En Venezuela “está en juego” la libertad de expresión, por el “hostigamiento” del gobierno, opinó relator especial de la OEA

Lanza, que ocupa su cargo desde octubre de 2014, ya recorrió 18 países. En todos encontró algo para mejorar, pero considera que “la situación más compleja” es la venezolana. Agresiones a periodistas, servicios de vigilancia asediando a directores de medios, más papel para los medios afines, falta de renovación de las frecuencias, medios comprados por desconocidos, páginas diagramadas con artículos críticos al gobierno que son levantadas y sustituidas por avisos son algunos de los hechos que constató en Venezuela.

— En el último año hemos tenidos tres audiencias y constatamos que hay una serie de disposiciones legales y prácticas del Estado y el aparato judicial que desalientan las expresiones de posiciones críticas del periodismo independiente y la publicación de información crítica. En los medios, las redes sociales y en otras formas de ejercicio de la libertad de expresión, como las protestas, hay un continuado uso del derecho penal, el principal poder coercitivo del Estado, para sancionar y reprimir visiones críticas que molestan a las altas autoridades del gobierno. Por ejemplo, el propio caso de Leopoldo López que está preso por llamar a manifestar en un momento que el Estado consideró que no era oportuno.

Hay tres o cuatro medios que quedan con una línea editorial crítica al gobierno, que por el hecho de publicar información, por ejemplo, que el presidente de la Asamblea Nacional está siendo investigado por vínculos con el narcotráfico, se les abrió inmediatamente varios juicios penales, civiles, se les embargaron bienes. A sus directivos se les prohibió la salida del país.

— Ante estos hechos, ¿puede considerarse que hay libertad de expresión?

— No se puede ser categórico ni para un lado ni para el otro. Sí hay una acumulación de obstáculos y de prácticas destinadas a impedir que florezca la libertad de expresión sin ningún tipo de sanción. Días atrás, el gobierno incautó la infraestructura de un medio de comunicación en Táchira. En 2006 no se renueva la licencia a RCTV y se le incautan todos los bienes por una discrepancia con la línea editorial del canal. Allí la Corte entendió que se trataba de una forma de discriminación de forma política que atenta contra los derechos de las personas y la democracia. Hay control en la venta de papel y los medios más afines al gobierno tienen acceso y los que no, viven restricciones mayores. No se hace la renovación de frecuencias. Y hay medios que fueron comprados por personas desconocidas que cambiaron la línea editorial y despidieron a valiosos periodistas. En la última audiencia el sindicato de periodistas mostró ejemplo de páginas diagramadas, prontas para salir, que ante una llamada de autoridades públicas, se sacaron los artículos y colocaron avisos publicitarios, lo que no es otra cosa que censura indirecta.

Por otro lado, hay una falta de garantías judiciales para acceder a información pública básica. No digo la sofisticación que discutimos en otros países, digo datos sobre salud o inflación que ni el Estado ni la Justicia dan a quienes la solicitan. La vigilancia que ejercen los servicios de inteligencia a los periodistas acusándolos públicamente de vende patrias o terroristas. Todo este conjunto de hechos es lo que lleva a concluir que el espacio para la libertad de expresión es cada vez más reducido. Son violaciones abiertas a la libertad de expresión.

— El 6 de diciembre habrá elecciones legislativas, ¿Qué se puede esperar para a futuro?

— Cuando hacemos observaciones no son por valoraciones ideológicas sino porque está en juego la libertad de expresión y esa es esencial para que haya democracia. Más aún en un período electoral, porque el ciudadano debe tomar una decisión con información y los Estados deben garantizarla. Por eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó una medida cautelar indicándole al Estado venezolano que está en juego la libertad de expresión de muchos medios y periodistas por el hostigamiento por diversas vías: judicial, amenazas y por la vigilancia.

Otro punto que nos preocupa es que más de 20 municipios en la frontera con Colombia están bajo estado de sitio y han suspendido la posibilidad de hacer manifestaciones públicas.

— ¿Ve intenciones de cambio en el gobierno de Nicolás Maduro?

— En el último período la comisión, a raíz la delicada situación de los presos políticos como Leopoldo López, convocó a varias audiencias y el gobierno concurrió con una delegación importante. Es decir, más allá de las declaraciones rimbombantes, el gobierno ha dado señales de prestar atención a nuestras recomendaciones. Esperamos que no se quede aquí.

— ¿A nivel regional la situación más compleja es la venezolana?

— Sí, es muy compleja por la situación polarizada que hay y la complejidad del diálogo con el gobierno. Y vale aclarar que la Relatoría no tiene un filtro político ideológico sino que es exclusivamente técnico. Hemos visitado 18 países, de todo tipo de ideología y tendencia política, y dictamos medidas cautelares en países tan diversos como México, Colombia, Perú, Guatemala, Honduras. Por lo tanto, no hay ningún tipo de sesgo.

Hay otros países en situaciones complejas, pero por diversas razones. México y Guatemala por la violencia contra periodistas, también ocurre en Brasil, donde acaban de asesinar al quinto periodista este año. En México llevamos más de 60 periodistas asesinados en cinco años, también en Guatemala, en Honduras donde el gobierno enjuicia a periodistas críticos. Y el caso de Ecuador en donde el principal problema es la aplicación de una Ley de Comunicación que dispone sanciones desmesuradas por figuras que no respetan el derecho internacional, como el derecho a réplica que anula la libertad de expresión en vez de solo contrastarla. También hay una preocupación grande por la vigilancia masiva que hacen diversos gobiernos en la región.

— Uruguay recientemente comenzó a utilizar su sistema de vigilancia “El Guardián”

— Sí, también Colombia, México, Honduras y otra serie de países que adoptan estos sistemas y preocupa, porque trae riesgos para los periodistas. Cuando un gobierno adquiere una tecnología de este tipo la ciudadanía tiene el derecho de saber cómo opera, qué controla, quién lo controla, cómo se recogen los datos. Todo eso en muchos países no está claro.

— Organizaciones civiles solicitaron esa información, pero la Justicia la negó

— No estamos viviendo en dictadura, la gente tiene derechos porque vivimos en democracia. Por un acto de censura se puede limitar la libertad de expresión, pero también por un acto de vigilancia que no permita desarrollar libremente el trabajo de los periodistas y diferentes actores públicos.

— El primer monitoreo de amenazas a la libertad de expresión en Uruguay constató 37 agresiones a periodistas por desempeñar su labor

— Son agresiones de una intensidad más leve que la registrada en otros países de la región, pero indican que hay riesgo para los periodistas que investigan. En Uruguay no tenemos más agresiones porque hay efectos inhibitorios a la hora de investigar temas escabrosos. Un periodista que investigó internas en la barra brava de Peñarol fue rápidamente amenazado y allí tenemos un debe en generar un sistema de protección a nivel del Estado para los periodistas, porque cumplen una función social importantísima. Si no se lo protege, lo que hay es un mecanismo de censura indirecta, porque no podrá seguir investigando. Me llama la atención que hayan 37 casos de agresiones y no haya ninguna sanción.