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    Crimen y economía: la delincuencia genera un “impacto económico” de 8% del PIB en Uruguay

    La prevención y el combate al crimen conllevan, además de gasto público financiado por impuestos, otros realizados por las empresas y los hogares

    Con sus 34.000 vínculos laborales, el Ministerio del Interior (MI) tiene la plantilla más extensa de todos los incisos de la administración central y es también el que cuenta con mayores recursos, superando la cuarta parte del presupuesto nacional. A ese gasto en la acción policial que hacen los uruguayos solventado con impuestos se agregan otros particulares en, por ejemplo, alarmas, rejas, cámaras, vigilancia privada, pólizas, cofres de seguridad y hasta armas como protección frente a la delincuencia. El crimen y la inseguridad tienen costos económicos directos y colaterales.

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    Uruguay siguió siendo el país “más pacífico” de América del Sur por cuarto año, aunque bajó 0,4% su puntuación en un índice calculado por el Institute for Economics and Peace (IEP) y quedó en la posición 50 en un ranking que, en la edición de 2023, abarcó a 163 economías del mundo. Según este think tank con base en Sídney, el descenso obedeció al “aumento de las manifestaciones violentas” y de la tasa de encarcelamiento, así como a una mayor “inestabilidad” política en 2022. Aunque no profundiza en ese último punto, cabe inferir alguna relación con el estruendo que produjo la detonación del “caso Astesiano”, el jefe de la custodia presidencial que, entre otros negociados, vendía pasaportes truchos a extranjeros y terminó preso.

    El IEP también publica un cálculo de los efectos económicos de la violencia expresados en poder de paridad de compra (dólares “internacionales”, para hacerlos comparables entre países). En Uruguay, el “impacto” fue de US$ 9.604 millones —equivalentes a 8% del Producto Interno Bruto (PIB) y a US$ 2.806 por habitante—, a la vez que el “costo” lo estimó en US$ 6.075 millones.

    En la metodología utilizada, ese impacto de la violencia se define como el gasto y el efecto económico relacionados con la contención, la prevención y el hacer frente a las consecuencias de la violencia ciudadana. Los costos directos incluyen las consecuencias inmediatas para las víctimas, los delincuentes y los sistemas públicos de salud, judiciales y de seguridad; el indirecto se refiere a costos a más largo plazo, como la pérdida de productividad resultante de los efectos físicos y psicológicos, así como la incidencia de la violencia en la percepción de seguridad en la sociedad. El análisis considera, además, el efecto multiplicador, que representa los beneficios económicos que se generarían de desviar el gasto de costos hundidos —como el encarcelamiento de los delincuentes— hacia fines más productivos.

    En países alcanzados por conflictos bélicos, crisis internas o el terrorismo, el costo económico de la violencia en términos de PIB es enorme: 67% en Ucrania, 43% en Afganistán, 40% en Sudán y 32% en República Centroafricana. En la región, en tanto, es algo menor, como los 29 puntos del Producto de Colombia, los 15 de El Salvador y el 11% de Brasil; en el resto de los países sudamericanos oscila entre 7% (Argentina) y 5% (Paraguay).

    Para académicos, centros de análisis y organismos internacionales, esta temática ganó atención en los últimos años.

    “En el Cono Sur, donde las tasas de homicidio no son tan altas en términos regionales, hay elevados niveles de delitos contra la propiedad. Las tasas de hurtos en Uruguay y Argentina están por encima de los 1.000 por 100.000 habitantes”, señala uno de esos trabajos, titulado Fronteras en la economía del crimen: lecciones para América Latina y el Caribe, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a fines de 2018. El año pasado ese organismo creó en Internet un “banco” o “plataforma de evidencias” donde recoge y comparte “soluciones de seguridad ciudadana y justicia con evaluaciones rigurosas de su efectividad” implementadas en la región; entre 700 casos evaluados, Uruguay aparece mencionado en uno, por la aplicación, como en otros países, del “policiamiento de Puntos Calientes”, que refiere al patrullaje de ciertos microespacios (cuadras, esquinas o plazas) que concentran eventos delictivos de manera desproporcionada y tienen características que atraen la actividad criminal.

