Con la expansión agrícola registrada desde 2003 en el campo uruguayo, principalmente del cultivo de soja, hubo un incremento en el uso de agroquímicos, lo que provocó conflictos en la sociedad por la mala aplicación de esos productos.
Las denuncias de ese tipo de casos contribuyeron a “evidenciar las consecuencias de las aplicaciones con agrotóxicos” y “a romper con la tradicional invisibilidad de las mujeres en el contexto rural y generar nuevos entramados en las relaciones sociales de las zonas afectadas”.
Esa es una de las conclusiones del trabajo titulado Los impactos de los agroquímicos en y desde las mujeres rurales, que elaboró la responsable del grupo disciplinario de Sociología Rural del departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía, Marta Chiappe.
Plantea en su investigación que “el avance del agronegocio y en particular de la producción de soja ha implicado la llegada al territorio nacional de actores extranjeros con capacidad de inversión y de compra o de arrendamiento de tierras, y la utilización de paquetes tecnológicos y prácticas agronómicas que intensifican el uso del suelo y el agua”.
“En zonas donde existe un predominio de la agricultura familiar y de mayor densidad poblacional, el impacto en la salud de la población y en el ambiente se hace más evidente, y es en esas zonas en donde predominan las denuncias en las que las mujeres cobran un papel relevante”, señala.
Considera que “la creación de mecanismos de denuncia por parte de organismos estatales ha sido clave en el avance de las mismas”.
“Sin embargo, aún persisten barreras sociales y culturales que inhiben a las mujeres de efectuar denuncias y atentan contra la visibilidad de los problemas que afectan a las comunidades rurales”, advierte Chiappe en el informe, que será publicado próximamente en el libro Las bases materiales que sostienen la vida: Perspectivas ecofeministas y en el Congreso de Ciencias Agrarias Rurales, entre el 7 y el 9 de agosto.
Sostiene que “las relaciones sociales y laborales que ubican a muchos habitantes rurales en posiciones de subordinación y el potencial surgimiento de conflictos en las comunidades son elementos que actúan en contra de las denuncias”.
“Las mujeres que tuvieron un rol protagónico en las denuncias han debido enfrentarse a estructuras patriarcales y relaciones de poder fuertemente arraigadas localmente”, agrega Chiappe, basándose en entrevistas que realizó en el trabajo.
Comenta como “una particularidad que surge del relevamiento realizado” que “gran parte de las denuncias son realizadas por mujeres que no están involucradas directamente en la producción, como es el caso de las maestras o de mujeres que provienen de contextos sociales diferentes al de su residencia actual, con menor arraigo en el territorio, o con independencia laboral a nivel personal o de los integrantes de su familia respecto de las empresas que se dedican a la producción basada en la utilización de agrotóxicos”.
Importante desafío
La autora destaca un comentario del edil Luis Ciganda, del Partido Nacional, en una nota periodística de Subrayado en octubre de 2013 sobre las fumigaciones en la zona de Rodó del Departamento de Soriano: “Muchos niños tienen problemas en la piel y padecen alergias, pero las madres prefieren no denunciar la situación para evitar inconvenientes con los vecinos, o porque tienen relación laboral en el entorno agropecuario”.
“Superar esas barreras es un importante desafío para lograr un mayor bienestar y mejores condiciones de vida de los habitantes rurales en su conjunto”, plantea.
“En los colectivos ambientalistas predominan los hombres, en las asambleas que se han hecho por el agua predominan los hombres, pero las mujeres aunque seamos menos nos hacemos escuchar, tomamos iniciativa”, dijo una maestra de Paso Picón (Canelones), llamada Alicia, en una de las entrevistas realizadas por la autora del trabajo. Esa maestra en 2014 denunció problemas de salud por fumigaciones cercanas a su vivienda y escuela por parte de Máximo Castilla, un conocido médico y productor rural de la zona que comenzó a plantar soja en 2009, indica Chiappe.
Relata que tras un largo proceso que involucró la intervención del Colegio Médico del Uruguay y se extendió hasta 2015, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Salud Ambiental y Ocupacional, le aplicó una multa de 1.000 unidades reajustables (unos US$ 26.000).
El texto de la resolución fundamenta la multa con el argumento de que se está “ante un hecho de suma irresponsabilidad, como consecuencia de la aplicación de plaguicidas de manera inadecuada e infringiendo normativa”, destacando “la gravedad de la situación y que la vida humana no tiene precio”.
Entre las mujeres que participaron en denuncias como vecinas de campos linderos, el trabajo incluye cuatro testimonios, uno del departamento de Paysandú, dos casos de Canelones y otro de San José. Al igual que en el caso de la maestra de Paso Picón, en ciertas ocasiones la autora le asigna un nombre ficticio a esas mujeres para resguardar el anonimato pedido en las denuncias.
Datos y normas
Entre 2014 y 2018 hubo 555 denuncias por infracciones en la aplicación de plaguicidas, de las cuales 158 (28,5%) fueron de mujeres, 358 (64,5%) fueron de hombres y 39 (7%) fueron anónimas, indica el trabajo basándose en datos de la División de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Muestra que el año que se recibieron más denuncias fue 2017, con un total de 145. Del total de las denuncias, 514 (92,6%) fueron por aplicaciones terrestres y 41 (7,4%) por aplicaciones aéreas. La mayoría (397 o 71,5%) fueron realizadas por aplicaciones en áreas rurales y 158 (28,5%) por cercanías a centros poblados.
Los principales motivos de las denuncias se vincularon a la deriva de fitosanitarios en el aire y en el agua, el no cumplimiento de distancia mínima de los cursos de agua, de centros poblados y educativos, mortandad de colmenas y afectaciones a la salud.
En cuanto a la normativa legal vigente sobre el asunto, en 2004 el MGAP estableció una resolución prohibiendo las fumigaciones aéreas a menos de 500 metros de centros poblados, zonas urbanas y suburbanas, y las fumigaciones terrestres a menos de 300 metros. En 2011 el Poder Ejecutivo modificó la reglamentación de diciembre de 2008 respecto a escuelas rurales, que establecía zonas de exclusión de 30 y 50 metros para fumigaciones terrestres y aéreas, ampliando esas distancias a 300 y 500 metros respectivamente.
Decretó además la prohibición de realizar fumigaciones en caso de haber un viento mayor a los 10 kilómetros por hora y prohibió las fumigaciones aéreas a menos de 30 metros de cursos superficiales de agua y las aplicaciones terrestres a menos de 10 metros de las mismas.
Chiappe plantea que “en los últimos años habitantes del medio rural y de pequeños poblados aledaños a zonas rurales, fundamentalmente de la zona litoral oeste y sur del país, donde se concentra la agricultura de secano y especialmente el cultivo de soja, han comenzado a hacer escuchar sus voces públicamente, denunciando los problemas que ocurren como consecuencia de la aplicación de los plaguicidas y en reclamo de la aplicación de las normas y las regulaciones vigentes”.
