH o la Organización de Estados Americanos (OEA) enviara alguna fórmula de observación de la marcha. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, hizo el ofrecimiento que fue rechazado, como los precedentes de la última década. “La idea del secretario general era muy interesante y novedosa: que pudiéramos articular una observación internacional de la propia CIDH. Esta labor en otros países la realizan los defensores del pueblo o los institutos de derechos humanos, como en Chile, donde ya hay un acompañamiento por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos”, describió el relator.
Aunque la situación “polarizada” de Venezuela, con el gobierno y la oposición enfrentados frontalmente, merece “que se le preste mucha atención”, Lanza advirtió que existen restricciones a estos derechos en otros países de la región. “Estos derechos son vitales para la democracia y los gobiernos de la región no deben verlos como una amenaza, sino como una demanda de amplios sectores de la sociedad”, apuntó. “Vemos un problema grave en el manejo de estas situaciones. Muertos en las manifestaciones de mineros en Bolivia, el asesinato allí de un viceministro, el caso de la represión de las protestas en Brasil. Esto se está convirtiendo en una situación muy preocupante”, concluyó Lanza.
Periodismo
2016-09-08T00:00:00
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