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    martes 18 de junio de 2024

    Petit propone la autonomía del INR y un “sistema de grados” en las cárceles

    Hay que “empezar a entender que la cárcel es una sanción especial, particularmente dura, y que no tiene sentido para una persona que cometió un hurto de un celular o una recepción”, opinó el comisionado parlamentario penitenciario; “tenemos que pensar en un sistema de ir a dos personas con medidas alternativas por cada privado de libertad”, agregó

    Los ocho años como comisionado parlamentario penitenciario llevaron al asesor del Parlamento en asuntos carcelarios, Juan Miguel Petit, a concluir que en Uruguay existe una institucionalidad “totalmente desfasada de la realidad”, que “quedó chica” frente a un crecimiento sostenido de la población privada de libertad, que la llevó al colapso.

    A principios de agosto, se alcanzó un récord de 15.000 personas en prisión, mientras que en paralelo otras 8.000 cumplen la sanción penal con medidas alternativas al encierro. Según estimaciones, las cifras de reincidencia son alarmantes y alcanzan el 60%, una cantidad que triplica a la registrada por los países que trabajan mejor, como los europeos o los nórdicos, y Uruguay está “lejísimos” de cumplir con lo posible para revertirlo.

    Petit asegura que para evitar el “espiral descendente” que lleva a las personas a cometer delitos –y por tanto mejorar la seguridad pública– es necesario un cambio estructural, que incluya “planes individuales de trabajo” en los centros penitenciarios, con metas establecidas y un desarrollo de las medidas alternativas a la cárcel, porque en algunos casos la legislación es tan dura que puede ser comparable con “matar un mosquito con una bazuca”. A su vez, propone que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) deje de depender del Ministerio del Interior.

    Lo que sigue es un resumen de la entrevista que mantuvo con Búsqueda.

    —Desde hace décadas se habla de la problemática de la superpoblación carcelaria. En los últimos 20 años se triplicó la cantidad de presos, a pesar de que el número de habitantes en Uruguay se mantiene. Se está fallando. ¿Por qué?

    —Hay una enorme señal demográfica que nos dan los fríos números de la prisionización. Tenemos en el entorno de 15.000 privados de libertad, sumado a quienes tienen medidas alternativas, que en esos casos hay menos de uno por cada privado de libertad. En lugares donde se ha logrado bajar la reincidencia, mejorar la seguridad pública, la rehabilitación, tiende a haber por lo menos dos personas con medidas alternativas y uno con prisión. Ese dato, en un país donde tenemos una demografía que no crece, es una señal más de la gran vulnerabilidad que tenemos. Es la población que nace en condiciones de pobreza, que no logra superar esa vulnerabilidad, tampoco terminar el ciclo educativo, capacitarse, acceder a algunos trabajos, están excluidos socialmente y comienzan con estrategias de supervivencia, consumo de sustancias, pequeñas infracciones, medianas infracciones y son captados por la ilegalidad. Nos muestra que tenemos un enorme talón de Aquiles en eso que no hemos logrado resolver, que es terminar de integrar a esa población.

    —Es una cantidad grande de personas con medidas alternativas.

    —Sí, es una de las señales positivas y creo que ese es uno de los espacios por el cual puede ir la transformación. Lo que pasa es que para hacer una política primero tenés que tener una idea firme, compartida y consensuada, en una cultura que acepte eso. Y en Uruguay tenemos una cultura que todavía sigue viendo a la prisión como la medida que naturalmente sucede a la ocurrencia de un delito, pero en realidad hay una cantidad de delitos leves para los cuales la prisión es totalmente inadecuada, inapta, no solamente para rehabilitar a esa persona, sino para evitar que vuelva a delinquir. Ha habido un desarrollo en busca de otras alternativas, como los trabajos comunitarios. Y está el tema cultural, que es empezar a entender que la cárcel es una sanción especial, particularmente dura y que no tiene sentido para una persona que cometió un hurto de un celular o una receptación. ¿Cuál es la utilidad de que vaya seis meses a la cárcel? Se debe empezar a concebir el sistema con dos vías: por un lado con la privación de libertad, que debe ser prolongada o no según la gravedad del delito, pero por otro entender que hay situaciones para las cuales la cárcel no tiene respuesta, y es peor, porque va a agravar a esa persona, la van a utilizar, cooptar para el delito, manipular. Va a salir destruida, lesionada, sus hijos se van a criar con el mundo del revés, donde se plantea que la autoridad, el poder, la Justicia, la Policía y el sistema político le arruinaron la vida a su familia. La cárcel tiene que transformarse, pero eso requiere acuerdos a largo plazo, y sobre todo programas y proyectos muy fuertes y consistentes, donde haya control.

