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Representantes de los fondos dedicados a invertir en activos de riesgo viajan cada vez más a Argentina. Inversores de Estados Unidos (EEUU) y el Reino Unido organizan investors trips para hablar con autoridades, economistas y empresas situadas en el país sudamericano que les den una visión de qué puede pasar ante el juicio que el gobierno de Cristina Fernández enfrenta con los fondos de inversión NML Capital y Aurelius, los holdouts a los que también se llama “buitres”.
Esta semana el juez estadounidense Thomas Griesa rechazó un segundo pedido de instalar una medida cautelar que permita a Argentina pagar los vencimientos a los inversores que aceptaron los canjes de bonos efectuados en 2005 y 2010. NML Capital y Aurelius no participaron en esa reestructuración y en junio la Corte Suprema de EEUU avaló el fallo de Griesa que obliga a pagarles U$S 1.300 millones en efectivo más intereses.
Alejo Costa, jefe de estrategia de la financiera argentina Puente, considera que el gobierno argentino “tomó la decisión de no negociar este año”. En diálogo con Búsqueda, vislumbró dos escenarios, uno de cesación de pagos (default) y otro en el que logra esquivarlo.
“El escenario del default tiene distintos costos: una menor entrada de capitales, una mayor presión fiscal en las provincias, y una suba en el tipo de cambio oficial y las tasas de interés. Esto llevaría a una caída del Producto Bruto Interno (PBI) de 2% este año y un estancamiento en la primera mitad de 2015”, señaló. “La sensación es que el gobierno está dispuesto a asumir ese costo” para “evitar” que se considere que se están dando mejores condiciones a algunos bonistas, comentó.
Además, “si hay una cesación de pago se activa el cross default y si el inversor junta 25% de los tenedores de una serie tiene derecho a reclamar el pago del capital más los intereses corridos hasta ese momento. Argentina ahí pasaría a tener una deuda mayor”, explicó Costa.
El otro escenario es que el gobierno de Fernández consiga que se imponga una medida cautelar y posponga una negociación con los fondos de inversión hasta 2015. Ese año se vencen unas cláusulas según las cuales si ofrece mejores condiciones a unos bonistas, debe equipararlos al resto. Esto supondría que Argentina desembolsara U$S 15.000 millones, la mitad de sus reservas.
“Si es Argentina la que pide el stay (medida cautelar), difícilmente sea aceptado. Pero si logra convencer a los litigantes de que la pidan, probablemente el juez preste atención. Ellos podrían así mostrar buena voluntad para negociar y acceder a algún tipo de promesa por parte del gobierno —que no podría estar en papel— para que en enero les paguen la totalidad de la deuda, a valor de mercado”, razonó el analista. Si esta negociación existe, Puente estima un crecimiento del PBI virtualmente nulo o ligeramente positivo para este año y superior a 3% en 2015.
“¿Cómo que no negociamos? Nos hemos cansado de viajar negociando con bancos y con inversores para que ingresaran a estos canjes”, dijo Fernández ayer miércoles 23. “No sé cuál será el término, porque los calificadores y los técnicos siempre encuentran un término para disfrazar lo que pasa. Aquí Argentina pagó y alguien lo bloqueó y no deja que el pago llegue a los terceros”, desafió.
