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El tráfico de cocaína, con Montevideo como factor, amenaza a Europa
La Unión Europea inició una batería de acciones para frenar el arribo de cargamentos de droga a sus principales puertos
Oficiales de la Policía de Bélgica en un operativo en el
Puerto de Amberes. Foto: Police.be
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En 2023 el Puerto de Amberes, el más importante de Bélgica, incautó un récord de 116 toneladas de cocaína. El número responde principalmente a droga proveniente vía marítima desde Sudamérica, incluido Uruguay, en una tendencia de narcotráfico internacional que ha generado en esa ciudad belga mucho más que cifras de procedimientos de aduanas: alcanza consecuencias palpables para los ciudadanos, como enfrentamientos entre bandas en zonas residenciales que antes estaban completamente ajenas al negocio de la droga. “La competencia entre redes criminales rivales implica un rastro de violencia posterior por ajuste de cuentas, exponiendo a ciudadanos inocentes atrapados en el medio. Aunque algunas redes criminales trabajan juntas, otras recurren a la violencia extrema debido a la feroz competencia por el dominio y las ganancias”, sostiene un análisis de la Oficina Europea de Policía (Europol).
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Un panorama similar al que sufren las propias ciudades sudamericanas con el microtráfico de drogas como pasta base y marihuana afecta, además de a Amberes, a otras de las ciudades-puerto más relevantes de Europa como Hamburgo (Alemania) y Róterdam (Países Bajos). “Estoy profundamente preocupado porque el mercado en expansión de la cocaína en la Unión Europea está provocando un aumento de la violencia y la corrupción”, afirmó Alexis Goosdeel, director del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías. Goosdeel, de nacionalidad belga, se refirió en concreto al incremento de homicidios, secuestros e intimidaciones que sufren personas ajenas al negocio como abogados, funcionarios públicos, periodistas y hasta “transeúntes”.
El jerarca se expresó públicamente el 7 de febrero durante una visita al Puerto de Amberes junto con la directora ejecutiva de Europol y la comisaria europea de Asuntos de Interior. La visita oficial no fue casual: forma parte de un conjunto de iniciativas que desde enero lanzó la Unión Europea, simbolizadas con una alianza público-privada entre puertos y organismos estatales para intensificar la lucha contra el crimen organizado bajo una inversión base de 200 millones de euros que financiará escáneres más modernos en los puertos. La Comisión Europea, encargada de este trabajo, afirmó el 24 de enero en un comunicado de prensa que “el tráfico de drogas es una de las amenazas de seguridad más graves que enfrenta Europa en la actualidad”.
Una semana después los alcaldes de Amberes, Hamburgo y Róterdam visitaron Colombia para anclar territorialmente algunas de las iniciativas en Sudamérica, conversar con autoridades del gobierno nacional y establecer contactos directos con agentes de seguridad locales. Colombia, con el puerto ecuatoriano de Guayaquil como escala, es desde donde proviene la mayoría de la cocaína que ingresa a Europa por el mar.
Esta reacción de la Unión Europea tiene su correspondencia en Uruguay, donde en los últimos cinco años ha sido frecuente la detección de megacargas de cocaína que pasaron por el Puerto de Montevideo con Europa como destino final. La última, incautada en diciembre en Amberes, desembocó días atrás en la formalización con prisión preventiva de un integrante del Partido Nacional que fue coordinador del Municipio de Cardona, Soriano, según informó la diaria.
Fuentes diplomáticas señalaron a Búsqueda que el narcotráfico y el lavado de activos son un problema “de suma importancia” para la delegación de la UE en Uruguay, una “preocupación compartida” con varias embajadas residentes en el país. Más allá de la actuación independiente que puedan tener algunas de estas representaciones —Francia e Italia, por ejemplo, son unas de las más activas con capacitaciones a personal de la Dirección Nacional de Aduanas y de la Administración Nacional de Puertos—, la propia Unión Europea tiene vigentes en Uruguay siete proyectos de cooperación en materia de seguridad y justicia. Uno de ellos, Seacop V, se inició en 2023 con el objetivo de ?reforzar la eficacia de la inteligencia marítima y el control marítimo al integrar el conocimiento y la experiencia sobre amenazas que emanan de las rutas transatlánticas del tráfico ilícito”. Este proyecto se realiza con Europol y con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, entre otras unidades de la comunidad. Por Uruguay participan la Dirección Nacional de Aduanas y la Prefectura Nacional Naval. Otra de las coordinaciones lanzadas el año pasado es El Pacto, que busca fortalecer la cooperación policial, de sistemas de justicia y de sistemas penitenciarios con cinco blancos: cibercrimen, corrupción, derechos humanos, género y lavado de activos.
La Unión Europea confía en que la puesta en marcha de estos acuerdos intensifique el trabajo conjunto con Uruguay. Pero, pese a los proyectos y a que el narcotráfico con tránsito en el país involucra a Europa más que a ningún otro mercado, Uruguay aún otorga más relevancia a la cooperación internacional con Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado y el lavado de activos. El sábado 17 el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, manifestó a Reuters el deseo del gobierno de que la Administración de Control de Drogas (DEA) vuelva a instalarse en el país, luego de que en 2019 retirara su oficina de la Embajada estadounidense en Montevideo. El pedido público viene desde marzo de 2020 e incluye esfuerzos de los exministros Jorge Larrañaga y Luis Alberto Heber.
A diferencia de la delegación diplomática de la Unión Europea, a través de la DEA la Policía Nacional de Uruguay sí puede llevar adelante procedimientos, ya que esta entidad está habilitada a coordinar ciertas investigaciones sobre drogas en el extranjero. Este carácter de la DEA es el que ha empujado políticamente a las autoridades de Interior a clamar por su retorno a Uruguay, aunque la Dirección de Investigaciones de la Policía y la propia Embajada estadounidense afirmaron que, desde el punto de vista operativo, el trabajo de la Policía con la DEA es prácticamente igual bajo la dinámica actual, sostenida en visitas periódicas desde Buenos Aires del agente John Wallace, country attaché de la agencia para Argentina y Uruguay.
Esta es una de las causas por las cuales Estados Unidos decidió desistir de la reapertura de la oficina de la DEA. Otras dos razones son que la ruta de la cocaína vía Montevideo no comprende a Estados Unidos y que para instalar una dependencia de la DEA es necesaria no solo la aprobación del país anfitrión sino del jefe de la misión diplomática y del Congreso norteamericano.
Por fuera de las negociaciones bilaterales con Estados Unidos, la Policía incrementó directamente su cooperación con algunas policías de Europa, como la de Italia, y con Europol, una agencia cuya información fue relevante para detectar años atrás los movimientos de Sebastián Marset en la logística de venta de cocaína boliviana a Europa.
