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Hace un mes y medio el ministro de Industria, Omar Paganini, recibió a directivos de esa gremial empresarial, quienes le transmitieron el “reclamo permanente” de la lentitud y los altos costos de las certificaciones y trámites que los importadores deben realizar ante el Latu, dijo a Búsqueda el presidente de la CCSU, Daniel Sapelli.
El Latu es una organización de derecho público no estatal, creada por ley en 1965. Desde entonces, su directorio está integrado por tres miembros: uno en representación del Poder Ejecutivo —que lo preside y que corresponde al MIEM—, otro por el Banco República y un tercero por la Cámara de Industrias.
Es “razonable que el sector comercio y servicios también esté representado y tenga voz y voto en el directorio para plantear los problemas que surgen”, señaló Sapelli. “No solo los industriales tienen que ver con el Latu; los importadores tienen que pagar certificaciones de alimentos, juguetes, etcétera. Hay muchas empresas que no están en el núcleo industrial que tienen vínculo y hacen trámites frente al Latu”, argumentó.
Informó que tras el encuentro con Paganini, la CCSU remitió una carta al Ministerio de Economía realizando el pedido formal y también se reunió con las autoridades del Latu.
De acceder a la solicitud, el Poder Ejecutivo, debería promover una reforma legal, que por ejemplo, podría incluirse en la próxima Rendición de Cuentas, comentó Sapelli.
Meses atrás la Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén puso en duda que exista en el Latu la debida “garantía de imparcialidad del sistema” de control de las mercaderías y señaló que la actual integración del directorio no ofrece “plena independencia” por la presencia de un representante del sector industrial, que compite con los importadores (Búsqueda Nº 2.137).
Paganini dijo a Búsqueda que se está estudiando el pedido de la gremial de comerciantes.
En 2020 el Latu realizó 172.000 análisis y ensayos de inocuidad, composición nutricional, calidad industrial, etcétera, así como 115.000 certificaciones de productos importados, unas 61.000 certificaciones de exportaciones (a lácteos, cárnicos, miel, panificados, entre otros) y 30.600 verificaciones de metrología, según datos publicados por el organismo.
