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    De Montevideo a Lyon: la defensa de Marset trabaja para que sus familiares se entreguen

    Tras la renuncia de Luis Alberto Heber como ministro del Interior, se aguarda el desarrollo de la situación

    El equipo de abogados de Sebastián Marset trabaja en Uruguay, Paraguay y Francia (país sede de Interpol) para intentar demostrar que sus familiares están acusados erróneamente de cometer delitos relacionados con el narcotráfico, con el objetivo final de que puedan retornar al país. En Uruguay, el contacto de sus representantes legales fue establecido con jerarcas del Ministerio del Interior y el equipo de la Fiscalía de Estupefacientes de 1er turno, para analizar la viabilidad de que se entreguen a la Justicia en un proceso escalonado y a largo plazo, que incluya al hermano, al cuñado y en última instancia a la mujer, con la intención de que sus cuatro hijos menores de edad regresen con ella.

    Fuentes del caso señalaron a Búsqueda que se trató de “una primera conversación”. Por el momento se aguarda el desarrollo de la situación luego de la renuncia de Luis Alberto Heber, quien como ministro del Interior estaba al tanto de las comunicaciones.

    La estrategia comenzó a delinearse a fines del mes pasado cuando Sebastián Alberti Rossi, otro cuñado de Marset, acudió a la Jefatura de Policía de San José mediante un acuerdo con la fiscal letrada departamental Serrana Corsino. Rossi estaba fugado desde 2021, cuando escapó de la cárcel de San José, donde cumplía condena por tentativa de homicidio. Ahora fue recluido en el Penal de Libertad.

    El 31 de octubre, después del episodio de Alberti Rossi, la diaria informó que Interior y Fiscalía discutían la posibilidad de que Marset y su familia volvieran al país.

    Una de las limitaciones para que el planteo prospere es de carácter técnico legal, ya que sobre ninguno de los involucrados existe una requisitoria judicial de Uruguay. Marset, de 32 años, es requerido internacionalmente por presunto tráfico de drogas y otros delitos conexos. La orden de captura original fue emitida en marzo de 2022 por Rosarito Montanía, jueza penal de Garantías del Crimen Organizado de Paraguay, tras la operación A Ultranza PY, que desbarató en ese país a una organización dedicada al tráfico de cocaína, encabezada entre otros por Marset. El pedido generó una notificación roja de Interpol, la máxima alerta de ese organismo, dirigida a las fuerzas de seguridad de todo el mundo para localizar a una persona. Montanía ha actualizado esa solicitud a partir de nuevas informaciones, como el uso de Marset de distintos alias para mantenerse prófugo.

    Pedido de captura de Sebastián Marset y su esposa difundido por la policía boliviana

    La jueza también solicitó el arresto de la mujer, el hermano y el cuñado del narcotraficante. Sus abogados buscan establecer que los familiares no cometieron delitos de tráfico de drogas, lavado de activos ni asociación criminal, como se los acusa, sino que se los imputa únicamente por ser parientes de Marset.

    En junio de este año, Uruguay informó a Bolivia que Marset residía en Santa Cruz de la Sierra, pero un operativo policial boliviano ejecutado un mes después no logró capturarlo. Escapó con su mujer e hijos y desde entonces, bajo la requisitoria de Paraguay, es buscado por agencias policiales de toda la región. Una de las sospechas es que estuvo en Argentina y que luego retornó a Bolivia, o incluso que nunca se fue de Bolivia, ya que existen pruebas de que posee en ese país contactos en el gobierno.

    Fuentes policiales uruguayas indicaron que permanecer fugitivo por veinte meses y con un alto grado de exposición pública demuestra el “poder real” de Marset, lo que probablemente signifique que aún maneja importantes operaciones de drogas para mantener activa la economía que le solventa grupos de seguridad y redes de información, entre otras herramientas. Sin embargo, añadieron que no es sencillo estar prófugo con menores de edad, pues “pueden acotar los movimientos”.