Siguiendo ese indicador, la tasa de homicidios en la seccional 17 fue de 37,9. La tasa en esa zona es casi cuatro veces más alta que la tasa de Uruguay (10,7) y más del doble que la de Montevideo (15,7).
De acuerdo con el censo nacional de 2011, en la zona viven 181.153 personas, aunque ese estudio incluye a todo el Municipio D, que además de Casavalle, Marconi, Las Acacias, Manga y Piedras Blancas suma a Toledo Chico, Borro, Pérez Castellanos, Villa Española, Unión, Mercado Modelo, Bolívar, Cerrito de la Victoria y Aires Puros.
La tasa de homicidios de la seccional 17 es superior a la que registraron en 2022 Honduras (35,09), Ecuador (26,99), México (26,11) y Colombia (25,38). Por encima únicamente están naciones como Trinidad y Tobago (39,52), San Vicente y las Granadinas (40,41) y Jamaica (53,54). Las cifras de estos países se desprenden de los datos publicados en el sitio web de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
Aunque puedan utilizarse como referencia, las diferencias en la cantidad de población, entre otros elementos metodológicos, no permiten una comparación cabal entre las tasas de homicidios de un país y una determinada jurisdicción de una ciudad. En Montevideo, por ejemplo, fue la seccional 20 la que tuvo la tasa de homicidios más alta de 2023 (48,7); pero en esa zona, que abarca la ciudad de Santiago Vázquez, únicamente ocurrieron cuatro homicidios (el indicador se explica por el bajo número de habitantes). Por esto, el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad “recomienda cautela” en la interpretación de las cifras dado que las tasas por jurisdicciones policiales “pueden presentar importantes fluctuaciones” a través de los años debido a la baja frecuencia de homicidios en algunas seccionales.
Si se compara con las 50 ciudades del mundo con cifras de asesinatos más altas, la seccional 17 está lejos de las urbes más violentas, que registran tasas por encima de los 100 homicidios por cada 100.00 habitantes. Esa zona montevideana se ubica en un panorama similar a lugares como San Pedro Sula y Distrito Central (Honduras), León y Ensenada (México) y Cali, Santa Marta y Buenaventura (Colombia).
Si en lugar de desagregar por zona, se compara la tasa de muertes intencionales de todo Montevideo en 2023 (15,2), la capital se encuentra fuera del ranking de las ciudades más violentas.
En diciembre la Unodc presentó su Estudio Mundial sobre el Homicidio. Con base en información de 2021, indica que un total de 18 países y territorios tuvieron una tasa de homicidios superior a 20 cada 100.000 habitantes, la mayoría de ellos en Latinoamérica y el Caribe, donde el promedio fue de 15. El promedio mundial fue de 5,8. Según el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, ese año el promedio de Uruguay fue 8,9; subió a 10,8 en 2022 y bajó a 10,7 en 2023. El índice más alto fue 12, en 2018.
“La comparación con los países vecinos del Cono Sur muestra que la tasa de Uruguay es inferior a la de Brasil (21,3) pero superior a la de Chile (3,6), Argentina (4,6) y Paraguay (7,8). Con todo, es la perspectiva longitudinal la más preocupante. El aumento expresivo de la violencia letal es una mala noticia en sí misma, pero además puede comprometer la capacidad del sistema de justicia penal para investigar, capturar y condenar a los ofensores, lo que agravaría la situación en el futuro”, sostiene un análisis sobre los homicidios en Uruguay, realizado el año pasado por los académicos Emiliano Rojido, Ignacio Cano y Doriam Borges, a pedido del Ministerio del Interior.
Nicolás Martinelli en el acto aniversario de la Policía Nacional, en la lpaza Independencia en Montevideo. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
Pacificación
En su entrevista de diciembre a radio Sarandí, Martinelli mencionó como parte de las “políticas focalizadas” del gobierno contra los homicidios la intervención policial continua en algunos de los barrios más violentos de Montevideo, entre ellos Marconi. Los otros fueron Villa Española, Malvín Norte y la Cruz de Carrasco. En las últimas horas se añadieron Cerro y Cerro Norte.
