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En los pasillos de la Torre Ejecutiva la importancia de Miguel Ángel Toma nunca pasa desapercibida. Los empleados conocen bien la trascendencia para el funcionamiento del gobierno de este jerarca escrupuloso que jamás abandona su maletín. Una tarea expeditiva y sigilosa que lidera todo el bagaje administrativo diario que debe solventar la Presidencia de la República. Una tarea que, sin embargo, con el paso del período se ha vuelto más política y más expuesta por circunstancias propias y ajenas que Toma debió o que directamente quiso asumir.
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La última de ellas fue una denuncia al juez letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4º turno, Carlos Aguirre. El secretario de la Presidencia esgrimió ser ofendido por afirmaciones que Aguirre hizo el 14 de octubre durante la audiencia que, tras el reclamo del senador Pablo Mieres, ordenó a la Presidencia a retirar de su sitio web dos artículos en donde el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, criticaba a la oposición.
Este lunes 4 la Suprema Corte de Justicia expresó que no existe “mérito suficiente” para disponer la realización de una investigación administrativa, ya que “no resultan de recibo” los agravios expresados por Toma. La resolución es particularmente dura contra una supuesta “convivencia” que Toma denunció entre Aguirre y Mieres: “Carece de todo fundamento. Una imputación de tal gravedad requería una formulación sustancialmente precisa, en lugar de la que se articula, basada en meros comentarios de terceros, a partir de los cuales se extraen simples conjeturas”.
La situación volvió a poner a Toma en el foco público, algo que al comienzo del gobierno no estaba previsto. Tabaré Vázquez lo eligió para el cargo de secretario de la Presidencia por su “amplio” conocimiento legal, su “solvencia” y su “discreción”, coinciden en señalar diversos integrantes del Poder Ejecutivo. Una mano derecha fiel y silenciosa que le asegurara tranquilidad en el trabajo sobre contratos, juicios, decretos, resoluciones y proyectos de ley. La relación laboral entre ambos se profundizó desde marzo de 2015, con un Vázquez más aislado de ministros y legisladores oficialistas que en su primer gobierno y por tanto más dependiente de un pequeño círculo de confianza para las decisiones políticas.
“Me consta que el ministro Jorge Menéndez hablaba con Toma de estos temas. Él me lo decía. El interlocutor que tenía el ministro para todos los problemas del Ejército era Toma, porque Vázquez, salvo en los consejos de ministros, no lo recibía. Las veces que hablé con el ministro me decía: ‘Voy a hablarlo con Toma’”, señaló el ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, sobre la relevancia de Toma más allá de la gestión administrativa (Búsqueda Nº 2.040), un rol que quedó manifestado en febrero con el caso de las confesiones del militar retirado José Nino Gavazzo: el fiscal Rodrigo Morosoli investigó a Toma sobre su proceder ante Vázquez luego de que fuera informado de que Gavazzo testificó ante un Tribunal de Honor que en 1973 había hecho desaparecer el cadáver del militante tupamaro Roberto Gomensoro.
Viva la lucha
La salud de Vázquez —primero con un problema en su espalda que le dificultaba caminar y luego con el tratamiento por un tumor pulmonar— delegó a partir de 2018 en Toma más responsabilidades y un aumento de su exposición.
Su actuación fue elogiada por la comunicación oficial tras el fallo de cadena perpetua que en julio la Justicia italiana realizó en segunda instancia sobre un jerarca civil y 12 militares uruguayos por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor. Tras la sentencia, Toma abandonó su habitual prudencia para criticar fuertemente a Luis Almagro, actual secretario general de la Organización de Estados Americanos y excanciller durante la administración de José Mujica. “Lo que hizo Uruguay cuando estaba Almagro fue muy poco y fue paupérrimo. Lo que hizo el gobierno desde 2015 fue entregar la documentación autenticada, traducida, legalizada y con el proceso de admisibilidad. ¿Usted sabe cómo anteriormente se manejaba la prueba? En pendrive. No tiene fuerza ni valor probatorio”, dijo a radio Sarandí luego de que Almagro cuestionara la estrategia de Uruguay en la apelación.
Semanas atrás Toma presentó un conjunto de pruebas ante el Público Ministerio de la Fiscalía de la República de Roma sobre la responsabilidad del exmilitar Jorge Tróccoli en el secuestro y el homicidio de la italiana Rafaela Filipazzi, desaparecida en Montevideo en junio de 1977, y en el secuestro y la complicidad en el homicidio de Elena Quinteros, desaparecida en 1976. “El gobierno nacional mantiene viva la lucha por la verdad y la justicia”, señaló Toma el 16 de octubre en el sitio web de Presidencia, con una galería de fotos que lo muestra sentado en un escritorio rodeado por los documentos.
Las elecciones, con varios ministros enfocados en la campaña y de licencia, reforzaron en estos meses el protagonismo de Toma, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales. Otra de las notas destacadas recientemente en el sitio web de Presidencia es la victoria del Estado sobre la empresa Nuevo Siglo, que demandó a Uruguay por US$ 85 millones por la supuesta omisión en el otorgamiento de licencias de transmisión de datos y acceso a Internet solicitadas en 2008, que la compañía considera la afectó frente a competidores extranjeros. A lo largo del período todas las defensas en los juicios internacionales contra el país son coordinadas por Toma, quien en marzo brindó una conferencia de prensa para anunciar que Uruguay había ganado procesos judiciales ante la estadounidense Italba Corporation y la brasileña Conecta SA.
