En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Las prisiones uruguayas tienen más de 3.000 presos en situación de hacinamiento. Mientras la construcción de nuevas cárceles se estira por falta de recursos presupuestales y la lentitud de los procesos administrativos, el número de reclusos sube a diario y hoy ya supera los 14.500.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Ese desajuste entre la escasez de plazas y la efervescente población criminal en crecimiento determinó que el Ministerio del Interior decida impulsar las penas alternativas a la privación de libertad para desagotar las prisiones. Es un pedido de larga data de la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario y de Naciones Unidas, que ahora encontró eco en un organismo asesor independiente que el ministro Luis Alberto Heber creó hace un año.
A recomendación de este organismo es que el ministerio incluyó el artículo 125 en la última Rendición de Cuentas, que transforma la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) en una dirección nacional, lo que dotará de mayor peso institucional y de funcionarios al departamento que supervisa a las casi 18.000 personas con penas alternativas que hay en Uruguay, en su mayoría bajo arresto domiciliario (por razones de salud, edad y embarazo, entre otras) o en cumplimiento de tareas comunitarias.
“El artículo deriva de un informe que hizo el grupo asesor, en el que básicamente se recomienda de manera muy detallada que había que fortalecer y jerarquizar todo el sistema de penas alternativas, tanto con recursos humanos como con recursos materiales”, dijo Diego Sanjurjo a Búsqueda.
Sanjurjo es integrante del Grupo Multidisciplinario Técnico y Científico Honorario, que desde julio de 2021 asesora a Heber en temas criminales y penitenciarios. En su momento el ministro se refirió al organismo como una suerte de GACH para temas criminales, en alusión al grupo creado para asesorar al gobierno durante la pandemia de Covid-19.
Además de Sanjurjo lo conforman Javier Donángelo, director del Observatorio Nacional sobre la Violencia y Criminalidad, los sociólogos María Noel Somer y Nicolás Trajtenberg, la psicóloga Natalia Bonilla, los comisarios mayores Gustavo Szasz y Luis Rodríguez de León y la directora de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, Martha Valfre, quien coordina el organismo.
En un documento presentado a Heber, el grupo enfatizó en la necesidad de que se usen más las penas alternativas, lo que obliga a mejorar el cumplimiento efectivo de estas medidas y por tanto a diseñar otra estructura para la OSLA. El 25 de julio el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas manifestó una posición similar: en su informe final sobre Uruguay, que elaboró luego de recibir en Ginebra a una delegación del gobierno para discutir la situación de los derechos humanos en el país, pidió “reducir eficazmente el hacinamiento y el elevado porcentaje de personas en prisión preventiva al priorizar la imposición de medidas alternativas a la privación de libertad”.
A partir de las sugerencias del grupo asesor, el Ministerio del Interior también elaborará un plan estratégico carcelario que pondrá a análisis de los parlamentarios especializados en el tema. La iniciativa está plasmada de forma muy genérica en la Ley de Urgente Consideración, cuyo artículo 87 establece crear desde el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) una estrategia de reforma del sistema penitenciario que incluya metas a corto, mediano y largo plazo.
Será el segundo programa de cambios carcelarios del gobierno. En junio de 2020, a poco de asumir la gestión, el entonces ministro Jorge Larrañaga presentó el Plan de Dignidad Carcelaria 2020-2025 en una conferencia de prensa junto con todas las autoridades del ministerio. La iniciativa se enfoca en modificaciones edilicias, educativas, laborales y sanitarias, pero encontró dificultades para desarrollarse. Uno de los elementos que se dejó de lado fue la construcción desde cero de una cárcel de máxima seguridad para alojar a los internos más peligrosos del sistema. La idea incluyó viajes a Brasil de jerarcas del INR para conocer prisiones federales que funcionan con ese mecanismo, pero el ministerio finalmente dejó de lado la pretensión de una prisión nueva por su elevado costo económico. Terminó por acondicionar el módulo 12 de la Unidad N° 4 de Santiago Vázquez (ex-Comcar) para albergar a 48 personas en un régimen de seguridad máxima que se sostiene en un comando policial propio y el control directo del director del INR, Luis Mendoza. El centro comenzó a funcionar recientemente y solo ocho personas están presas allí.
Además del artículo 125, en la Rendición de Cuentas el ministerio pretende solucionar otro problema penitenciario con el artículo 124, que permite que no solamente los policías en actividad puedan ser directores de cárceles. Los cambios continuos en la dirección de las prisiones —en muchos casos por irregularidades— obligaron al ministerio a ampliar el abanico de candidatos tras un pedido de Mendoza.
“A mí me pasó que tuve que relevar al director de la Unidad N° 4 y no tenía, dentro del sistema penitenciario, una persona para ser director. Tuve que nombrar a un comisario que tenía en otro destino, o sea, tuve que desarmar la unidad de inteligencia que teníamos para llevarlo al Comcar. Es decir, tuve que sacrificar una unidad para armar otra, porque en ese momento no tenía oficiales o personal del INR con el perfil como para comandar una unidad de 4.200 personas privadas de libertad, que es la más grande del país”, dijo Mendoza el miércoles 3 ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes.
