En la comunidad docente las denuncias tuvieron más resistencia. Cerca de 30 matemáticos y matemáticas —entre ellos el exrector Roberto Markarian y el director del Centro de Matemáticas, Iván Pan— difundieron una carta criticando que los testimonios “agravian al conjunto de la comunidad matemática uruguaya” y defendieron que la “pasión compartida” por la disciplina “puede trascender las diferencias jerárquicas”. En un intercambio de correos entre docentes, el profesor grado 3 Alejandro Paseggi escribió: “Existió y existe un grupo grande del cual soy parte que fusionó la educación de la Matemática con un tipo de relacionamiento entre docentes y alumnos que ciertamente puede ponerse en tela de juicio (…). Para ser más explícitos: se comparten fiestas, alcohol, drogas, asados, salidas, y todo lo que se asocia a un espacio de bohemia”, afirmó, y añadió: “Juzgar aisladamente a Martín por compartir fiestas, drogas con estudiantes o tener relaciones sexuales con estudiantes de la carrera es una aberración”.
Mientras tanto, la Comisión de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación (CPAAD) de la Udelar comenzó a indagar la denuncia de Da Luz. A mediados de setiembre de 2019 recomendó al Consejo de la Facultad de Ciencias iniciar un sumario a Sambarino.
Tras una investigación que insumió dos años y entrevistas a más de 50 testigos, la Dirección General Jurídica de la Udelar consideró “probada la existencia de acoso sexual” por parte del profesor. Explicó que varios elementos probatorios dieron “credibilidad objetiva y verosimilitud” al testimonio de la denunciante, y concluyó que el docente incurrió en “falta grave”.
Tras debatirlo y superar posiciones encontradas sobre la magnitud de la sanción a imponer, los 12 consejeros de la facultad resolvieron que correspondía su expulsión.
Desde la Red de Género y otros ámbitos universitarios valoraron como un “hito histórico” la decisión de la facultad.
“Irregular”
En los últimos días, sin embargo, comenzaron a escucharse con más fuerza otras voces, favorables a Sambarino y críticas de las denuncias y del proceso llevado adelante por la Udelar. La matemática Juliana Xavier, docente grado 3 con dedicación total en Ingeniería, leyó el jueves 2 una columna en el programa radial En perspectiva en la que aseguró que la decisión del Consejo de la facultad fue “consecuencia de un contexto político, de una campaña difamatoria y de presiones de gremios que buscan un chivo expiatorio”. Afirmó que el hecho sancionado fue “un abrazo” no deseado por la estudiante, pero que no se probó que tuviera “carácter sexual”. También afirmó que el artículo de Búsqueda que detalló las denuncias tuvo un tono “extremadamente agresivo, relatando hechos falsos”. Cuestionó el desempeño “paupérrimo” de la CPAAD, reprochó que se conocieran en la prensa las discusiones en la interna del Consejo de la facultad y criticó que tomaran una decisión cuando era “imposible” que en poco tiempo hayan leído todo el expediente. Además, aunque reconoció la “investigación exhaustiva” del sumario, discrepó con sus conclusiones. Xavier aseguró que representaba a “todas, sin excepción”, las mujeres doctoras en Matemática que trabajan en Uruguay y que declararon en el sumario instruido a Sambarino.
El docente del Instituto de Matemática y Estadística (IMERL) de la Facultad de Ingeniería, Marcelo Cerminara, envió a Búsqueda la columna y escribió que “refleja muy justamente la opinión casi unánime de casi todas las matemáticas y matemáticos”. También afirmó que se había cometido “un daño irreparable a partir de una data pobre y viciada”. A su vez, el profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales estatal, Daniel Chasquetti, amigo de Cerminara, compartió en Twitter la columna de Xavier y escribió que su testimonio es “concluyente” y que “no está bien cobrar al grito ni favorecer linchamientos”.
Días antes, un artículo sin firma publicado en un blog bajo el título Violencia institucional. Recuento cronológico comenzó a difundirse en redes sociales y en la comunidad matemática y de la Udelar. El artículo, que tiene también una versión en inglés, afirma, entre otras cosas, que el acoso sexual probado por el sumario “consiste en un hecho aislado, que la propia denunciante describe como un abrazo, interpretado de forma diferente por ambas partes”. También cuestiona que la Red de Género de la Udelar pidiera públicamente en un comunicado que se imponga al docente “una sanción acorde con el hecho” y refiere en varias oportunidades a la “influencia mediática”.
