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Hasta hace pocos meses, la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela ocupó las portadas de los diarios, espacios importantes en los noticieros de radio y televisión, y notas especiales con enviados al país para cubrir las grandes manifestaciones y masacres de los civiles que ejercían su derecho a la protesta. La dictadura mató a decenas de venezolanos y, evidentemente, se ha instalado firmemente en el país, con el apoyo decisivo del corrupto estamento militar. Se trata, como en Uruguay desde 1973, de una dictadura cívico-militar.
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¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Por qué han desaparecido del espacio público las denuncias sobre los crímenes de lesa humanidad que continúa cometiendo el régimen del payaso Maduro? ¿Será porque los periodistas y la gente hemos resuelto que ya no existe una posibilidad democrática en Venezuela y asumimos la situación como la de cualquier dictadura, de la que no se puede esperar nada salvo que caiga algún día?
Human Rights Watch (HRW), una de las organizaciones no gubernamentales dedicada a defender los derechos humanos en el mundo, no ha olvidado el tema. La semana pasada hizo público un informe terrorífico sobre cómo ha evolucionado la situación venezolana y lo entregó al secretario general de la OEA, el uruguayo y excanciller de José Mujica, Luis Almagro.
Recordemos: en abril de 2017, cientos de miles de personas habían salido a las calles para enfrentar un intento del Tribunal Supremo de Justicia que responde directamente al Poder Ejecutivo para tomar el control del Poder Legislativo. Los manifestantes fueron reprimidos con violencia y brutalidad por las fuerzas de seguridad y pandillas armadas partidarias del gobierno (llamadas “colectivos” en Venezuela). Hubo decenas de muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, procesados luego por tribunales militares.
La investigación de HRW comprobó graves violaciones de los derechos humanos hasta setiembre de este año en Caracas, Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Barinas, Bolívar, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia.
“Los abusos no constituyeron casos aislados, ni fueron el resultado de excesos por parte de miembros insubordinados de las fuerzas de seguridad. Por el contrario, el hecho de que estos abusos generalizados hayan sido cometidos reiteradamente por miembros de distintas fuerzas de seguridad y en múltiples lugares en 13 estados y la capital, avala la conclusión de que los abusos han formado parte de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas”, dice HRW.
El documento describe torturas y otros actos de violencia brutal contra personas que se encontraban bajo custodia y control de las fuerzas de seguridad, así como actos de violencia desproporcionada y abusos deliberados contra personas durante protestas, en las calles o incluso en sus propias viviendas.
Es escalofriante cómo tortura la dictadura de Maduro y de las “Fuerzas Conjuntas”. Sistemáticamente, los detenidos son sometidos a abusos físicos y psicológicos, con el propósito de castigarlos u obligarlos a incriminarse o comprometer a otras personas. La mayoría de estos abusos ocurrieron en bases de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) o en sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Entre los abusos sufridos por personas detenidas se incluyen: descargas eléctricas, golpizas brutales, colgar a los individuos en posiciones incómodas y forzadas, privación del sueño, asfixia y abuso sexual, que en algunos casos incluyó violación. También, detonación de cartuchos de gases lacrimógenos en espacios cerrados donde hay personas detenidas, mantener a grupos de presos por períodos prolongados en celdas de confinamiento minúsculas, negarles acceso a alimentos o agua, y obligarlos a comer pastas crudas mezcladas con excrementos u otros alimentos contaminados deliberadamente con cenizas de cigarrillos o insectos.
El gobierno debería expulsar al embajador “bolivariano” por complicidad con esta basura. Y al Frente Amplio habrá que pasarle la factura hasta el día del juicio final por haber avalado y seguir avalando esta vergüenza.
