En la Unidad Nº 5 del Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicada en el barrio Colón, hay 714 mujeres privadas de libertad, según cifras actualizadas al lunes 30 de octubre, en una edificación de tres pisos con espacio para 446 personas. El hacinamiento alcanza el 160%, en promedio, y es considerado “crítico” por superar el límite de 120%. En algunos sectores problemáticos, incluso, era de 300% y 400% al menos hasta dos meses atrás, cuando cuatro funcionarios del Ministerio del Interior presentaron un recurso de habeas corpus, para bajar la sobrepoblación carcelaria, reclamar al Estado que dejen de ingresar reclusas a ese centro, que se contraten funcionarios y se mejore la infraestructura eléctrica y sanitaria.
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A dos meses del primer pronunciamiento judicial del 4 de setiembre de 2023 por el estado crítico de la cárcel de mujeres, que ordenó al Estado a tomar acciones, no hubo cambios sustanciales en el centro de reclusión, según indicaron a Búsqueda diversas fuentes consultadas, entre las que hay defensores públicos, operadores penitenciarios y otros actores del sistema.
Una de las primeras medidas que se tomaron fue realizar traslados de reclusas entre sectores, con el objetivo de reducir el hacinamiento en los espacios más críticos. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, dijo en su comparecencia en el Parlamento en la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria el pasado 12 de octubre de 2023, según consta en la versión taquigráfica, que fueron “realojos consensuados”.
Sin embargo, los cambios redujeron la superpoblación del sector donde están alojadas las mujeres primarias en el primer piso, pero congestionaron dos: el “segundo oeste” y el “tercero Polo Industrial”, según dijo una de las fuentes. En cada uno de esos sectores, que tienen una capacidad cercana a 50 plazas, hay unas 90 mujeres privadas de libertad.
Comando femenino
En primera instancia, la Justicia aceptó el habeas corpus colectivo impulsado por los cuatro funcionarios de forma parcial, quedó al margen el reclamo de impedir nuevos ingresos de reclusas y de funcionarios. El Ministerio del Interior apeló la decisión, porque señaló que escondía una reivindicación laboral de los funcionarios, pero un mes después, el 9 de octubre, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º turno rechazó el recurso, confirmó la sentencia del juez Matías Porciúncula y dio un plazo de 210 días para cumplir con los cambios.
En ese contexto y en el marco del relevo del director del Comcar, Carlos Taroco, las autoridades resolvieron varios cambios en las direcciones de centros penitenciarios. “Tiene que ver con el agotamiento”, dijo Mendoza.
A mediados de octubre, el hasta entonces director de la Unidad Nº 5, Alejandro Chaves, sustituyó a Taroco y asumió como directora de la cárcel de mujeres la comisaria Marcela Urán, quien fue ayudante de Mendoza. El director del INR la definió como una “persona excelente”, “joven” y que “tiene la rehabilitación como punto focal”. Urán fue designada junto con un comando femenino. También son mujeres la subdirectora y la jefa de reclusión.
En sus primeras semanas al frente de la cárcel de mujeres, hubo “bastante impulso” y “señales” orientadas a mejorar la situación de la cárcel, plantearon dos fuentes consultadas. Según relataron, realizaron recorridos por los sectores para identificar situaciones problemáticas y plantearon “ideas” para contar con espacios de recreación en el quinto nivel, donde las reclusas —en su mayoría con problemas de salud mental severos— permanecen en aislamiento.
Cárcel nueva
La construcción donde está alojada la cárcel de mujeres fue inicialmente una estructura planificada para un hospital y no un centro penitenciario. Sus grandes dimensiones se presentan como un problema para la atención de las reclusas, por la falta de funcionarios suficientes. Las privadas de libertad en el quinto nivel deben gritar para llamar la atención de operadores, mover las rejas y en casos de urgencias quemar colchones. A su vez, se generan demoras para los traslados de las celdas, cuando deben estudiar o trabajar.
El director del INR, Luis Mendoza, reconoció que la distancia, las rampas pensadas para camillas y los “laberintos” hacen “imposible el control”, por lo que es “fundamental” una ampliación. “En esta cárcel es imposible trabajar en temas de seguridad porque se necesita mucha gente y el personal pierde el control. Lo primero que decimos es que esta cárcel, como está hoy, es imposible de gestionar”, aseguró.