    —¿Hay suficientes recursos para controlar el cumplimiento de las penas alternativas? Porque los actores del sistema plantean que no.

    —No, todavía no. Ese es el gran problema. Es como referirte a algo que puede ser una gran ayuda y una salvación, como un salvavidas, que lo ponés pero está agujereado y se hunde. Todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario requiere aparte de proyectos muy potentes. Se trata de una cirugía mayor en la cual se le va la vida al país. Si no atendemos ese núcleo duro de pobreza que tenemos, que se expresa en el delito pero es más amplio, va a ser muy difícil ser la Ginebra del Mercosur: un país reconocido por su institucionalidad, por su sistema político, por su ciudadanía y por qué no por su capacidad de construir ciudadanía a partir de las personas que están bajo una sanción penal.

    —¿Cuál sería el porcentaje ideal de personas privadas de libertad en relación con quienes cumplen medidas alternativas?

    —Tenemos que pensar en un sistema de ir a dos personas con medidas alternativas por cada privado de libertad. Hoy en día tenemos un porcentaje importante de personas que tienen penas de menos de un año, donde es muy difícil que una cárcel pueda rehabilitar.

    —¿Plantea que para esos casos es peor la cárcel que otras medidas?

    —El humanismo penitenciario trata de tener una visión global, y decir que la persona no es solo la fotografía del delito que cometió, tiene otras dimensiones: familia, amigos, allegados, habilidades, problemas y adversidades que pueden explicarlo, y hay un enorme caudal de espacio para mejorar la rehabilitación. Sé que es difícil, porque los países que trabajan muy, muy bien, tienen una reincidencia del entorno del 20%. Nosotros tenemos cerca del 60%. Si llegamos a tener 30%, estamos hablando de miles y miles de delitos menos, de traumas menos, de daños a las personas, de menos miedo, más seguridad. Entonces vale la pena. Y Uruguay no está haciendo lo posible, no es que hicimos los deberes y perdimos 2-0, porque estamos lejísimos de cumplir lo posible. Las carencias que tenemos en atención en salud mental, en tratamiento de adicciones, en cobertura de capacitación profesional, educativa, en condiciones de seguridad, en el uso de tecnologías. Hay muchas cosas donde estamos muy por debajo de lo que se puede hacer.

    —¿Por qué?

    —Es largo de explicar, quizás creció muy rápido la población penitenciaria, el salto que pegó a partir de los años 2000 en adelante, y no ha habido un acompañamiento institucional. Hay una institucionalidad que está totalmente desfasada con la realidad, que quedó chica, y por eso está colapsada.

    —Esta situación se agravó con legislación, como varios artículos incluidos en la LUC que se aprobaron a pesar de las advertencias de varios actores. Uno fue el que aumentó las penas para el microtráfico en entornos carcelarios y provocó que muchas mujeres en situaciones vulnerables terminen cuatro años presas. Hay propuestas de varios partidos a estudio del Parlamento para solucionar esta situación, pero no se alcanza un acuerdo. ¿A qué se debe?