La estrategia consiste en la presencia activa, día y noche, de distintas unidades como el Grupo de Respuesta Táctica de la Jefatura de Policía de Montevideo, la Policía de Tránsito y la Guardia Republicana. Un patrullaje que tiene como premisa el control de personas y vehículos, la incautación de drogas y armas y la identificación de requeridos por la Justicia.
Como parte de esos procedimientos, en la madrugada del lunes 5 fue asesinado en Marconi un agente policial de 37 años, Alexis Meireles. Pertenecía al Área de Investigaciones de la Zona Operacional III de la Jefatura de Montevideo, encargada de las seccionales 8, 12, 16, 17, 18 y 25. Meireles participaba de un operativo en Pasaje 8 y Guarapirú, donde dos móviles policiales detectaron a un grupo de personas en actitud sospechosa. Con esa tarea culminada, el agente y un compañero caminaron 40 metros para identificar a otra persona sentada en la vereda, cuya descripción física coincidía con la de un requerido. Al llegar al lugar no lo encontraron, y cuando dieron vuelta para retornar recibieron los balazos.
“Esta situación si bien es penosa, no nos amedrenta. No va a hacer que nosotros cambiemos las estrategias y las tácticas que tenemos para enfrentar al delito en Montevideo. La Policía está muy unida, convencida de lo que está haciendo. Vamos a seguir enfrentando a la delincuencia con todas las herramientas que tenemos”, afirmó el director de la Policía, José Manuel Azambuya, el mismo lunes 5 en conferencia de prensa.
Azambuya mencionó en específico las intervenciones en los barrios –“hasta que no pacifiquemos no nos vamos a retirar”, remarcó–, como parte de las herramientas que el Ministerio del Interior ha desplegado en los últimos meses. Las iniciativas también comprenden la compra de un software de detección de disparos de armas de fuego, un escáner 3D para análisis forenses, la creación de un Departamento de Homicidios, la instalación de inhibidores de celulares en cárceles, nueva tecnología de seguimiento contra bandas criminales, la intervención de referentes comunitarios dentro de los grupos criminales y la creación de una clínica para adictos en la cárcel de Santiago Vázquez.
Por fuera del ministerio, esta semana la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, dispuso la instalación de una cuarta Fiscalía de Homicidios para hacer “más eficiente su persecución penal”, según informó en un comunicado la Fiscalía General. De este modo las fiscalías de homicidios pasarán a tener turnos semanales, y trabajarán también los fines de semana. En la actualidad esas fiscalías tienen turnos cada 10 días y no trabajan los sábados y domingos.
El 30 de enero fue imputado por homicidio Gustavo Albín, líder de una banda familiar de microtráfico de drogas que actúa en Villa Española. Albín se había entregado a la Justicia horas antes, acusado de asesinar a un integrante de los Suárez, el clan rival. A mediados de enero la Policía intentó capturarlo sin éxito. De acuerdo al informe de aquel operativo, divulgado por Telemundo, los agentes lo vieron en la puerta de su casa rodeado por ocho hombres. “Me están buscando ustedes, manga de perros, los Suárez mataron a un niño, ahora sí se va a pudrir el Villa Española y váyanse de acá porque los voy a matar a todos”, fue la amenaza del delincuente. Inmediatamente varias mujeres salieron a la calle y comenzaron a insultar y agredir a los policías. “Para evitar un mal mayor nos replegamos de la zona”, señala el informe policial para explicar por qué Albín no fue arrestado.
El domingo 4, entrevistado por El País, Martinelli fue consultado por este hecho particular y el contexto general de bandas criminales que el gobierno no puede controlar. “Albín se entregó por la presión de la Policía”, respondió el ministro.
Contratapa
2024-02-07T22:22:00
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