A su vez, según supo Búsqueda, académicos cercanos al entorno de Sambarino contactaron a líderes de opinión para que se expresaran públicamente en apoyo al docente.
En paralelo, difundieron en redes sociales y medios de comunicación una consulta al constitucionalista Martín Risso, realizada por encargo de la defensa del docente en manos de Daniel Ochs, en la que señala una vulneración a la “presunción de inocencia” durante las actuaciones de la Udelar.
El lunes 6, el periodista Gabriel Pereyra compartió una noticia sobre la opinión de Risso y escribió: “La perspectiva de género puede degenerar en un arma de venganza (…). ¿Quién le devuelve a Sambarino lo perdido?”. El martes 7, el doctor en Ciencia Política y docente grado 5 de la Facultad de Ciencias Sociales Daniel Buquet dijo en la tertulia de En perspectiva que está “muy preocupado” por las irregularidades “escandalosas” que revelaron “informaciones” recientes sobre el procedimiento realizado a Sambarino y citó entre ellas la posición del constitucionalista Risso. “Es inevitable concluir que esto ha sido irregular por donde se lo mire”, aseguró. Chasquetti coincidió y dijo que espera que la Udelar “encuentre una salida”.
“Violación de derechos”
En su informe Risso aclaró, antes de pronunciarse, que no había “tenido tiempo suficiente de analizar las extensas actuaciones administrativas en profundidad” por lo que opinaría “sobre la base de una lectura general”. A su juicio, la CPAAD (que recomendó el inicio de la investigación administrativa) violó “escandalosamente los derechos del denunciado” porque ignoró, entre otras cosas, la presunción de inocencia. También aseguró que la comisión no dio vista previa de las actuaciones antes de su pronunciamiento, lo que constituye un “vicio absolutamente insubsanable”. Evaluó que eso constituye una “escandalosa violación de derechos” humanos “difícil de creer” en 2021.
Risso destacó que “la instrucción sumarial fue profunda”, que “no se ahorró ningún medio de prueba” y que “cumplió con todas las pautas que surgen de las normas internacionales y nacionales”. Sin embargo, sostuvo que apreció “una tendencia en la sumariante que en cierta forma se basa en la perspectiva de género y con base en esto desnaturaliza garantías elementales del sumariado”. En ese sentido, opinó que “si la tesis es que se toleraron sin denuncia ciertos avances del denunciado por la posición académica que ocupaba o por temor a verse perjudicada, debería haberse probado que esos temores eran medianamente fundados. Si no se probó que ella haya sufrido amenazas o perjuicios o que otra persona los haya sufrido, parece que toda imputación al denunciado se desvanece”.
Por otra parte Risso, profesor de alta dedicación del Departamento de Derecho de la Universidad Católica, opinó que las actividades sociales entre docentes y estudiantes con alcohol y drogas no aportan “a la hora de extraer conclusiones respecto a la investigación” porque a ellas asistían “voluntariamente personas mayores de edad que no se encontraban en situación de vulnerabilidad ni recibieron perjuicios de tipo alguno”.
“Contraofensiva”
“Se usan voces que no entienden la perspectiva de género. Es la típica reflexión neutra que se hace del derecho”, valoró la abogada Ivana Manzolido, integrante del grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho de la Udelar. “El derecho en sí, la Constitución, tiene género: es el masculino. Si no analizamos con perspectiva de género, siempre las mujeres salimos perdiendo”, afirmó. “Me dio mucha tristeza ver el informe” de Risso, añadió, porque “se retroceden muchos casilleros en lo que tiene que ver con perspectiva de género”.
“No tienen en cuenta variables como la inequidad entre alumno y profesor, que no es una relación horizontal. Esa variable, más la cuestión de género y todas las vulnerabilidades que existen, no las tienen en cuenta. No están en su estructura mental, porque no nos la enseñaron en la facultad. Y tenemos que tener un mínimo de deconstrucción para poder analizarlo”, sostuvo Manzolido.