    —Creo que hay una coincidencia en que es excesivo que tenga un mínimo de cuatro años de privación de libertad el ingreso de droga a cárcel, en pequeñas cantidades. No estamos muy lejos de que se pueda arreglar. He hablado con legisladores de todos los partidos y hay consenso en la preocupación. Espero que se pueda avanzar en eso este mismo año.

    —Semanas atrás presentó una iniciativa que reunió las propuestas que fueron promovidas por legisladores de diferentes partidos, para acelerar su aprobación.

    —Plantea la posibilidad de que el juez pueda tomar eso como un delito tentado de microtráfico y no tenga la pena del delito consumado, según las circunstancias del caso. No es lo mismo intentar ingresar una pequeña cantidad de droga que un cargamento. En algunos casos, la legislación es tan dura que puede ser similar a matar un mosquito con una bazuca. En este caso es muy evidente porque si bien no está bien llevar droga, está claro que no es lógico que tenga cuatro años de cárcel.

    —También propone medidas sustitutivas a la prisión frente a ciertas circunstancias de vulnerabilidad social. Para todos los delitos, no solo el microtráfico. ¿Por qué?

    —Se busca que el juez pueda disponer de las medidas alternativas cuando ya se tiene una sentencia de condena, porque la persona tiene una enfermedad, cuida a una persona de su familia o está en un estado de pobreza extrema. Hoy está previsto que se pueda aplazar, pero eso no lo resuelve, solo posterga la situación. Creemos que en situaciones especialísimas es necesario que se pueda sustituir por otras medidas, con todos los controles, como fijación de domicilio, presentación ante la autoridad, visita de la autoridad, tobilleras, realización de actividades, capacitación, e inclusive la posibilidad de poder trabajar. Por supuesto eso requiere de seguimiento y de los resortes fundamentales para que no sea una medida en la oscuridad. Es más trabajoso, requiere más recursos y más coordinación.

    —¿De alguna forma sería una válvula de escape para solucionar el problema mayor, que es la gran cantidad de presos?

    —Es una válvula de seguridad, que seguramente aplique a casos acotados. Eso habrá que verlo.

    —Los fiscales de estupefacientes criticaron la iniciativa, y plantearon que puede provocar una “avalancha” de pedidos de presos para salir de las cárceles. ¿Piensa que esto puede suceder?

    —Respeto mucho la opinión de los fiscales, pero me resulta difícil saber si eso va a suceder. No tengo ningún elemento para pensarlo, porque está planteado para situaciones excepcionales.

    —Hay una gran problemática con la reincidencia, porque seis de cada 10 vuelven a cometer delitos…

    —Muchas veces cuando la persona viene con una trayectoria de adversidades, con malas condiciones de crianza, alimentación inadecuada, convivencia con situaciones extremas como haber visto muertos, situaciones desgarradoras, todo eso parece que pasó, pero la imagen en el niño queda. Y ese niño después es un preadolescente que no puede terminar el liceo, termina en una situación de abandono, comete pequeñas infracciones, y es el espiral descendente que sabemos cómo termina. La reincidencia muestra que estamos mal, tenemos una reincidencia que no deberíamos tener, y explica la gran cantidad de población carcelaria.

    —Hay un 70% de las personas privadas de libertad que no participan de actividades educativas mientras están presas. ¿Por qué?

    —Es un signo de interrogación. Es parte de las cosas sobre las cuales trabajamos.

    —¿No quieren o faltan cupos?

    —Hay varias cosas. Hay muchas personas que llegan a la cárcel y no quieren trabajar o estudiar, por distintos motivos. A veces están tan deprimidas, entregadas, cascoteadas y tan dañadas que no quieren nada y se dejan caer.

    —¿Pero ni siquiera para redimir pena? 

