Desde hace 17 años, cada día seis productores de menos de 1.000 hectáreas venden sus campos, dijo el presidente de la ARU

Capurro, que está vinculado a la producción ovina en Durazno, también se refirió a la decisión de las gremiales rurales de mantenerse fuera del Consejo de Salarios y dijo que las negociaciones en lugar de ser por rama de actividad deberían ser por empresas, considerar a las que exportan y diferenciar por tamaño y localización geográfica.

—¿Cómo está la ganadería uruguaya?, ¿qué temas preocupan en un escenario de mayor competencia para la carne en el mercado internacional?

—La ganadería en lo climático y en cuanto a la disponibilidad de forraje atraviesa por un año excepcional, con un verano en el que las pasturas tienen un gran desarrollo y el ganado vacuno recuperó su estado. El entore del rodeo será bueno y en el caso del ovino el exceso de lluvias causa algunos problemas parasitarios y de bicheras. En el balance estimamos que productivamente va a ser buen año para la ganadería.

Respecto a las exportaciones de carne, el precio promedio sigue en US$ 3.500 por tonelada para la vacuna y US$ 4.500 por tonelada para la ovina, que en ambos casos son buenos valores. Si bien no son los mejores precios que tuvimos hace unos años, porque cayeron entre 10%y 15%, se mantienen en niveles buenos considerando la perspectiva histórica.

Argentina y Brasil compiten fuerte con la carne uruguaya y tienen precios bastante por debajo que los nuestros. Incluso, por la situación de buena disponibilidad de forraje, el precio del ganado se ha mantenido en niveles buenos para los productores y muy estirados para la industria frigorífica, a la que le cuesta cerrar los números.

Estamos con costos muy altos y un tipo de cambio desfavorable. El propio Banco Central recientemente publicó un trabajo en el que muestra que el atraso cambiario está en el entorno de un 17%, que representa cinco pesos, y eso en las cadenas agroexportadoras es muy importante.

Entendemos que ese es un tema muy discutido que afecta el salario de los trabajadores pero que mantener un tipo de cambio atrasado en un país agroexportador y exportador de servicios, como el turismo, es pan para hoy y hambre para mañana, porque afecta la tasa de empleo, que cayó a los niveles de 2007 y también la inversión en la medida en que no hay rentabilidad en los negocios. La inversión medida como porcentaje del Producto Bruto Interno cayó a los niveles de 2005, cuando Uruguay estaba saliendo de una de las crisis más profundas de su historia.

—¿Qué tan grave es la situación de rentabilidad de la industria frigorífica? Uno de los reclamos de los productores es que las gremiales traten de conseguir mejores precios por el ganado, pero si eso llega a causar problemas financieros que pongan en riesgo la operativa de los frigoríficos podría tener consecuencias no deseables para el sector ganadero.

—Sin duda que es así. Como productores queremos que la industria frigorífica sea sana y le cierren los números, porque si en el largo plazo eso no ocurre, termina afectando a los ganaderos y en forma muy importante. Afortunadamente, en los últimos años no hemos vivido eso pero en el pasado sí sucedió y no es una buena cosa. Esto se trata de ciclos cortos, hoy para la industria el negocio es muy estirado si uno analiza los precios de exportación y los del mercado interno. Y hay un problema de competencia con los países vecinos, que en el mercado internacional venden con precios más bajos que los de Uruguay. Estamos exportando muy bien y aun así, por el tema del forraje suficiente que le permite al ganadero dilatar los embarques de vacunos y tener una capacidad de negociación mayor, los frigoríficos deben pagar valores para los que los números no les cierran. Es una preocupación genuina.

Es un año complicado para la industria porque el stock cayó y la cantidad de novillos llega al nivel más bajo de los últimos 40 años y los frigoríficos precisan un volumen importante de faena para diluir los costos. El atraso cambiario es una limitante también para que los números cierren.

—¿Qué opina de la respuesta del gobierno a los problemas de la lechería uruguaya?

—El sector lechero viene sufriendo la caída de precios en el mercado internacional y el aumento de costos internos. Por suerte, el Poder Ejecutivo escuchó los reclamos de los tamberos y adoptó algunas medidas; además, hay otras que están en camino que esperamos ayuden a mitigar esa situación del sector.

Las medidas empezaron en otoño del año pasado, como la rebaja de la tarifa del servicio de energía eléctrica en 15%, que en los costos de la lechería representa 3% y que ayudaron de manera insuficiente para la grave situación. También la reducción del costo del gasoil del 18% para los productores que tributan por Imeba y la baja de la Contribución Inmobiliaria Rural para los productores que explotan campos con una extensión inferior a 1.000 hectáreas, que significó US$ 1,5 por hectárea.

Últimamente el fondo de garantías lechero quedó operativo y el Banco República tuvo alguna flexibilización en el tratamiento de las deudas de los tamberos.

—¿Las gremiales rurales evalúan retornar al ámbito de negociación de los Consejos de Salarios?

