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Cuando la española Graciela Miralles Murciego tuvo su primera misión para el Banco Mundial (BM) en Uruguay, a mediados de la década pasada, fue en el marco de un trabajo junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para entender en qué medida el marco regulatorio, con pocos años en vigencia, ayudaba o inhibía la competencia. “Lo que hemos visto es que en los últimos años ha habido una progresión muy positiva, ha habido distintas reformas regulatorias que hicieron que la ley de competencia sea más fuerte, más eficiente y eficaz”, dijo a Búsqueda esa economista senior de la Unidad de Competencia del BM.
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Según ella, las revisiones le dieron a la ley del 2007 “claridad sobre, primero, qué reguladores tienen un mandato en competencia y, segundo, cuál es la división de competencia” entre estos. Para Miralles Murciego, en Uruguay “claramente hay un compromiso para fomentar un marco regulatorio más fuerte y reforzarlo”, en el entendido de que es “algo que tiene impacto positivo para el sector privado que haya seguridad jurídica en los mercados”.
Como un ejemplo de “reforma positiva” —en este caso, apoyada por el BM con asistencia técnica— destacó la decisión de la Comisión de Defensa de la Competencia que habilita, a finales del año pasado, un mecanismo de notificación simplificada para las fusiones y adquisiciones que en principio no presenten problemas para el mercado. “Esto hace más sencillo al sector privado al tener que presentar menos información sobre una concentración y, al mismo tiempo, el análisis que se hace es menos gravoso para la autoridad de competencia. Es un win-win”, graficó. Medidas de este estilo confirman, en su opinión, que existe un “compromiso para fomentar un mejor marco regulatorio e institucional en materia de competencia. Esto tiene un impacto en la productividad, el crecimiento económico y la innovación”.
Miralles Murciego volvió a aproximarse a la realidad de Uruguay por estos días al participar, el lunes 20, en un seminario organizado por el BM para potenciar la coordinación entre la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia —un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía (MEF)— y los reguladores de los servicios financieros (Banco Central), del mercado de telecomunicaciones (Ursec) y de la energía y el agua (Ursea). El foro, abierto por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, tuvo la participación de especialistas del ámbito jurídico y académico local e internacional. “Fue una oportunidad para lanzar una red más sistematizada entre los reguladores”, que de inmediato dieron un primer paso concreto: las cuatro instituciones designaron técnicos para participar en una capacitación. Lo que sigue es aprobar un memorando de entendimiento que “articule de manera sistemática cómo colaborar cuando hay una investigación o una fusión”, amplió.
Sostuvo que trabajar en red se hace más necesario a partir del cambio normativo aprobado a fines del año pasado. Esa ley legó a la autoridad de competencia —la comisión— el mandato de perseguir las prácticas anticompetitivas en los sectores regulados, mientras que los reguladores se quedaron con un mandato de evaluar el impacto en competencia de las fusiones y adquisiciones.
Exante y expost
Miralles Murciego planteó que el marco institucional en esta materia se debe considerar con una doble perspectiva. Por un lado, que la regulación del mercado tiene que ser “procompetitiva, con intervenciones exante”. Por otro, las instituciones deben ser capaces de atacar las prácticas anticompetitivas expost.
Para la especialista del BM, los posibles arreglos institucionales son variados, incluida la unificación en un solo órgano la tarea de regular y controlar la competencia. “No hay un modelo único, y se han visto ventajas y desventajas. Se trata de elegir cuál es la arquitectura institucional que sea buena para Uruguay, mirando los propios mercados. En Uruguay, el modelo que existe es como el de casi todos los países de América Latina, con una autoridad de competencia separada de los reguladores y distintos mandatos. Y los reguladores se enfocan sobre todo en el exante y las autoridades de competencia en el expost, aunque no solo, porque también pueden trabajar con los reguladores exante”, describió.
Presupuesto
Mientras algunos entendidos plantean la necesidad de dotar de autonomía presupuestal a la Comisión de Defensa de la Competencia, las propias autoridades de este órgano advierten que los recursos con los que cuentan son una limitante (Búsqueda Nº 2.140).
“El tema presupuestario es una realidad. Si no hay muchos recursos, hay que ser más selectivo, hay que priorizar más, ser más estratégico. Es cierto que sería mejor tener más recursos para poder abarcar más, pero lo importante es demostrar el impacto de lo que se puede hacer con los recursos que se tienen hoy día y, con base en los casos de éxito, expandirlos. Que sea un crecimiento orgánico”, afirmó la experta del BM.
En esa misma línea, explicó que hay a escala mundial modelos institucionales que dan más o menos independencia a la autoridad en materia de competencia. “La progresión, cuando estas autoridades crecen, es hacia una mayor independencia. Pero también se ha podido lograr mucho sin necesariamente tener esa independencia (presupuestal). Lo importante es pensar el modelo que sea orgánicamente correcto para obtener resultados tangibles”, alegó.
El rol estatal
Para Miralles Murciego, el hecho de que el sector público tenga un peso significativo en áreas como la salud, el transporte o la energía no es algo exclusivo de Uruguay. “Se trata de una decisión del Poder Ejecutivo de participar en sectores para asegurar determinados bienes públicos. En aquellos mercados donde también puede participar el sector privado”, lo saludable es, en su opinión, que se nivele la cancha con el público. Aquí es muy importante el exante: que el marco regulatorio asegure esa igualdad de condiciones.
“Cuando los mercados son más competitivos, la presión de la competencia ayuda a rebajar los precios, a aumentar las opciones, a atraer innovación. La competencia definitivamente es importante para que los mercados sean eficientes, y los precios son una parte de eso”, indicó. “Ante la percepción de que tal vez los mercados uruguayos podrían ser más competitivos, ¿qué duda cabe que mercados más competitivos traerían en general un mejor desempeño en estas variables? La mayor competencia hace que los recursos vayan hacia las empresas más eficientes, hace que las empresas eficientes innoven más, bajen los precios, sean más innovadoras, traigan más productos y mejoren las condiciones para los consumidores”.
Pero, señaló, esas ventajas de la competencia en los mercados no son sabidas por todos. “En general, en toda América Latina no se conoce demasiado en detalle el impacto y la importancia de la competencia. Posiblemente el consumidor medio no sabría contestar qué es la colusión o qué son los cárteles. Esto también es un trabajo que hay que hacer, de diseminar y hacer lo que se llama abogacía de la competencia, para que se comprenda la importancia que tiene en el día a día para los consumidores o las empresas en sus mercados. Es una asignatura pendiente, no solo en la región. Y es parte del mandato que tienen las autoridades de la competencia”.