    —Ni siquiera. Por eso el Estado tiene que insistir con propuestas atractivas. En España tienen una cosa que le llaman los módulos de respeto: las personas que quieren participar, firman un contrato y pasan a una situación de segundo grado, van avanzando en el sistema y en segundo grado firman para participar de un módulo de respeto donde hay más libertades, más posibilidades de circulación, de comunicación, en algunos casos vía celulares, más actividades recreativas, más apertura, más horario de patio, más autonomía y sobre todo postular para pasar a tercer grado. En esa área están los centros de integración social, que a veces están en frente de la cárcel, a 200 metros, que son centros donde van a dormir, mientras que el resto del día van a trabajar, a capacitarse, a una clínica para recibir tratamiento, a visitar a las familias, bajo monitoreo.

    —Como una residencia…

    —Exacto. Preparándose para salir de la cárcel o inclusive los que no van a entrar, porque tienen una medida alternativa, también allí cumplen una función parecida. Quizás nosotros uno de los problemas que tenemos en el sistema es esa dificultad de conocer quién es cada persona. En nuestro sistema las personas llegan y está colapsado. Eso que vemos en las películas, que el preso se entrevista con una autoridad, que le pregunta cómo se llama, le explica las reglas, los derechos y las obligaciones y se elabora un plan de trabajo, eso no existe.

    —¿Debería individualizarse más el sistema?

    —Claro. Al sistema le falta esa capacidad de tener planes individuales de trabajo, que se conozca quién es el recluso, si tiene familia o la perdió.

    —En una reunión con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, usted realizó varias propuestas, como la creación de una tarjeta para los liberados. ¿A qué apunta?

    —La presencia del Mides es una cosa muy positiva, que debe crecer y fortalecerse, con más recursos. Los datos extraoficiales del sistema penitenciario muestran que el 30% de la reincidencia ocurre en los primeros seis meses que la persona es liberada. Otro dato de la encuesta de población de calle es que muchas personas que están en situación de calle y vienen del sistema penitenciario no estaban en esa situación antes, por lo que hay un impacto desvinculador y excluyente con las personas que agrava la situación. Trabajar sobre ese impacto negativo implica trabajar pensando en el proyecto de salida. Que haya cursos de preegreso que rediman pena. En ese sentido, algún día tendremos que armar un sistema parecido al español, con grados, donde la persona pueda sentirse estimulada, que tenga un camino a recorrer, una meta, porque es lo que nos estimula a todos en la carrera educativa o laboral. No tener una, genera depresión.

    —Una de las grandes carencias tiene que ver con la atención en salud, salud mental y tratamiento de las adicciones. ¿Cree que debería crearse el hospital penitenciario del que tanto se ha hablado?

    —Creo que la atención en salud tiene que reforzarse en la cárcel. Se acaba de conformar un grupo de trabajo en el Ministerio de Salud Pública para estudiar lo específico del impacto de la privación de libertad sobre la salud. Hay un impacto por el hacinamiento, por la falta de intimidad, uno psicológico, también en el sistema inmunológico, en la depresión de las personas, en la capacidad de relacionamiento o hasta en la visión. Se necesita más presencia de salud, más horarios de policlínica, mayor seguimiento, y pienso que las soluciones van por ahí, por ese tipo de centros puntuales y no por un gran hospital penitenciario. Prefiero una buena atención primaria, una buena atención de las emergencias.

    —Ha habido dificultades para los traslados… 

    —Ese es un gran problema, a veces por falta de vehículos, pero últimamente por la falta de funcionarios policiales para la guardia, que han dificultado las coordinaciones de una manera desesperante. Por el número de personas que requieren especialidades, perfectamente se puede hacer en los hospitales generales sin mayores riesgos, teniendo circuitos, funcionarios preparados, mecanismos de mayor control con cámaras. Pensar en un hospital penitenciario donde vayan todas las personas privadas de libertad no es tampoco una buena señal.

    —Así como plantea que los reclusos tengan acceso a la tecnología como el resto de los ciudadanos, ¿cree que deberían poder acceder a la marihuana, de forma controlada y para consumo personal? El Frente Amplio presentó un proyecto en ese sentido. 