Cuando se conoció la sentencia que hizo lugar al habeas corpus, el ministro Luis Alberto Heber aseguró en rueda de prensa que el gobierno está comprometido a impulsar la construcción de una nueva cárcel femenina, en medio de una tendencia de aumento de esta población carcelaria, principalmente por delitos de estupefacientes. Cuando el gobierno asumió el 2 de marzo de 2020, había 365 mujeres privadas de libertad en la Unidad N° 5, la mitad de la cantidad actual. En total, son cerca de 1.130 en todo el país y representan el 7% del total de la población carcelaria.
El nuevo centro penitenciario, que será un proyecto de participación público-privada, estará en Punta de Rieles, en el predio lindero a la cárcel masculina. Tendrá una capacidad para alojar 846 plazas: 750 para reclusas con diferentes penas y 66 para preegreso, en 88 celdas individuales (que actualmente no existen, aunque se necesitan por problemáticas de seguridad), 60 celdas para tres personas y 460 de cinco.
El inicio de la construcción de la cárcel femenina está prevista para el 1° de junio de 2024 y demoraría 21 meses, según informó en la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario el subdirector administrativo del INR, el comisario general Gustavo de los Santos, que trabajó en la planificación. Es decir que de cumplirse los plazos, quedaría operativa recién en febrero de 2026.
Sin embargo, todavía falta la aprobación definitiva de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que realizó observaciones de algunos detalles de la obra, que fueron contestadas a mediados de octubre por el Ministerio del Interior.
“Mientras tanto, tenemos que darles soluciones”, sostuvo Mendoza al informar a los legisladores de un aumento importante de personal, que se concretará dentro de seis meses. La falta de recursos humanos es otro de los puntos en los que la Justicia intimó a la cartera a adoptar acciones.
En ese sentido, el jerarca dijo que hay 91 operadores en el Centro de Formación Penitenciaria, que tienen como fecha tentativa de egreso el 15 de febrero de 2024, y adelantó que una “cantidad importante” se destinará a la Unidad N° 5.
En la sentencia, el Tribunal de Apelaciones planteó que si bien es sabida “la escasez de recursos humanos y materiales de la administración carcelaria”, las “medidas que se le impone a cumplir son mínimas”. En el texto se “aboga” por la aprobación del proyecto de la nueva cárcel de manera “célere”, ya que es esa la “solución superadora” de “los problemas de hacinamiento”.
Más habeas corpus
La oficina del Comisionado Parlamentario Carcelario, liderada por Juan Miguel Petit, ya recurrió a la presentación de habeas corpus en otras instancias. Lo hizo, por ejemplo, para acelerar soluciones en la cárcel de Canelones. El viernes 12 de mayo de 2023, la jueza de Ejecución de 2º turno de Canelones intimó al Ministerio del Interior a cumplir un plan de mejoras reclamado por la oficina, con el objetivo de superar las malas condiciones de habitabilidad y convivencia. Entre las medidas lo obligaba a garantizar la salida diaria al patio exterior de reclusos de uno de los módulos, a cerrar varias celdas que se encontraban en malas condiciones, realizar refacciones y entregar camas, frazadas y colchones.
El caso más reciente fue el de una joven de 19 años con problemas de salud mental que se encontraba privada de libertad en la Unidad Nº 5, por una rapiña en grado de tentativa y un delito de lesiones personales. En ese caso, la Justicia determinó que no recibía la atención mínima necesaria y ordenó a la Administración de Servicios de Salud del Estado que la internara en un centro hospitalario, como había solicitado el Comisionado Parlamentario Carcelario.
Según dijo Petit a Búsqueda, el pronunciamiento judicial fue “un paso importante”, y consideró que el habeas corpus es una herramienta que “está sobre la mesa” y seguirán aplicando, en la medida que el Estado incumpla con las condiciones mínimas de reclusión establecidas en la normativa, así como con convenios internacionales ratificados por Uruguay.
Sobre la falta de recursos para la salud mental, el director del INR señaló en el Parlamento que están “esperando el presupuesto” y que esperan que “se considere” a los privados de libertad. “Eso es lo que estamos pidiendo: que en ese presupuesto estén considerados los privados de libertad, que son parte de la población del Uruguay”, reafirmó.
