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La guerra contra las drogas es un concepto que muy lentamente ha perdido prevalencia como la solución más efectiva contra el comercio de estupefacientes. Analistas, algunos organismos internacionales y unos pocos países consideran que es una estrategia sin resultados que debe ser dejada de lado por una política menos prohibicionista y enfocada en perseguir al dinero que surge de esta industria. Entre esos países no figura Colombia. Su presidente, Iván Duque, fue tajante al decir que no existe “un consenso global” sobre “los discursos legalizadores” y por lo tanto abordar esa posibilidad puede “exacerbar la confusión” en un momento en el que el mundo aplica la lucha directa y armada como principal mecanismo.
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Las declaraciones de Duque fueron realizadas durante un evento en el cual las Naciones Unidas anunciaron que será desde Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, desde donde controlará la situación del narcotráfico en Uruguay. Hasta ahora ese control dependía de un representante instalado en Perú y Ecuador.
El encuentro, organizado el lunes 7, contó con la participación del gobierno uruguayo y con Duque como orador principal. Sus palabras fueron previas a la presentación del documento Visión Estratégica para América Latina y el Caribe, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para mejorar su respuesta al narcotráfico en la región.
Además de Duque habló la egipcia Ghada Waly, directora ejecutiva de la Unodc, quien informó sobre la resolución de crear una oficina regional en Bogotá para coordinar el trabajo en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. “Nos permitirá tener un abordaje con más experiencia, capacidades y efectividad en operaciones y comunicaciones. Y promover un proceso de toma de decisiones consistente y armonioso, capaz de alcanzar las crecientes demandas de los países. Al concentrar nuestros esfuerzos y recursos podremos ser más ambiciosos en apoyar a gobiernos ante desafíos que los afectan”, explicó.
El rol de América del Sur en el narcotráfico cambió, ya que ahora el continente en su totalidad es utilizado como ruta del negocio. Aunque disminuyeron los cultivos de coca, creció a niveles récord la producción de cocaína, con Colombia a la cabeza –representa el 64% de la fabricación mundial– y Perú y Bolivia detrás. En ese contexto creció la participación de traficantes y organizaciones internacionales y la función de Uruguay como escala para la exportación: el año pasado la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes advirtió que “ha ido convirtiéndose gradualmente en un país de reexpedición de drogas ilícitas”.
Para la Unodc, América Latina y el Caribe es “un paisaje social, política y económicamente complejo en el cual operar”, marcado por altos niveles de desigualdad y violencia, un crecimiento económico ralentizado, la percepción de una creciente corrupción e impunidad, el incremento del descontento social, una mayor vulnerabilidad a las amenazas ambientales y los impactos negativos de la pandemia de Covid-19. Así lo establece su estrategia presentada esta semana, en donde señala que además de la exclusividad en la producción de cocaína, la región también fabrica cannabis, metanfetaminas y heroína a gran escala para el tráfico transnacional.
“Este tráfico se produce a través de una variedad de canales, incluido el transporte terrestre, vuelos clandestinos (en Sur y Centroamérica), semi-sumergibles, embarcaciones pesqueras y lanchas rápidas en mar abierto, vías fluviales y comercio en contenedores”, describe el documento, que apunta a limitar a los grupos de la delincuencia organizada que operan de manera transfronteriza. “Más preocupante es la alta probabilidad de que estos grupos en la región estén desviando fondos destinados a la recuperación de la pandemia e infiltrándose en las economías legales a través de negocios legítimos, principalmente en los sectores del comercio minorista, el transporte y la industria hotelera, que luchan por sobrevivir a los efectos del Covid-19”, añade.
De manera específica, la nueva política de drogas de Naciones Unidas en la región se enfoca en “los vínculos entre el tráfico de drogas y las diferentes formas de delincuencia organizada, como la trata de personas, la minería ilícita, el tráfico de armas de fuego, el lavado de dinero y la corrupción”. Desde Bogotá la Unodc pretende centralizar el trabajo de las Naciones Unidas ante la proliferación de la cadena de producción de la cocaína hacia países de tránsito y consumo y el tráfico de productos intermedios de la cocaína, el monitoreo del procesamiento de la cocaína y los sitios de producción y el desmantelamiento de organizaciones internacionales dedicadas al tráfico de drogas. Este esfuerzo se enfocará en la exportación de estupefacientes desde aeropuertos, puertos y el espacio marítimo, que en los últimos años, con Uruguay como participante, se “han traducido en la incautación de enormes cantidades de sustancias ilícitas”. Para esto apoyará a los gobiernos en el desarrollo y la implementación de estrategias nacionales y regionales de seguridad marítima, basadas en enfoques validados por la Organización Marítima Internacional.
La nueva oficina también supervisará las tendencias de la oferta de drogas ilícitas a través de la producción de informes de monitoreo de cultivos ilícitos y estudios de prevalencia, y establecerá un mejor enfoque para la trazabilidad y la mitigación de impactos de “la amenaza emergente” que suponen las nuevas sustancias psicoactivas, conocidas bajo el acrónimo NPS y que incluyen las llamadas drogas de diseño: estimulantes y alucinógenos como catinona, ketamina, fenetilamina y piperazina, entre otros.
