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    Cinco “avances” privatizadores que advierte el director de Cabildo Abierto de UTE

    Aprovechando la “siesta veraniega”, el Ministerio de Industria decretó un nuevo cambio en el mercado mayorista con el fin de optimizar el “despacho de energía eléctrica”, afirma Enrique Pées Boz

    A pedido de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) decretó un nuevo cambio en el mercado mayorista de electricidad con el fin de optimizar el “despacho de energía eléctrica”.

    Para el director de UTE por Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz, con esta esta disposición ministerial se aprovechó “siesta veraniega” para apresurar “retiro del Estado”, y es un eslabón más de lo que considera una “estrategia de largo plazo para la privatización” de ese mercado.

    El decreto —publicado por el MIEM el 29 de enero— sustituye a la Ursea por la Administración del Mercado Eléctrico (Adme) en algunas responsabilidades, explicó Pées Boz en un documento en el que analiza la normativa y que compartió a Búsqueda. Antes del cambio regulatorio, la aprobación en el cálculo de algunos precios correspondía a la oficina cuyo directorio está integrado por tres representantes del Poder Ejecutivo (dos del oficialismo y uno de la oposición). En Adme, en tanto, hay una mayor participación del sector privado, ya que dos de los integrantes representan a los generadores y grandes consumidores.

    “Ahora el proceso privatizador del MIEM avanza sobre la propia programación, precios y transacciones, abandonando el Estado su directa responsabilidad ejercida hasta el 29 de enero”, interpretó el director cabildante.

    Pées Boz asegura que la “privatización” del sistema de la energía eléctrica se inició en 1997. Su “primer avance” —como lo define en ese documento— fue la creación de la Adme, un “organismo público-privado” que formó “parte activa” de este “gradual” proceso.

    El “segundo avance” fue la firma de los contratos PPA (Power Purchase Agreement) con los generadores privados durante la denominada “primera generación del cambio de la matriz eléctrica”, en períodos del Frente Amplio. El “tercer avance” es la “segunda generación” de ese proceso, en el que el MIEM, en el actual gobierno, promovió diversas iniciativas como el hidrógeno y la movilidad eléctrica.

    El “cuarto avance” que identifica Pées Boz refiere a una serie de decretos que habilitó un “mercado paralelo” (de “clientes libres” de UTE), un paso que era “previsible” que diera el sector privado. “Agotada la posibilidad de conseguir más contratos PPA, los mismos generadores privados que crearon las condiciones más adecuadas a sus intereses, al mismo tiempo que las tarifas más caras de la región, ahora intentan conseguir para sí a los grandes consumidores privados, los mismos que tienen a sus representantes sentados juntos en el Directorio de Adme”, cuestionó Pées Boz.

    En el “quinto avance” está incluido el decreto aprobado en enero. Esta etapa, según el jerarca, está caracterizada por la “retirada” del Estado. Se trata de un “nuevo intento de apoderamiento de la demanda rentable” del mercado eléctrico uruguayo de parte de los productores privados de energía eólica, fotovoltaica o biomasa. Utilizan, aseguró, el “cambio climático como emblema” y a ministerios y oficinas públicas como “trampolín”.

    Peés Boz había cuestionado como otro mojón de la privatización el contrato que UTE firmó con UPM por su segunda planta de celulosa, por entender que obliga al ente por 20 años a comprar los excedentes que la muntinacional produce pero no requiere.