—Nosotros planteamos claramente que el Consejo de Salarios puede ser una buena herramienta para ayudar al crecimiento económico del país, para que los trabajadores presenten sus aspiraciones y reivindicaciones y para que las empresas puedan trabajar con tranquilidad.

Pero eso no se está dando; particularmente en el sector agropecuario la negociación por rama de actividad perjudica a las industrias del interior porque no tiene en cuenta las asimetrías y diferencias que hay entre las empresas en cuanto a tamaño y a localización geográfica. Y cuando se negocia por rama de actividad los incrementos salariales que se pasan a las industrias del interior para poder absorberlos los pasan al precio que le pagan al productor. Eso sucedió en la lechería y determina que el tambero invierta menos en tecnología, baja su producción y afecta a la industria también.

La negociación salarial por rama de actividad afecta a la producción, a la industria y al país, porque cierran empresas, como Ecolat, Schreiber Foods y Pili. Debería irse a una negociación por empresa, que tenga en cuenta la situación de cada caso de la empresa.

En los países exportadores las negociaciones salariales arrancan por los sectores que tienen que competir y después pasan al resto de los sectores. Mientras, en Uruguay arrancan simultáneamente y entonces los sectores que no compiten y pueden transferir a precios sus incrementos de salarios fácilmente toman las pautas y aplican, como es el caso de las empresas públicas. Eso genera una inflación que va a las industrias exportadoras y que cuando hacen sus ajustes terminan bajando el precio al productor para poder seguir trabajando. Y eso afecta a la larga al trabajo, a la producción y a los volúmenes de exportación.

—Ese es un cuestionamiento más profundo y amplio, en comparación con los argumentos que en un principio plantearon las gremiales del agro cuando se retiraron de los Consejos de Salarios. Eso trasciende lo rural.

—Sí, trasciende lo rural pero termina afectando al sector. Es más amplio y además, en la negociación de 2016 el Ministerio de Trabajo propuso un ajuste salarial retroactivo de más de 5%, que entendimos que no estaba contemplado en el acuerdo anterior. Y hubo problemas en varios grupos de negociación, a raíz de lo cual el presidente Tabaré Vázquez sacó una resolución para que se aplicara ese ajuste retroactivo solo en grupos en que hubiera acuerdo. En el grupo de los rurales no hubo y pese a ello el Ministerio de Trabajo decidió aplicarlo igual. Pero no solo eso.

En ese ámbito las gremiales agropecuarias llevamos trabajos realizados por el Instituto Plan Agropecuario y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que son organismos oficiales, ya que el presidente y vicepresidente de los mismos son nombrados por el Poder Ejecutivo, que mostraban que el sector estaba entrando en dificultades. A pesar de eso, el Ministerio de Trabajo resolvió proponer para el caso de la ganadería un ajuste que estaba en línea con la pauta más alta del Ejecutivo, si no por encima. Y para la lechería y el cultivo de arroz, que ya estaban en crisis, el ministerio propuso un ajuste intermedio y no el establecido en las pautas del Ejecutivo para los sectores con problemas. Ante eso, las gremiales rurales pedimos dejar constancia en el acta de nuestro desacuerdo y no se nos permitió.

Entendemos que eso no es actuar con ecuanimidad y si ese ministerio no actúa con ecuanimidad preferimos que decrete de acuerdo con su criterio y no estar en una negociación que no es tal.

—Considerando la decisión de fijar un aumento que esté por encima de la pauta más alta del Poder Ejecutivo, ¿no advierten alguna intencionalidad que trasciende lo meramente vinculado a una negociación salarial? ¿Ven que en el gobierno quieren castigar al sector?

—No queremos calificarlo, pero indudablemente entendemos que no se ajustaba ni a las pautas del Ejecutivo, ni a la situación que planteamos del sector basándonos en trabajos técnicos de instituciones oficiales.

Hay una idea (en el gobierno) respecto a que el sector rural son los grandes estancieros y una cantidad de preconceptos que entendemos son equivocados.

El 87% de los productores somos propietarios de campos de menos de 1.000 hectáreas. Y con esa extensión de tierras si uno hace las cuentas en Uruguay no es un gran estanciero, ni mucho menos y gana bastante menos que muchos sueldos que hay en Montevideo en distintos sectores. Hay un preconcepto al barrer de los grandes productores que no responde a la realidad.

La realidad de Uruguay dice que ese porcentaje de productores rurales con menos de 1.000 hectáreas en los últimos 17 años vendieron 4,6 millones de hectáreas, según datos del anuario de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias de 2018. Esa extensión de tierras, que equivale al 30% del suelo de uso agropecuario del país, fue vendida en unas 35.000 transacciones. Y esto significa que cada día unos seis productores vendieron sus campos.

Por eso nos parece que amerita analizar la situación real del agro y pensar en qué tipo de sector agropecuario queremos hacia el futuro. La realidad es que nos vamos quedando sin gente en el campo.

La ARU quiere poner foco en el problema social que Uruguay tiene en el interior, porque el tejido social que hace al movimiento de los pueblos depende de la gente que trabaje y consuma en esos lugares.