Hace meses que algunos industriales uruguayos aguardan el pago de la mercadería que enviaron a sus clientes en Argentina. Otros tienen los pedidos prontos para cruzar la frontera cuando la contraparte del vecino país reciba la autorización para la importación y la compra de dólares necesaria para abonar la factura. En tanto, algunas fábricas de pequeño porte optaron por no hacer negocios con el socio del Mercosur dada la incertidumbre en torno a las condiciones, plazos y control de divisas que rigen para concretar las operaciones.
Esas son algunas de las situaciones de enlentecimiento y dificultades que el sector manufacturero viene enfrentando desde el último trimestre del 2022, cuando el gobierno de Alberto Fernández aumentó las restricciones para comprar mercaderías en el exterior ampliando el régimen de tramitación de las licencias no automáticas de importación.
Pero la realidad que atraviesan los industriales queda solapada, porque se da en un contexto de crecimiento del comercio bilateral con Argentina —incluso si se excluyen las inusuales operaciones de venta de semillas oleaginosas y la exportación de energía registradas el año pasado—, que fue el cuarto mayor cliente para los bienes de Uruguay en el año que finalizó.
“Es un fórceps semanal. Terminamos de producir una mercadería y nunca sabemos si se va a poder cruzar, con el tema de si la autoridad monetaria de Argentina le libera la divisa y autoriza el pago” al cliente del exterior que realiza un banco comercial, dijo a Búsqueda el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Fernando Pache.
Apuntó también que hay ejemplos en varios rubros de las dificultades y demoras permanentes que existen en los negocios con el país vecino y comentó algunos casos en el sector de alimentos y del plástico, aunque aseguró que los problemas afectan a muchas empresas de varios sectores.
Para transmitir la “preocupación” de los industriales por este asunto Pache se reunió la semana pasada con el presidente del Banco Central, Diego Labat, con el fin de conversar sobre la posibilidad de realizar gestiones para que se use el sistema de pago en monedas locales vigente entre los países del Mercosur, en especial con Argentina.
Ese sistema acordado por los bancos centrales busca reducir costos en las transacciones, bajar los plazos de las operaciones y desdolarizar los intercambios comerciales. Es de uso voluntario por parte de los agentes económicos y los pagos se canalizan a través de instituciones financieras que adhieren a él. Con Argentina el sistema quedó operativo desde principios de 2017, pero no ha sido utilizado.
La idea, dijo Pache, es que a través de esta herramienta se pueda “destrabar y generar un camino de comercio más fluido” con el país vecino.
A Labat le pareció “interesante” el planteo y dijo que buscaría la forma de hablar con su par argentino sobre el asunto para evaluar cómo seguir o qué pasos dar, comentó el titular de la CIU.
Impacto “muy fuerte”
Ante la escasez de dólares, Argentina puso en práctica desde octubre un nuevo sistema de declaraciones para las importaciones (identificado con la sigla SIRA), por el que amplió el control administrativo de las operaciones de comercio exterior centralizando y vinculando las solicitudes con los despachos de mercadería, las cuentas bancarias y los pagos de bienes o servicios.
La medida tiene un impacto “muy fuerte” para “muchas empresas y muchos rubros”, dijo a Búsqueda el director de Comercio Exterior y Certificaciones de la CIU, César Bourdiel, quien señaló que un número importante de socios reportaron a la gremial atrasos en las licencias. “Argentina le cambia el nombre, pero mantiene un sistema proteccionista, que hace más difícil la importación. Se llamarán licencias, DJAI, SIMI o SIRA, pero lo que hay detrás siempre es un instrumento de restricción. Y es preocupante cómo impacta”, alegó.
Para intentar medir la afectación, la CIU analizó los datos en comparación con el anterior sistema de control administrativo del gobierno de Fernández.
“Más del 40% de los dólares que Uruguay exporta a Argentina (sin considerar la soja ni la electricidad) quedaron alcanzados por las licencias no automáticas” de importación, apuntó Bourdiel, y detalló que si se consideran las posiciones arancelarias que el país coloca en Argentina, el aumento es de 70%.
A escala de empresas, agregó, hay 28% más de exportadoras, de diversos sectores, que quedaron alcanzadas por el licenciamiento no automático.
Analizó además que la política de pedir autorización para importar es una “actitud que persiste pero que ahora se sofisticó” al combinar o condicionar la aprobación de las licencias a la necesidad de acceso a los dólares que tienen los importadores.
Para Bourdiel, la aplicación del sistema de pago en moneda local puede ser una “solución” porque el problema de la escasez de dólares no sería una limitante. Explicó que el mecanismo implicaría que quien venda en Uruguay reciba pesos uruguayos y quien compre en Argentina pague en pesos argentinos y la compensación ocurra entre los bancos centrales de ambos países. Al mismo tiempo, reconoció que como el comercio con Argentina fue récord en 2022 en comparación a los últimos años resulta difícil de analizar y visualizar el problema que atraviesan los industriales.
De hecho, las exportaciones a Argentina totalizaron US$ 1.250 millones entre enero-diciembre del 2022, más del doble de lo vendido el año anterior, según los datos publicados por el Instituto Uruguay XXI el martes 3. Ello fue, principalmente, por el crecimiento de las ventas récord de soja, lo que respondió a una situación coyuntural que favoreció a los productores y comercializadores de Uruguay, y el aumento de energía eléctrica, vehículos y autopartes.
Incertidumbre
El nuevo sistema de control que aplica el país vecino a las importaciones provoca que algunas fábricas pierdan la posibilidad de concretar negocios, dijo a Búsqueda el vicepresidente de Micro y Pequeñas Empresas de la CIU, Leonardo García.
Señaló a su vez que todas las empresas que exportan a Argentina tienen alguna dificultad, pero las “más complicadas” son las de pequeño porte, y agregó que la problemática atraviesa a firmas de los sectores de papel, plástico, químico, alimenticio y automotor.
García se refirió a la cuota de “inseguridad” que se suma a la relación comercial con el país vecino, ya que además de las licencias se han ido restringiendo las formas de pago de operaciones de comercio que son habituales. Explicó que como los plazos de pago aún están corriendo para muchas de las ventas realizadas los clientes no saben con certeza si tendrán la autorización para poder girar los dólares a los proveedores uruguayos. “Eso genera incertidumbre”, apuntó. La paradoja, según el directivo de la CIU —que también es vicepresidente de la comisión de comercio interno de la gremial—, es que los clientes argentinos “están preocupados por pagar porque tienen pesos en el banco y no saben cuál va a ser el tipo de cambio cuando les autoricen comprar y girar los dólares por la operación de comercio exterior. No es que no quieran pagar, es que no los dejan”.
De hecho, García —cuya empresa es del rubro plástico— mencionó que sus clientes todavía no han recibido la autorización para el pago. Eso, en general, “enlentece el comercio” y tiene “repercusiones financieras”, comentó.
“Tengo tres exportaciones hechas que no sé cuándo las voy a cobrar, son clientes de muchos años, que uno no los puede dejar sin producto porque los pierde. Algunas (ventas) ya tienen tres meses. Cuando se tiene cierta espalda financiera eso se puede tolerar, pero no es lo común para la pequeña empresa nacional que termina viendo interrumpida la posibilidad de hacer negocios. Eso causa un perjuicio, un daño”, alegó.
