En el verano de 2018 la detención del argentino Marcelo Balcedo en su mansión en Playa Verde ocupó los titulares de los medios locales durante semanas.
El sindicalista, investigado en Argentina por lavado de activos, prácticas extorsivas y vínculos con el narcotráfico, fue arrestado a pedido de ese país junto con su pareja, Paola Fiege. Se incautaron y embargaron sus bienes, desde autos de lujo hasta animales exóticos y millones de dólares en cofres fort, y ambos pasaron un tiempo en la cárcel. Pero hoy, cuatro años después, la pareja recuperó parte de sus bienes, continúa viviendo en El Gran Chaparral, con su vista privilegiada sobre el balneario, y disfruta de una amplia libertad para moverse. Mientras tanto, la Justicia y la diplomacia argentina observan ofuscadas.
Es que los argentinos aspiraban a que ambos fueran enviados de inmediato a su país, junto a los bienes decomisados que, presuntamente, fueron obtenidos mediante actividades ilícitas en Argentina. Sin embargo, Uruguay les inició un proceso penal por los delitos cometidos en el territorio nacional —lavado de activos, contrabando y tráfico de armas en el caso de Balcedo, y asistencia al lavado en el caso de Fiege—, y, si bien concedió la extradición, esta no se concretará hasta que cumplan sus condenas aquí. Tampoco otorgó a Argentina los bienes incautados.
Además, la Fiscalía firmó un acuerdo con la pareja en el cual ellos reconocieron su responsabilidad en los delitos, pero a cambio negociaron rebajar sus penas y recuperar parte del dinero incautado. Argentina criticó ese acuerdo y especialmente que Uruguay les devolviera dinero que podía provenir de actividades delictivas. Y pese a que en 2019 los dos países firmaron un acuerdo marco que establece pautas específicas sobre la disposición de los bienes decomisados en delitos transnacionales, hasta ahora Uruguay no ha respondido a los reiterados reclamos de Argentina para hacerse de ellos.
En el país vecino no bajan los brazos, aunque el malestar crece. En una nota enviada semanas atrás a la Embajada de Uruguay en Buenos Aires, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina pidió a Uruguay que cumpla con sus “obligaciones en materia de cooperación jurídica internacional” y exige una respuesta “positiva” con “la mayor urgencia posible”.
Además, advirtió que si Uruguay continúa incumpliendo sus obligaciones y no da una respuesta favorable a la nota presentada, “se reserva la posibilidad de plantear la cuestión ante los foros regionales e internacionales pertinentes”.
La Cancillería recordó que el arresto de la pareja se realizó a pedido de Argentina “en el marco de una investigación judicial realizada íntegramente” en ese país. “Desde el primer momento, las acciones de las autoridades competentes de la República Argentina, apuntaron, conforme los procedimientos establecidos en los acuerdos internacionales en vigor, por un lado, a que se concediera y concretara la extradición de ambos, y por otro, a lograr la conservación, para el posterior recupero, de los activos vinculados a la causa seguida en la Argentina”, que “presumiblemente, habrían tenido origen en actividades ilícitas llevadas a cabo” en ese país.
En ese sentido, el ministerio señaló que si bien se concedió la extradición, “no se concretó hasta el momento el traslado de ninguno de los dos imputados, ni tampoco se autorizó a que se les pudiera tomar declaración indagatoria —a pesar de que se ofrecieron diversas alternativas para ello”.
Respecto al acuerdo alcanzado por la Fiscalía local con la pareja, Argentina expresó que este “afectó a activos vinculados con la investigación”, los cuales “no fueron resguardados debidamente pese a que la autoridad judicial de la República Argentina había solicitado la cautela de dichos bienes”. Además, a raíz del acuerdo “una parte de estos fueron decomisados por las autoridades uruguayas, otra porción fue devuelta a los propios imputados —sin tener en cuenta las solicitudes de medidas presentadas por la Argentina respecto a dichos mismos bienes— y otra fracción no se tiene la certeza de que se encuentren debidamente cautelados a requerimiento de la República Argentina”, afirmó el ministerio.
