La pandemia sigue asestando duros golpes al sector educativo. Si bien la suspensión provisoria de las clases presenciales en las escuelas, liceos y centros de UTU —aunque con asistencia virtual obligatoria— puede ayudar a reducir la transmisión del coronavirus, por sí sola es una medida “insuficiente”, en particular para las poblaciones infantiles más vulnerables donde “la brecha socioeducativa se ensancha peligrosamente”. Así lo advierten expertos científicos y del mundo académico, y comprueban a diario docentes, familias y alumnos, al tiempo que los sindicatos y la oposición presionan para que se tomen otras medidas que contengan uno de los efectos más crueles del Covid-19.
El retorno a las aulas, que estaba previsto aplicarse de forma escalonada a partir del próximo lunes 12 —como anunció el presidente Luis Lacalle Pou el 23 de marzo—, ahora se demorará, al menos, hasta el 30 de abril, según informó el miércoles 7 el mandatario en conferencia de prensa, tras analizar el tema junto con las autoridades educativas.
La discusión del tema ingresó en la sesión del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) realizada el miércoles. “Todos estamos muy preocupados por esta situación”, dijo a Búsqueda Juan Gabito, consejero en representación del oficialismo en el Codicen. “Pero esto (extender la no presencialidad en clases) es lo menos malo que puede hacerse en este momento, porque hay variables que no dependen de nosotros, si no sería incurrir en mero voluntarismo”.
El presidente del Codicen, Robert Silva, dijo el lunes 5 al programa En Perspectiva de Radiomundo que no se afectará la trayectoria educativa de todos aquellos alumnos que “no puedan conectarse” a los cursos virtuales.
Sobre la obligatoriedad de la educación virtual, el titular del órgano autónomo de la enseñanza explicó que la idea fue la de enviar un “mensaje” a toda la comunidad educativa: “No estamos de vacaciones”.
La ANEP también elaboró y publicó en estos días varios documentos “orientadores” para este escenario de no presencialidad, que incluyen acciones a desarrollar en los centros de educación pública para esta modalidad educativa que ahora se extenderá hasta el 3 de mayo.
Las autoridades también evaluaron la posibilidad de mantener algunos centros educativos “semiabiertos”, organizando guardias docentes rotativas para despejar dudas y asistir a ciertos grupos de alumnos.
“Estamos en un escenario que lo iniciamos muchísimo mejor preparados de lo que aconteció en 2020”, dijo Silva en la entrevista radial, y cargó contra los “opinólogos” que “permanentemente están mandando mensajes de negatividad”.
Días atrás, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) expresó en un comunicado que las decisiones adoptadas por los jerarcas de la educación “evidencian improvisación” y “afectan el derecho a la educación, en especial a los sectores más pobres de nuestra sociedad”, y a su vez reclamó la instalación de ámbitos de diálogo con las autoridades de la enseñanza.
En febrero, Gabito aseguró que las autoridades, al igual que “todo el Uruguay”, creyeron que la pandemia pasaría y que en 2021 se volvería a la “normalidad”. (Búsqueda Nº 2.110).
Foto: Daniel Rodriguez / adhocFOTOS
“No tiene goyete”
La educación presencial en 2020 ha sido una de las banderas del gobierno de Lacalle Pou, especialmente en los primeros meses, y también un diferencial de su administración en la lucha contra la pandemia. Empero, un año después del comienzo de la crisis sanitaria, la situación para la educación resulta aún “sombría”, comentó a Búsqueda Pablo Caggiani, representante de la oposición en la comisión directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed).
Para este maestro, exintegrante del Consejo de Educación Inicial y Primaria electo por los docentes, la incidencia del Covid-19 en los entornos escolares parece verse más afectada por los niveles de transmisión en la comunidad extraeducativa, y particularmente intrafamiliar, que en los centros escolares.