    —Pienso que es un tema para pensarlo, pero creo que hoy no estamos en condiciones de innovaciones, de un salto de ese tipo, por las condiciones que hay en el sistema. Hay mucha violencia a raíz de esas sustancias y pensaría mucho antes de empezar a agregarlas. En un sistema más sano se puede analizar, pero hoy me parece difícil de implementar. Igual hay que empezar a hacer la lista del supermercado, porque ojalá la situación cambie.

    —Sin embargo, da la sensación de que pasan los años y sigue igual. 

    —Me suelen decir eso, pero han cambiado cosas. Primero, hay un INR y el tema está mucho más presente en el debate de todos los actores políticos. Hay instituciones que antes estaban bastante lejanas al sistema y empiezan a ver que la política social tiene que entrar. Hay mayor preocupación, tenemos el nuevo Código del Proceso Penal, un mecanismo que permite avanzar con medidas humanitarias para casos excepcionales. Se ha avanzado mucho, a todo nivel, con medidas alternativas, se han creado plazas para trabajar en el hacinamiento. Sin embargo, el rival también juega.

    —¿Se refiere a que la violencia creció?

    —Claro. Es muy dinámico. Aumentó el delito, el narcotráfico, el microtráfico, que es el que arrasa con los jóvenes y las familias más pobres, que los sube a un ómnibus que parece ser la salvación y muchas veces termina siendo su destrucción, pero creo que nos está faltando un salto cualitativo. Tiene que haber una nueva institucionalidad, y de la mano un salto programático, que permita que todas las políticas sociales entren a la cárcel y tenga un programa ordenado de avance de las personas en ese proceso: desde que empiezan a cumplir su sanción penal hasta que salen.

    —¿Cree que tendría que crearse un organismo aparte que se encargue de nuclear toda esa institucionalidad?

    —Por lo pronto el INR tiene que tener autonomía, elaborar su presupuesto, gestionarlo y establecer sus necesidades en una especie de área secundaria en el Ministerio del Interior. Porque todos los ciudadanos le pedimos que no haya delitos, que persiga a los delincuentes, que los lleve ante la Justicia y que cuide el orden.

    —Es una prioridad.

    —Sí. La seguridad en la comunidad cumple un fin en sí mismo. Y el Ministerio del Interior está construido con ese concepto de la seguridad, pero en la cárcel es secundaria, porque la rehabilitación es el fin. Por eso el INR tiene que ser un instituto con voz fuerte, muy reconocido socialmente. Sus funcionarios merecen y necesitan un reconocimiento social, porque la tarea que realizan es muy importante y valiosa, que tiene que ser pagada acorde a eso, lo que requiere una reestructura organizacional. En segundo lugar, está el tema de la creación del Ministerio de Justicia, de lo que por suerte se está hablando mucho. Es algo que Uruguay no lo ha inventado, pero sí lo hicieron el 90% de los países del mundo.

    —De crearse, ¿qué rol debería cumplir?

    —Homogeneizar las normas nacionales con las internacionales, las comunicaciones con el sistema internacional de Justicia, lo que puede tener que ver con informaciones a Naciones Unidas, el área de la Secretaría de Derechos Humanos. Es una mirada que aplica a un soldado que va en misión, a un maestro, a un director de liceo, a la actividad productiva, al medio ambiente, a la construcción de viviendas. Todo eso requiere una nueva institucionalidad, que obliga a tener proyectos potentes. Es ineludible, porque creo que sin esos cambios es difícil que la situación vaya a cambiar y va a ir en perjuicio no solo de la rehabilitación, sino de toda la comunidad. El desafío está planteado y trataremos en el año y poco que me queda de mandato aportar para esa colaboración colectiva.

    —¿Podría ser reelecto?

    —No. Cumplo dos períodos y ya está.

    —¿Y después?

    —Se verá. Volveré a la radio o a dar clases.

    —¿Política?

    —No. No creo. Me gusta mucho la función pública y la política está de la mano. Pero espero bajarme en el puerto.

    Información Nacional
    2023-08-30T21:55:00