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El humo blanco logrado por el oficialismo la pasada semana en la Comisión de Industria de Diputados para la aprobación de una nueva ley de medios, un proyecto del gobierno que llevaba tres años y medio sin avanzar en el Parlamento, no sirvió para disipar las dudas sobre la suerte que esta tendrá en las próximas instancias parlamentarias. La siguiente, su estudio en la Cámara Baja, tendrá lugar en la primera semana de diciembre, según dijo a Búsqueda el representante colorado Martín Melazzi, uno de los principales impulsores de esta norma. El oficialismo espera que, para entonces, el Frente Amplio ya haya confeccionado su informe en minoría.
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El proyecto que se aprobó por mayoría con los votos de los diputados de la coalición aumenta el número de señales de radio y televisión, cuya titularidad podrá ejercer una “persona física o jurídica privada o un grupo económico” respecto a la ley de medios actual, de 2014. En la zona metropolitana, estos podrán tener hasta cuatro licencias de radios AM, FM y televisión abierta; en el resto del país, hasta seis. En televisión para abonados, el tope es de ocho licencias. La norma actual impone como topes tres autorizaciones para radio o televisión abierta y dos en la misma banda (AM, FM o televisión) en todo el territorio, mientras que el límite en televisión para abonados es seis (tres si una de ellas está en Montevideo). El texto vigente no habla de grupos económicos.
El nuevo proyecto fue criticado por legisladores de izquierda y organizaciones como el PIT-CNT. Incluso agencias de Naciones Unidas como Unesco han expresado que derogar la actual ley de medios supone un “retroceso” en materia de derechos humanos. El director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Gustavo Gómez, dijo en su cuenta de X que este proyecto “blanquea” la “concentración ilegal” de medios como el Grupo Clarín de Argentina y los uruguayos Romay, Sarandí, Magnolio y Zorrilla.
El diputado cabildante Sebastián Cal, otro de los más activos en la discusión, respondió a Búsqueda que lo que plantea el proyecto es “una foto bastante parecida a la situación de las titularidades que hay hoy” en los hechos. Recordó que la intención original del Poder Ejecutivo “hablaba de ocho licencias de radio y no mencionaba topes a la televisión por cable”.
Algunos artículos de la nueva iniciativa sí fueron votados por el Frente Amplio. Se trata de aportes del propio Cal referidas a mantener del articulado vigente la “objeción de conciencia” de los periodistas a “acompañar con su imagen, voz y nombre” contenidos suyos “sustancialmente modificados sin su consentimiento”, los referidos a la protección de los derechos de “niños, niñas y adolescentes” y de las personas con discapacidad auditiva y visual.
“Este es un tema en el que la coalición no podía llegar al fin del período sin tratarlo. Sería una irresponsabilidad total. Entiendo que se ha hecho un trabajo serio en la comisión, que hay que dejar que siga su camino para que el plenario de la cámara se expida y luego vaya a la Comisión y a la Cámara de Senadores”, agregó.
Camino empedrado
En la coalición de gobierno se ha cuestionado el “exceso de reglamentarismo” y el “celo excesivo del Poder Ejecutivo en el control de los medios” de la actual norma, además de resaltar que cinco de sus artículos fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia y que creaba organismos que nunca funcionaron, como el Consejo de Comunicación Audiovisual, y en ella, la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, más allá de la coincidencia en esa intención, lo único que se logró hasta el momento fue la derogación del artículo de esa norma que impedía a los cableoperadores ofrecer servicio de banda ancha.
La intención de Cabildo Abierto de crear una Junta de Garantías que vele por la “imparcialidad y equilibrio” en la comunicación política, en 2021, fue la primera de las grandes trabas para impedir un acuerdo en la coalición. Esto fue algo impulsado por el líder del partido, el senador Guido Manini Ríos, que no se recoge en el proyecto que se votará en el plenario de Diputados.
Si bien en la comisión el texto tuvo la intervención decisiva y el apoyo del diputado Cal, fuentes de Cabildo Abierto dijeron a Búsqueda que esta postura “no necesariamente refleja” la opinión del partido, lo que abre incógnitas sobre si tendrá la mayoría necesaria para aprobarse en la cámara. Estas mismas fuentes agregaron que Cabildo “va a introducir modificaciones” al proyecto en el Senado, en caso de que se apruebe en Diputados.
“No sé qué aval tiene Cal dentro de su partido, con el resto de los legisladores y con Manini. Eso va a quedar palpable en las cámaras”, señaló a Búsqueda el diputado frenteamplista Gabriel Tinaglini. Para este legislador, “es un retroceso desde todo punto de vista la derogación de la ley actual”, más allá que la izquierda compartió algunos artículos.
Optimismo
“Soy optimista en que este proyecto no tendrá mayores inconvenientes en Diputados. Y que el Senado recibirá un trabajo muy depurado”, sostuvo Melazzi. El legislador colorado será quien en cámara intente refutar las acusaciones del PIT-CNT al proyecto, al que tildan —entre otras cosas— de “antidemocrático” y “concentrador” para que “un puñado de grupos de capital” sigan siendo “los dueños de la mayoría de los medios de comunicación”.
Según Melazzi, las “36 delegaciones” que pasaron durante 36 meses por la comisión permitieron “mejorar sustancialmente el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo”, por lo que rechaza la acusación de no democrático. También indicó que la nueva norma permite “a la sociedad civil organizada” ser citada por el Sistema Público de Radio y Televisión Nacional (Sipraten) que se creará como servicio descentralizado. Este sería lo mismo que el Sistema Público de Radio y Televisión Nacional (SPRTN) de la actual ley de medios, que nunca se conformó.
Respecto al aumento de las licencias, Melazzi afirmó que “va más por el camino de salvaguardar fuentes de trabajo sobre todo en el interior del país que de aumentar las concentraciones”. El PIT-CNT debería tener “una mirada país y no capitalina”, replicó.
Su mirada optimista sobre el futuro del proyecto apunta a que la instancia en Diputados culmine antes de fin de año. El Senado debería trabajarlo en 2024, año electoral, lo que varios operadores consideran inconveniente. Sin embargo, la actual ley de medios también fue aprobada en un año de campaña, el último de la gestión de José Mujica.