De hecho, la transmisión en las escuelas representa un porcentaje menor en todos los casos de coronavirus a nivel local y mundial, indicó Caggiani, al sostener que la decisión de cerrar los locales de estudio debe ser, como señalaron en su momento los expertos que asesoran al gobierno, “un último recurso”.
“El cierre de escuelas es lo último que debe hacerse. Lo dice el GACH en Uruguay, lo dice la Unesco, lo dice Unicef... Porque el efecto no solo es sobre el aprendizaje, es también sobre todos los derechos que protege la escuela: la alimentación, la socialización, el blindar situaciones de violencia y maltrato... ¿Qué es lo que aprendimos el año pasado? Que la no presencialidad aumenta la brecha y que vulnera estos derechos, especialmente en los niños más pobres. Por todo eso, efectivamente, esta medida tiene que ser lo último”, opinó.
Las conexiones al sistema durante el cierre de escuelas del 2020 fueron “aproximadamente” un 50% por plataformas y un 45,5% por medios alternativos como WhatsApp, Facebook o la impresión de tareas. Mientras que un 4,5% (de un total de 342.000 escolares matriculados) “se desconectó o no se logró conectar al Plan Ceibal” por diversos motivos, lo que equivale a más de 15.000 alumnos “desconectados”, explicó Caggiani en un tuit publicado el domingo 4.
Señaló que “conectar” implica que en el hogar haya espacio, recursos tecnológicos y acceso a Internet, lo cual exige reposición y mantenimiento de equipos y mayor capacidad de las plataformas, “no cobro de Internet para uso educativo”, y cobertura universal de equipos. Allí planteó: “¿Saben qué medidas se implementaron para este nuevo/viejo escenario? Ninguna. Solamente más servidores para las plataformas a las cuales no van a acceder cientos de miles de estudiantes. Eso también es noticia”.
Consultado por Búsqueda, agregó que la extensión de la no presencialidad debería ir acompañada de otras decisiones políticas, basadas en la necesidad de prevenir la transmisión así como de asegurar a los estudiantes un entorno social y de aprendizaje “óptimos”. “El mensaje que se da con la no obligatoriedad de las clases primero, y ahora de golpe el de cerrar todo con obligatoriedad virtual no tiene goyete, y deja más a la intemperie a los gurises más pobres”, afirmó.
El Informe Aristas Primaria 2020 del Ineed, cuyos resultados el instituto divulgará en los próximos días, es “consistente” con este panorama, avanzó, y agregó que la investigación permite concluir que “la brecha socioeducativa existe y se agranda”, que “los pobres reciben menos educación” y que “la no presencialidad obligatoria es una medida muy generadora de desigualdad”.
Robert Silva. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Prueba de realismo
Sea presencial o virtual, “la obligatoriedad debe protegerse como un valor social universal y vinculante para la comunidad educativa”, aseguró Renato Opertti, referente de la organización de técnicos y profesionales del área educativa Eduy21. Partiendo de esa base, dijo, “lo que no se puede discutir y en eso estuvo bien la ANEP es que la obligatoriedad es extensiva a cualquier modalidad educativa”.
“Más allá de cuánto vaya a durar esta medida, la situación de no presencialidad dará una prueba de realismo sobre cuán preparado está el sistema educativo uruguayo hacia un modo híbrido, donde se complemente la educación presencial y a distancia donde el centro educativo pueda ‘manejar sus perillas’ en función de su contexto y situación”, dijo, parafraseando a Lacalle Pou. “¡O el país avanza hacia un modo híbrido o vamos a quedar presos de una presencialidad que ya mostraba en la prepandemia ser muy disfuncional para los sectores más vulnerables!”, afirmó.
Opertti vaticinó que los próximos seis meses serán “una prueba de fuego” para ver si el sistema está preparado para estos retos. Porque “el derecho a la conectividad también es parte del derecho a la educación y ahí debe estar el esfuerzo del Estado garante, porque si no la sociedad será cada vez más desigual y con más brechas”, indicó.