La abogada, diplomada en Derechos Humanos de las Mujeres, dijo que no le “asombran” las reacciones en defensa del docente. “Estas contraofensivas las tenemos todo el tiempo las mujeres. Es el manotazo de ahogado”, dijo. “Se busca silenciar, como se buscó callar a la Red de Género”, afirmó. “Si un varón tiene poder económico va a contratar abogados, peritos, todo. Y genera un peso, con notas, periodistas y otros referentes compartiéndolas y dando su opinión”, planteó.
Para la docente, estas situaciones generan “gran resistencia” porque interpelan las “viejas prácticas” que se naturalizaban en la universidad y que hoy se están poniendo en cuestión.
Sin mencionar el caso específico, el miércoles 8 la socióloga y miembro de la Red de Género, Valentina Perrotta, escribió en Twitter: “Recomiendo para quienes opinan sobre cómo debe actuarse frente a un caso de denuncia de violencia sexual que lean los estándares internacionales en la materia, existen y son específicos de un fenómeno muy difícil de probar. Consulten a abogadas expertas, se formaron para eso”.
Desde la Red de Género de la Udelar optaron por no hacer más declaraciones hasta que el CDC se expida, para evitar las acusaciones sobre presuntas presiones, dijeron desde ese ámbito a Búsqueda.
“Era esperable este tipo de reacciones, porque hay mucho en juego”, dijo una fuente universitaria que habló a condición de reserva. Evaluó que si bien “hubo varias oleadas de testimonios públicos sobre prácticas de índole sexual o indebidas” por docentes o “varones que ocupan lugares de poder” hacia alumnas, profesoras y funcionarias, “es la primera vez que llega a una instancia así una denuncia formalmente presentada contra un profesor grado 5”, por lo que es “un caso paradigmático” para la universidad.
Decisión final
Según explicó a Búsqueda el director de la ONSC, Conrado Ramos, el expediente del sumario se encuentra a estudio del área jurídica de la oficina, que hará un informe técnico que pasará a la Comisión Nacional de Servicio Civil. La comisión —integrada por Ramos; el subdirector de la ONSC, Ariel Sánchez; el profesor grado 5 de Derecho Administrativo de la Udelar, Felipe Rotondo; y la docente y doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Viviana Pérez, entre otros—, hará un informe con su posición, en el que puede respaldar la destitución o recomendar la aplicación de otra sanción. La opinión de la oficina no es preceptiva, por lo cual la palabra final sobre el tema recae en la Udelar, explicó Ramos.
El plazo de 30 días que tiene la ONSC para expedirse ya venció. Ramos dijo que con la cantidad de casos que deben analizar —entre seis y ocho por semana— es “imposible” cumplir esos tiempos, aunque aclaró que el estudio “está avanzado” y que se le está “dando prioridad”. Dijo también que no podía asegurar que estuviera finalizado antes de fin de año.
Solo queda una sesión del CDC en 2021, el martes 21, por lo que los consejeros estiman que el caso quedará para ser resuelto el año que viene, luego del receso de verano.
Algunos consejeros dijeron a la diaria semanas atrás que temían que el tema quedara para el próximo año, porque la Asamblea General del Claustro debe designar nuevas delegaciones al CDC. “Sería tremendo” si pasara el verano, coincidieron varios de los académicos consultados por el matutino.
Entre los integrantes del CDC se manejan “con la mayor cautela debido a que se trata de un tema muy sensible y delicado”, dijo una de las fuentes consultadas por Búsqueda. Delegados de los tres órdenes universitarios —docentes, estudiantes y egresados— acordaron “evitar toda filtración a la prensa” hasta no procesar el tema a la interna del consejo.
Para ratificar la expulsión se requieren dos tercios del total de votos del consejo.
Si bien “nunca está dicha la última palabra”, una de las fuentes indicó que “para el CDC es fuerte que llegue un planteo de un consejo por unanimidad”. De todos modos, dijo, “todos los consejeros deberán leer el expediente completo, la posición de la ONSC, formar sus opiniones, discutir y votar”.
Información Nacional
2021-12-09T00:27:00
2021-12-09T00:27:00
