Con la actividad económica reducida y más teletrabajo, cayó la accidentalidad laboral al inicio de la emergencia sanitaria

También disminuyó el monto pagado por el BSE si el accidentado requiere una atención médica mayor a dos días (“renta temporaria”): fue de 21,5 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación en el primer cuatrimestre, contra los 23,9 millones de UI que abonó en igual lapso del 2019. Esa reducción de 10% se vincula directamente con la cantidad de accidentes, dijeron.

En 2019 los trabajadores en el medio rural, en la industria frigorífica, la construcción, en comercios, restaurantes y hoteles fueron los que sufrieron más accidentes laborales el año pasado. Por mes, hubo —en promedio— 2.790 trabajadores siniestrados, lo que totalizó 33.486 casos; fue un 1% más que en 2018. Pero el año pasado la gravedad disminuyó: fallecieron 30 personas, contra el medio centenar del 2018, según las estadísticas del BSE a las que accedió Búsqueda.

Con el incremento del desempleo y la menor actividad económica, la venta de estos seguros disminuyó levemente el año pasado (–0,6% en términos reales).

Desde 2012 se venía registrando una disminución en los niveles de accidentalidad en el trabajo en Uruguay. Pero, como si se hubiera alcanzado un piso, la cantidad de siniestros comenzó a incrementarse levemente en 2018 (pasó de 33.031 en 2017 a 33.126), y el ritmo de aumento se profundizó en 2019 (con 360 accidentes más).

En 2020 algunos rubros como el de la salud y los servicios vinculados están teniendo un año especial, probablemente con más casos de lo habitual por haber estado expuestos al contagio de la enfermedad. De hecho, a fines de marzo el gobierno implementó una renta temporaria —por el máximo de 45 días— para los trabajadores de la salud privada (médicos y no médicos) afectados por este coronavirus, que se categorizó como “enfermedad profesional” mientras dure la emergencia sanitaria (Búsqueda Nº 2.065).

Esa mayor erogación quizás pueda ser compensada este año por un cambio en la aportación del sector rural, establecido en la ley de contratos de seguros No 19.678 que comenzó a aplicarse desde enero. Hasta el año pasado, los accidentes de trabajo en el agro se cobraban junto con el aporte unificado del Banco de Previsión Social (BPS), según un porcentaje del aporte patronal. Ello variaba en función de las hectáreas y características del establecimiento, sin considerar la cantidad de empleados. Pero ahora las empresas rurales pasaron a tener una póliza de accidentes laborales individual, cuyo precio se fija, como en otras actividades, según una tasa que se aplica a la suma de los salarios declarados ante el BPS.

Como en el corto plazo ello significaba un incremento relevante para algunas empresas agropecuarias, el BSE estableció un sistema gradual por el que el asegurado paga el 40% del valor que surja del nuevo régimen en el primer año, el 60% en el segundo, 80% en el tercero y 100% al cuarto año. A su vez, resolvió que en 2020 ninguna firma del sector rural pague por este concepto más del 15% en relación a 2019.

Sectores.

En todo el año pasado hubo 33.486 trabajadores accidentados en el país.

El sector rural encabezó la siniestralidad con 4.058 casos. Le siguió la construcción (3.102 accidentes), frigoríficos (2.033), clínicas médicas, hospitales y sanatorios (1.703), almacenes, fiambrerías, verdulerías, lecherías (1.544), restoranes, hoteles, bares, clubes (1.246), empresas de limpieza de oficinas (1.023) y las de transporte y personal de carga y descarga de mercaderías (813). Sumados, esos rubros totalizaron casi la mitad (46%) de los accidentes laborales del 2019.

Por grupo de actividad, los principales incrementos de siniestralidad laboral se dieron en empresas públicas (15%), viñedos, hortifruticultura, criaderos de aves y otras actividades de granja (13%), comercio minorista de la alimentación (12%), industria de la construcción (9%), entidades gremiales, sociales y deportivas (9%), entre otros. En contrapartida, las disminuciones más relevantes respecto a 2018 se registraron en la industria textil (26%), intermediación financiera (33%), forestación (14%), industria gráfica (14%), de productos metálicos (10%) y transporte y almacenamiento (10%), entre otros.

El promedio de días de indemnización temporaria pagada por siniestro fue de 23,8 (2,4 días menos que en 2018), según los datos del BSE. Pero el costo total por ese tipo de pólizas fue en 2019 de 262,6 millones de UI (equivalente a US$ 32,5 millones), 3% más que en 2018 o 6% más medido en dólares. El promedio por siniestro que pagó el BSE de renta temporaria se ubicó en 7.843 UI (unos $ 34.000), mientras que la permanente fue de 2.050 UI (casi $ 9.000).

En tanto, el total pagado por las coberturas correspondientes a la incapacidad permanente superó los 504 millones de UI (equivalente a US$ 62,4 millones), contra los US$ 67,6 millones del año anterior (515 millones de UI).

La atención médica de los lesionados en el trabajo es realizada en el nuevo Hospital del BSE, ubicado sobre la avenida José Pedro Varela, detrás del Hospital Policial.

Desde este año ese sanatorio se incorporó a la actividad docente, al ser acreditado como Centro Docente Asociado a la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en varias especialidades (anestesiología, administración de servicios de salud, traumatología y ortopedia y rehabilitación y medicina del deporte). A partir de abril estudiantes residentes van allí a capacitarse en la casuística que atiende el hospital.