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Una fiscalización de oficio realizada por la Auditoría Interna de la Nación (AIN) en la Cooperativa Policial (Copol) constató varios incumplimientos normativos: inconsistencias contables; fallas en los controles realizados por su Comisión Fiscal; violación a la prohibición de que familiares de los socios trabajen junto con estos en la institución; la concentración de tareas en una única persona —el gerente general, que tras la auditoría se jubiló y fueron nombrados dos encargados para compartir esa función—; y una sola lista que desde hace más de 15 años ejerce su gobierno.
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En un pasaje, la AIN refiere a los llamados “derechos parapolíticos” y cita la doctrina entendida como el derecho del socio al voto, a ser elegible y al acceso de información y de petición. “Corresponde dejar constancia que la Lista N° 5 es la única que se presenta en las elecciones desde hace más de 15 años (…), por lo que no se da la posibilidad al socio de contar con listas alternativas” en una “mayor amplitud en el ejercicio del derecho del voto, así como indicadores de la aplicación del principio de control y gestión democrática. Es decir, que exista en los hechos y por derecho para los socios la posibilidad de ser electores y elegibles, participar de las decisiones, funcionamiento, gestión de la cooperativa y la asunción de responsabilidades en los distintos cargos. Al valor de la democracia se llega con la práctica de esta”.
Los auditores también hicieron notar que la cooperativa “mantiene las autoridades con mandato vencido”, aunque deslindó atribuciones sobre ese punto por ser competencia de la Corte Electoral.
En la página web de la Copol se informa de manera destacada: “De acuerdo a lo dispuesto por la Corte Electoral, se suspende el acto eleccionario hasta nuevo aviso”. La votación estaba prevista para abril.
En declaraciones a la diaria publicadas en agosto, Gabriela Alcaire, vocera de la oposición agrupada en la Lista 20, aseguró que el Consejo Directivo de la cooperativa “está manejando una dictadura, porque hace más de 15 años que están allí y no dejan que haya elecciones”. En ese mismo artículo exempleados e integrantes de la Lista 20 denunciaron la existencia de situaciones de persecución laboral y acoso sexual. Días después, la Copol se defendió en un comunicado ante esas “difamaciones” y resaltó que está cumpliendo 66 años “renovada, actualizada, sin deudas, embargos ni hipotecas, con inversiones históricas”.
La AIN también objetó aspectos del manejo contable de la cooperativa. Por ejemplo, detectó diferencias entre los estados de cuenta bancarios en pesos y el saldo al cierre de los ejercicios cerrados a fin de junio de 2021 y de 2022. Además, señaló que la Copol no proporcionó un inventario actualizado de bienes de activo fijo, lo que imposibilitó verificar los saldos expuestos en los estados financieros de esos años.
Los auditores señalaron que los “préstamos a directivos se deberán exponer en forma discriminada del resto de los deudores de la cooperativa”.
La Cooperativa Policial inició sus actividades en 1957, siendo entonces una oficina distribuidora de víveres de la Jefatura de Policía de Montevideo, a la que se conocía como “Cantinas policiales”. Según el relato que publica en su web, el coronel Alberto E. Mussio impulsó la creación de la cooperativa, que actualmente tiene su casa central de cinco pisos en la calle Nueva York, en la esquina de Av. Libertador Lavalleja, además de tres sucursales y 17 agencias. Con más de 30.000 socios, su plantilla supera las 100 personas, de acuerdo con la información consignada en su portal.
