Caso Marset: Cancillería no investigará cómo un documento interno clave llegó al asesor de Lacalle Pou

Esos mensajes dejaban claro que el gobierno sabía que Marset era un narco pesado y peligroso en la época en la que tramitaba el pasaporte uruguayo desde una prisión en Dubai. Durante una interpelación por el tema, los ministros habían dado otra versión.

Sin embargo, poco después y ante el pedido de la Justicia, Ache cumplió. El 24 de noviembre de 2022, día que vencía el plazo para cumplir con el fallo, entregó en el despacho del ministro un sobre cerrado que contenía el acta notarial con copia de los chats. Además, dejó registro de ese movimiento en un expediente electrónico de Cancillería.

El acta notarial no fue entregada al juzgado, sino que terminó en manos de Lafluf. El entonces asesor del presidente convocó a Ache a una reunión en el piso 11 de la Torre Ejecutiva el 25 de noviembre y le sugirió que entrara por el garaje. En el encuentro, según la entonces vicecanciller, ella y Maciel eliminaron los chats de sus celulares. Lafluf le pidió que consiguiera otro escribano para certificar que no tenía los mensajes y que, por lo tanto, era imposible entregarlos a la Justicia.

Ache se fue sin confirmar su decisión y al día siguiente le informó a Lafluf que no acudiría a un escribano. Después de hablar por teléfono con el presidente Luis Lacalle Pou, el asesor la volvió a contactar para decirle que tenía que presentar el acta notarial otra vez porque la que había entregado en el despacho del ministro ya no existía. Él la había destruido.

“¿Cómo llegó el protocolo desde el despacho del ministro a las manos de él (Lafluf)? Desconozco. Y no sé si fue así o no, eso fue lo que me dijo”, declaró Ache en Fiscalía.

La respuesta a esa interrogante no surgirá desde Cancillería, al menos por ahora, según surge de la respuesta a un pedido de acceso a la información que realizó Búsqueda para conocer si el ministerio había iniciado una investigación administrativa por el tema.

“Comunico que esta Secretaría de Estado no inició, hasta la fecha, investigación administrativa en relación a los hechos aludidos en atención a que los mismos son objeto, entre otros, de la investigación preliminar llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de ler Turno”, dice la respuesta firmada por el canciller Omar Paganini. Hasta esa confirmación obtenida por vía legal, el ministerio había optado por no confirmar si había iniciado una investigación o no.

El segundo punto de la respuesta de la Cancillería recuerda que “de acuerdo a lo previsto por el artículo 259.2 del Código del Proceso Penal, las actuaciones de investigación preliminar llevadas a cabo por el Ministerio Público ‘serán reservadas para los terceros ajenos al proceso’”. El ministerio no explica en su respuesta por qué hace mención a esa disposición del Código del Proceso Penal, cuando de hecho no inició una investigación propia que pueda ser considerada reservada.

Después de las denuncias de Ache, divulgadas por Búsqueda, el fiscal Alejandro Machado, que investiga la entrega del pasaporte a Marset, abrió otra indagatoria para determinar si Lafluf y los otros integrantes del gobierno involucrados cometieron algún delito. Uno de los puntos a determinar es si el documento que destruyó Lafluf, hecho que dio por bueno el presidente Luis Lacalle Pou en una conferencia de prensa, era parte o no de un expediente.

La apertura de una causa penal no es impedimento para que un ministerio desarrolle una investigación interna, porque hay conductas que pueden ser pasibles de sanción administrativa sin ser delitos, dijo un experto a Búsqueda.

Bustillo, que debió renunciar al cargo de ministro como consecuencia de las denuncias de Ache, es todavía funcionario del servicio diplomático. Además, quien era el jefe de Jurídica cuando ocurrieron los hechos, Carlos Mata, fue designado semanas atrás como embajador ante la oficina de Naciones Unidas en Ginebra. Mata firmó un documento en el que quedó constancia de que recibió “por segunda vez” los chats.