Fuentes de la Cancillería argentina dijeron a Búsqueda que existe “malestar” por la ausencia de respuestas y de cooperación de Uruguay.
Bienes incautados y recuperados
En el acuerdo firmado con la Fiscalía, que fue ratificado por la jueza María Helena Mainard en una sentencia de octubre de 2020, la pareja accedió a entregar la suma de US$ 4 millones; el chalet Sounión, en Playa Verde, que tiene un valor estimado de $ 1,3 millones; y cuatro vehículos, dos Porsche, un Chevrolet Camaro y un Land Rover.
Los bienes y el dinero quedaron bajo la administración del Fondo de Bienes Decomisados, que funciona en la órbita de la Junta Nacional de Drogas. Los vehículos fueron subastados y en total, tras descontar los gastos, el Estado uruguayo obtuvo US$ 281.000, informaron a Búsqueda fuentes cercanas al caso. El chalet será subastado una vez que el Fondo consiga hacerse de los títulos de propiedad, ya que Balcedo y Fiege no los tienen y tampoco están en manos de la Fiscalía o de la Justicia.
Otro conjunto de bienes quedaron embargados a pedido de la Justicia Argentina.
En el acuerdo firmado, por otra parte, la Fiscalía accedió a devolverle a la pareja US$ 2,6 millones y $ 26.555. Otros vehículos, motos de agua y jet sky, si bien están embargados, quedaron en manos de Balcedo y Fiege como “depositarios”.
La jueza Mainard, que condenó a Balcedo y Fiege y hoy está a cargo del expediente sobre la extradición a Argentina, explicó a Búsqueda que ambos serán entregados a ese país cuando finalicen el cumplimiento de su pena en Uruguay. Ante las solicitudes de la Justicia de Argentina para interrogar a la pareja, el juzgado resolvió que deben “esperar” a que sean enviados a Argentina para hacerlo, indicó Mainard. Añadió que fueron ordenados todos los embargos solicitados por Argentina sobre los bienes en poder de la pareja.
Respecto a los bienes incautados por Uruguay y si corresponde entregar la totalidad o una parte a Argentina, la jueza explicó que el asunto está en manos del Poder Ejecutivo, y que no es competencia de su juzgado.
Lo mismo dijeron desde el Fondo de Bienes Decomisados, ya que explicaron que su rol se limita a resguardar y administrar los bienes. La decisión sobre si entregarlos a Argentina corresponde al gobierno, precisaron.
Navidad en Punta del Este
El expediente penal de Balcedo y Fiege está ahora en manos del Juzgado de Ejecución de Maldonado de 1er turno, a cargo de la magistrada Vivianna Barlocco. Ese juzgado es responsable de controlar el cumplimiento de las condenas. La jueza Barlocco informó a Búsqueda que la pena de Balcedo se cumplirá en octubre de 2024, y que es entonces cuando podrá concretarse su extradición. En el caso de Fiege, la condena estará cumplida en febrero de 2023.
Fiege consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria en mayo de 2018 y actualmente se encuentra en régimen de libertad vigilada, lo que le exige presentarse una vez por semana en la seccional policial de la zona. Balcedo salió de la cárcel en diciembre de 2018 y tras cumplir prisión domiciliaria, ahora está en régimen de libertad vigilada intensiva. Puede circular durante el día pero debe cumplir prisión domiciliaria en la noche, desde las 22:00 hasta las 6:00, y también tiene que presentarse semanalmente en la Policía. Ambos están impedidos de abandonar el país. La jueza Barlocco dijo que el cumplimiento de las medidas está “estrictamente controlado”.
Recientemente el abogado de Balcedo solicitó al Juzgado de Ejecución un permiso especial para que las noches del 24 y 31 de diciembre lo autorice a cenar fuera de su hogar con su familia, en un restaurante de Punta del Este. No obstante, la jueza Barlocco lo denegó “en virtud de la gravedad de los delitos cometidos”.
En una entrevista publicada el lunes 27 en Ámbito, Balcedo dijo que su causa en Argentina fue producto de una persecución liderada por el gobierno de Mauricio Macri contra los sindicatos.
Información Nacional
2021-12-29T23:56:00
2021-12-29T23:56:00
