Mientras aguarda el informe de la asesoría letrada sobre el caso del inmueble 511, ubicado en el departamento de Artigas, donde figuran como colonos propietarios el senador de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos; su esposa, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y su suegro, Roque Moreira, el Directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) evalúa solicitar una asesoría jurídica externa en ese asunto, según pudo averiguar Búsqueda.
Es que el INC consultó a la Auditoría Interna de la Nación (AIN) sobre la posibilidad de hacer un examen del caso, pero ese órgano estatal de control de organismos públicos respondió que esa tarea “no está dentro de sus competencias”, dijeron las fuentes consultadas.
Contaron que para hacer esa investigación la AIN sugirió la contratación de algunos técnicos de esa repartición, funcionalmente desconcentrada del Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Economía y Finanzas, pero que también hacen trabajos en el sector privado.
La AIN tiene un perfil más bien especializado en los controles del manejo financiero y los balances contables, y no tanto en cuanto a la evaluación de la conducta o disciplina de los funcionarios, indicaron los informantes.
Ese organismo tiene como visión el objetivo de ser el referente técnico y asesor de confianza, que asuma y promueva cambios para contribuir a la mejora de la gestión pública y la transparencia, generando un entorno confiable tanto para el sector público como para el privado. Así lo establece en su sitio web, basándose en el marco legal correspondiente.
Lo cierto es que desde la divulgación, por parte de Búsqueda, en marzo, del informe de Inspección General realizado en el inmueble 511, donde “el grupo familiar compuesto por el Palomar S.A. (Roque e Irene Moreira) y Guido Manini Ríos concentran el 96% de la superficie afectada a Colonización”, no hubo hasta el momento una resolución del directorio sobre el caso.
Por tal motivo es que esa instancia directiva denegó la solicitud realizada por el senador y líder de CA, mediante sus abogados, de “darle vista” al expediente en proceso.
El Directorio del INC tomó esa determinación ante el pedido de Manini Ríos, amparándose en el decreto 500/1991, señalaron los informantes.
El decreto refiere a la aprobación del procedimiento administrativo y disciplinario aplicable al funcionario público; y reformó las normas generales al respecto previstas en un decreto de 1973.
Una vez que se llegue a una resolución a partir del informe de la Asesoría Letrada de Colonización y de otras consultas previstas a juristas privados, entonces sí podrá permitirse el acceso al pedido de vista de los interesados, como en este caso sucede con el grupo familiar Moreira y Manini, comentaron.
Instituto Nacional de Colonización. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
Farsa y patraña
En los últimos tiempos hubo una “presión” casi permanente de los involucrados, como la del coronel retirado Roque Moreira, que formuló varias consultas telefónicas a autoridades del INC para interiorizarse del tratamiento del caso, según supo Búsqueda.
De hecho, el martes 3 el senador Manini Ríos habló sobre el tema al ser entrevistado en radio Montecarlo y se manifestó crítico respecto a la difusión del informe y a la gestión de Colonización, que es un ente estatal autónomo.
“Fue una gran farsa, una gran mentira, acusar de colono a quien nunca lo fue, cuando claramente nunca lo fue en un campo que nunca fue utilizado por Colonización y que fue vendido por remate público hace más de medio siglo”, declaró.
Señaló que Colonización “jamás hizo un acto administrativo” sobre ese campo.
“Se le dio largas al asunto diciendo de que se iba a hacer un informe de Jurídica” del INC, “que no entendemos cómo a casi dos meses todavía no se hizo”, cuestionó.
Y criticó a Colonización por la demora en expedirse sobre el tema, al decir que “el informe si tenía todos los datos que decía que tenía, tendría que haber salido en 48 horas”.
“Se armó una patraña para buscar ensuciar la cancha a una semana del referéndum” sobre la Ley de Urgente Consideración, acusó Manini.
Y advirtió que está “esperando ese informe para hacer la contestación con toda la contundencia del caso”.
Consultado sobre la eventualidad de llevar el caso a la Justicia, el senador de CA dejó “todas las posibilidades abiertas”, y no descartó esa alternativa.
Roque Moreira. Foto: Desayunos Informales, Canal 12
Antecedentes del caso
En octubre de 2021 se realizó la inspección técnica por parte de funcionarios de Colonización en el inmueble 511, ubicado en la 4a Sección catastral de Artigas en el paraje denominado Yacaré Cururú, a solicitud de la “superioridad” con el fin de determinar cuál es el estado de situación y explotación de las fracciones 1, 2, B1 y B2, quiénes son sus propietarios y si cumplen o no con la normativa vigente del INC (Búsqueda Nº 2.167).
“El grupo familiar compuesto por Roque e Irene Moreira y Manini Ríos maneja y explota unas 4.350 hectáreas en propiedad, de las cuales 2.856 hectáreas están afectadas a la Ley 11.029”, según el informe de Inspección General de Colonización.
Sostiene que “las escrituras de compraventa fueron realizadas en infracción al artículo 70 de la Ley 11.029, las escrituras eran nulas de pleno derecho, siendo convalidadas por imperio de las leyes 18.187 y 18.756”.
“De acuerdo a lo informado por el Área de Administración de Colonias, los titulares de las fracciones que componen el inmueble 511 no han registrado la inscripción de los títulos de propiedad”, concluye.
Ese informe no fue tratado por el directorio, ya que se declaró el expediente como “confidencial” o “reservado”, por lo que en su divulgación hubo responsabilidad de algunos funcionarios, dijeron a Búsqueda las fuentes. Adelantaron que cuando la asesoría letrada se expida se le dará vista al informe, para luego analizar alguna resolución al respecto.