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Con perfil bajo, en casi un mes en el cargo de ministro de Economía, Sergio Massa logró, a partir de ciertas medidas, ponerle techo al precio real del dólar en Argentina. Pero esa relativa estabilidad quedó en entredicho al crisparse el clima político interno a raíz de novedades en una de las causas judiciales contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
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El 22 de agosto el fiscal Diego Luciani pidió para Fernández 12 años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por presunta corrupción en torno a obras públicas cuando fue mandataria, entre 2007 y 2015. La reacción de la dirigencia peronista fue de rechazo a la pretensión fiscal, mientras decenas y por momentos cientos de militantes realizaron una vigilia en torno a la casa de la vicepresidenta, en el barrio porteño Recoleta. El vallado instalado por el gobierno de la ciudad —en manos de Horacio Rodríguez Larreta, probable candidato presidencial para 2023 por el opositor Juntos por el Cambio— desde el último fin de semana, a raíz de quejas de los vecinos, elevó la tensión política y derivó en algunos enfrentamientos entre manifestantes con la policía. Durante varias noches, a su regreso del Senado, Fernández de Kirchner se dejó saludar y abrazar por sus simpatizantes, reverdeciendo la mística en torno a su figura.
La sentencia por la llamada “causa vialidad” se espera para los próximos meses, aunque el proceso se alargaría ante una eventual condena si la vicepresidenta presenta una acción de casación e interviene la Corte Suprema.
El presidente Alberto Fernández lamentó desde su cuenta de Twitter el pedido de prisión para Cristina. Y un par de días después, entrevistado en el Canal TN, aludió a la sospechosa muerte con un disparo en la cabeza hace siete años del fiscal Alberto Nisman como defensa, también, de la vicepresidenta. “Nisman se suicidó, yo espero que no haga algo así Luciani”, señaló. Interpretando ese comentario como una intimidación a la Justicia, desde Juntos por el Cambio plantearon un pedido de juicio político al mandatario, que de todos modos no tendría mayorías para prosperar.
“No sé cuál es el sentido que le quiso dar a lo que dijo, pero no es un buen mensaje”, señaló Luciani a Infobae respecto del comentario del presidente.
El pedido del fiscal de encarcelar e inhabilitar a Fernández de Kirchner fue cuestionado, también, por dirigentes del Frente Amplio. El exmandatario José Mujica consideró a la vicepresidenta argentina como una “víctima”.
Supermedidas
Massa asumió no solo al frente de la cartera de Economía, sino también de Producción y Agricultura: por ese rol, los medios argentinos lo presentan como un “superministro”.
Algunos anuncios iniciales hechos por Massa fueron bien acogidos por los inversores financieros y el sector empresarial argentino. Entre otras medidas interpretadas como de ortodoxia fiscal, restringió el ingreso de personal al Estado, congeló partidas presupuestales y cortó parte de los subsidios sobre tarifas de servicios como la electricidad. El gobierno argentino tiene acordado con el Fondo Monetario Internacional bajar el déficit fiscal a 2,5% del Producto Bruto Interno.
“Mientras vamos tomando decisiones desde el punto de vista fiscal, monetario, de la acumulación de reservas (…), es importante reforzar el ingreso de nuestros trabajadores porque no pueden ser ellos los que paguen en el supermercado lo que perdieron producto de problemas que son globales, pero también de malas decisiones económicas”, dijo el 30 de agosto Massa, al comunicar un refuerzo de las asignaciones familiares.
Otras medidas a consideración del Ministerio de Economía apuntan a ofrecer tipos de cambio diferenciales para ciertos sectores que, por ser exportadores, generan dólares, como la minería, el gas, la industria automotriz y el agro. Esta semana, pocos días después de ser nombrado segundo en la jerarquía, en el cargo de secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein aclaró en un audio circulado entre economistas que eso “no tiene nada que ver con una devaluación” del peso.
Luego que asumió Massa el dólar “blue” —negociado en el mercado informal— bajó de cotización y se ubicó algo por encima de los 290 pesos argentinos, achicando su brecha respecto del precio oficial. El “blue” llegó a costar casi 50 pesos más a mediados de julio, cuando al mismo tiempo el “riesgo país” de Argentina casi alcanzaba los 3.000 puntos básicos (30%); en los últimos días ese diferencial de rendimiento respecto de los bonos estadounidenses osciló cerca de los 2.400, según el índice de J.P. Morgan.
Pero el ruido político ante la situación judicial de Fernández de Kirchner —y la desafiante frase “qué quilombo se va a armar” si tocan a Cristina, surgida en algunos eventos oficiales y en pintadas callejeras— amagó con cortar la tibia mejora del ánimo en torno a Argentina.