    También el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha incorporado crecientemente el asunto a su agenda. Un reciente análisis citado en su blog plantea que la interacción entre la actividad económica y la criminalidad es sutil: una economía en expansión permite reducir la delincuencia, a la vez que una menor delincuencia impulsa la actividad económica, si bien estos dos factores se ven afectados por otros, como la solidez del Estado de derecho. Señala que bajar los crímenes en América Latina al nivel promedio mundial elevaría el crecimiento económico anual de la región en medio punto, lo que equivale a alrededor de un tercio del aumento que tuvo su PIB entre 2017 y 2019.

    Delito y gasto público

    El presupuesto del MI rondó los US$ 962 millones en 2022. En ese año se crearon 650 cargos nuevos para policías ejecutivos; se adquirieron 150 camionetas, 50 autos y 90 motos; y se instalaron 660 cámaras de vigilancia en 182 sitios donde no había. Algunas acciones contra la delincuencia involucran, también, al Ministerio de Defensa (cuyo presupuesto fue de US$ 619 millones en 2022), como el patrullaje de frontera para combatir el contrabando, el abigeato o la incautación de droga y armas.

    En todo el país, el año pasado hubo 112.747 hurtos denunciados o consumados, un descenso de 2,7% frente al anterior, si bien el MI admite que la lentitud en el procesamiento estadístico seguramente subestime “algo” esa cifra. A su vez, en 2023 se reportaron 22.390 rapiñas (20.253 “consumadas”), una baja de 4,4%. La mayoría fueron asaltos con uso de fuerza o mediante amenazas a personas que caminaban por las calles (11.878), y entre las otras denuncias hubo de comercios (1.412), repartidores (1.177), taximetristas (701) y en ómnibus (353). Del total de rapiñas, 13.320 fueron cometidas con armas de fuego, que también son protagonistas en muchos asesinatos.

    Se quebró la tendencia de esos delitos, dijo el presidente Luis Lacalle Pou, al hacer balance ante la Asamblea General el sábado 2.

    Después de algunas oscilaciones, en 2022 la tasa de homicidios volvió a subir y alcanzó a 10,7 víctimas por cada 100.000 habitantes, superando la media de los últimos 10 años (9,1), conforme con datos del ministerio. Las autoridades policiales asocian este fenómeno con disputas por el negocio narco, entre otros factores.

    Gonzalo Croci, doctor en Ciencias de la Seguridad y el Crimen por la University College London y máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford, afirma que Uruguay es el país con mayor proporción de armas por habitante en América Latina, “lo que facilita la violencia”. Según dijo en una entrevista enfocada en las organizaciones criminales publicada en febrero por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) —que en 2023 creó un Monitor de Seguridad con el fin de “tener un ojo puesto sobre un tema de altísima sensibilidad para las decisiones de inversión” en el país—, “ahí hay un problema muy específico que necesita soluciones específicas relacionadas a políticas de control de armas. Podrían ser leyes de bandera roja, períodos de espera obligatorios, la prohibición de armas de asalto, los requisitos para la concesión de licencias, entre otros. Por otro lado, para reducir la capacidad del crimen organizado de reclutar individuos hay que llevar al Estado a las comunidades fragmentadas del resto de la sociedad. Estos grupos explotan vulnerabilidades como la pobreza, la falta de educación y las limitadas oportunidades de empleo, atrayendo a las personas hacia actividades delictivas”. Para Croci, si se busca reducir la capacidad de “comprar´” violencia, hay que “atacar el dinero” que se produce por los mercados ilegales —de drogas, tráfico de armas, el contrabando, la minería ilícita, los crímenes financieros, la trata de personas—, que luego, para usarlo, “se debe, sí o sí, lavar” esa plata sucia. “Cada una de estas piezas necesita un paquete de soluciones distintas”, sostiene.

    “No quiero dar a entender que el Estado uruguayo es un Estado corrupto en sí; no existe una corrupción sistémica en el Uruguay. Toda la información que tenemos y los estudios e índices internacionales dicen lo contrario. Pero hay que entender que el crimen organizado no necesita corromper a un senador o a un ministro para que sus actividades ilegales funcionen. Lo que necesita es comprar al oficial de frontera y al funcionario de aduana, y con eso está todo pronto. Claro, podría llegar a ser más, bastante más…, y el Estado uruguayo debería estar preparado para esa posibilidad. Hay que atacar al pulpo, pero también defenderse de él”, aconseja Croci, a quien Ceres presenta como un consultor habitual sobre crimen organizado para entidades como el BID, la Oficina del Alcalde de Londres para la Policía y el Crimen y la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.

    El uso de Uruguay como vía de tránsito para cargamentos de cocaína es una preocupación creciente para las autoridades europeas. Después de que algunos contenedores con droga oculta que pasaron de largo por el Puerto de Montevideo llegaron a terminales europeas, donde se detectó el ilícito, la Aduana uruguaya reforzó recientemente su plantilla y próximamente incorporará tres escáneres con una inversión de US$ 40 millones (aunque no está claro qué porcentaje de la carga será capaz de monitorear con estos nuevos equipos).

    La penetración de las drogas en Uruguay es vista con inquietud, también, por algunos empresarios. “El narcotráfico” es una preocupación porque “afecta a la sociedad en su conjunto, en todas las áreas, incluso en la reputación”, así como la “actividad comercial” y “al desarrollo del país”, declaró la semana pasada en Búsqueda el presidente de la Cámara de Comercio y Servicio -CCSU-, Julio Lestido (Nº 2.266).

    Gasto privado

    Un hogar uruguayo medio gastó el equivalente al 0,2% de su consumo anual en artículos y servicios relacionados con la seguridad, calculó Búsqueda a partir de los microdatos de la última Encuesta de Gasto e Ingreso de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de un rubro con menor peso que, por ejemplo, la educación o la recreación y la cultura —que significaron 6% y 3%, respectivamente—, aunque sumando todo lo erogado por los hogares en 2016 no fue un monto menor: US$ 55 millones calculado al tipo de cambio de ese año. Eso incluye seguros y láminas protectoras para el auto, rejas y alarmas para la vivienda, además de cajas fuertes y el servicio de vigilancia.

    La seguridad privada es un negocio que visiblemente creció en las últimas décadas, si bien no hay demasiados datos públicos para dimensionarlo. En la actualidad, ante la Dirección General de Fiscalización de Empresas vinculadas o de giros anexos al rubro hay registradas unas 265 compañías, algunas grandes como Prosegur, Grupo Gamma o Securitas —uno de cuyos empleados fue asesinado y quemado dentro de una garita de vigilancia en una cantera en Carrasco Norte, el lunes 4, aparentemente para robarle el arma y su moto­— y otras menos conocidas, como Guns & Ammo, Patrulla3 y Q’stodia. Son servicios que contratan familias y empresas, y también el Estado, para vigilar sus dependencias.

    Para el sector comercial, la seguridad es un rubro del presupuesto con más o menos peso —dependiendo del giro—, aunque en ningún caso nimio. En algunos Observatorios económicos departamentales publicados en los últimos meses por la CCSU se menciona la “inseguridad” y los “robos” como preocupaciones señaladas en encuestas por los empresarios, si bien no son las principales. A su vez, mediante una carta fechada el 15 de febrero dirigida a autoridades ministeriales y departamentales, vecinos de Cordón Sur aseguraron sentirse “desamparados” ante “una creciente ola de delincuencia que afecta a todos los habitantes y comerciantes del barrio, que sufren robos, hurtos, rapiñas, vandalismo, violencia y otros delitos”, informó El País el domingo 3 y luego amplió Montevideo Portal. Al cerrar los locales comerciales el barrio se transforma en una “especie de zona liberada”, añaden, y denuncian escasa presencia policial.

    El año pasado se contrataron en el país seguros contra hurtos por el equivalente a casi US$ 51 millones, lo que en valores reales fue algo menos (–4,5%) que en el anterior. De estadísticas informadas por el Banco Central analizadas por Búsqueda surge, a su vez, que los siniestros por robo pagados por las compañías aseguradoras rondaron los US$ 10 millones.

    Los automóviles tienen una póliza específica que cubre siniestros de tránsito y también el robo. Pero la inseguridad conlleva otros microcostos para los dueños de coches, cuando éstos quedan en la calle. Según un informe del programa Las cosas en su sitio de Radio Sarandí difundido el 20 de febrero, son 703 los cuidacoches anotados ante la Intendencia de Montevideo y hay 709 personas indigentes no inscriptas que cumplen esa tarea detectadas en una encuesta del Ministerio de Desarrollo Social. Un sindicato de cuidacoches mantiene conversaciones con el gobierno departamental pidiendo un “ingreso mínimo básico”, baños químicos, ropa de lluvia y poder utilizar POS para cobrar la “propina”; en la emisión del informe sobrevoló la “discusión filosófica de si lo que hace el cuidacoches es trabajo o no”.

    Barrios e inmuebles

    Según el estudio del FMI, la delincuencia “entorpece la acumulación de capital, posiblemente porque disuade a los inversores que temen al robo y la violencia, y merma la productividad, dado que tiende a desviar los recursos hacia actividades menos productivas”, como la seguridad de las viviendas.

    Los agentes inmobiliarios tienen claro que el mercado en el que ellos operan es, en parte, un termómetro de la inseguridad: las zonas calientes —o rojas— valen menos, también por estar generalmente más alejadas del Centro y disponer de peores servicios de transporte u otros. Eso es válido para una casa y quizás más para un local comercial o de oficinas, ya sea en sus precios de compraventa o de arrendamiento.

    Casavalle, el barrio en el que hubo mayor número de denuncias de rapiñas el año pasado según las estadísticas del MI (916; 5% del total), es donde los alquileres de viviendas son más baratos en Montevideo. En enero, antes de la polémica inauguración del Centro de Referencia de Políticas Sociales Aparicio Saravia, el precio promedio allí era de $ 12.631, casi cuatro veces menos que en Carrasco ($ 46.238) —el otro extremo geográfico y socioeconómico de la capital—, de acuerdo con datos del INE.

    El argentino Valentín Bueno trabajaba para un fondo de inversión internacional. Su jefe vivía en Montevideo y, para reunirse con él, viajaba una vez por mes. Ahora, frente al puerto, impulsa el proyecto Distrito El Globo, un cowork de negocios y hotel boutique en el que capitalistas argentinos invertirán US$ 26 millones. “Todos quieren seguridad en Ciudad Vieja, pero nadie controla, querés hacer algo y demoran un año para darte un permiso… Necesitamos planes de apoyo, que existen pero nadie los ejecuta. Ciudad Vieja no tiene seguridad, no tiene iluminación, no se protege que las fachadas se caigan a pedazos”, cuestionó el empresario, presidente del fondo de inversión SWI, en la edición de noviembre de Forbes Uruguay.

    Un consultor que tiene contacto directo con empresarios del exterior dijo a Búsqueda que no nota que ahora haya más preguntas o inquietud que en el pasado por el tema de la inseguridad en el país, si bien dijo que es un tema relevante en cualquier parte. Cuando llegan por negocios, la primera vez algunos prefieren hospedarse en Carrasco, pero “después ven que es muy lejos” y optan por Punta Carretas. “Será por comodidad o inseguridad, pero la mayoría se queda ahí”, agregó. Señaló, por otro lado, que es inusual que los empresarios en Uruguay anden con custodia personal o en autos blindados, como se da, por ejemplo, en alguna ciudad de Paraguay o en San Pablo.