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El próximo martes 9 de abril se cumplen 180 días desde que el exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés fue imputado por 22 delitos relacionados con la explotación sexual de menores, abuso sexual y violación y fue enviado a prisión preventiva por ese plazo, al igual que el docente de Historia Sebastián Mauvezín, indagado por ser quien coordinaba los encuentros. Por esa razón, el Poder Judicial convocó una audiencia para el lunes 8 a las 14.30 horas donde se discutirán cuáles serán las medidas cautelares con las cuales ambos continuarán a la espera del juicio, confirmó a Búsqueda la fiscal Alicia Ghione.
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La Fiscalía necesariamente debe pedir la cárcel preventiva durante investigaciones para los delitos por los cuales es indagado Penadés, como la violación, el abuso sexual agravado y el atentado violento al pudor, por una exigencia para el Ministerio Público que entró en vigencia con la Ley de Urgente Consideración, en 2020. Por la gravedad de ese tipo de delitos se presume que existe riesgo de fuga, de ocultamiento o entorpecimiento de las pesquisas, así como un riesgo para la seguridad de las víctimas y de la sociedad, que deben ser acreditadas frente al juez.
El abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República Juan Raúl Williman, defensor de al menos siete de las víctimas, indicó a Búsqueda que espera que la Justicia extienda la prisión preventiva para Penadés porque otras medidas cautelares son insuficientes, ya que la investigación está en desarrollo y existen los riesgos tanto para la indagatoria como para las víctimas que permiten solicitar que permanezca en la cárcel. En tanto, la fiscal prefirió no adelantar la posición del Ministerio Público por una cuestión de “estrategia”.
Sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo abreviado, Ghione dijo que “está siempre desde la formalización de la investigación”, pero que “al imputado no le interesa”. La principal condición para acceder a un juicio abreviado y obtener una reducción de la pena máxima que se podría alcanzar con un juicio oral implica reconocer la culpabilidad por los delitos de los cuales se lo acusa, algo que Penadés no ha hecho desde el principio del proceso. “Soy inocente y tengo la conciencia tranquila”, dijo al finalizar la audiencia en la que fue imputado seis meses atrás por la jueza de 36° turno, Marcela Vargas. Con su inocencia insistió también en una entrevista con Búsqueda en julio de 2023, en la que dijo que tenía la “conciencia tranquila”, y meses más tarde, previo a Navidad, cuando escribió una carta a Mauvezín, que fue difundida por Montevideo Portal, en la que dijo: “Es duro por lo injusto de todo, pero la pelearemos hasta el final”.
Alicia Ghione previo a una audiencia en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez en Montevideo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Desde la instancia judicial, el exlegislador se encuentra recluido en la cárcel de Florida, mientras el Ministerio Público avanza en la investigación de cara a un juicio que llevará a Penadés a la Justicia. En el ínterin, la Fiscalía tomó declaración anticipada a nueve víctimas y seis personas reconocieron en la Justicia que colaboraban con él en el armado de una trama para salvarlo de las acusaciones en su contra. El último en alcanzar un acuerdo abreviado con la Fiscalía fue el exdirector del Comcar, Carlos Taroco, quien lideraba el equipo parapolicial que investigaba de forma ilegal a las víctimas de Penadés. El 4 de marzo de este año, Taroco fue condenado a tres años de penitenciaría por reiterados delitos de cohecho calificado, revelación de secretos y asociación para delinquir. También quedó inhabilitado por el mismo período para ejercer cargos públicos, además de una multa de 51 unidades reajustables, y deberá resarcir a las víctimas.
A mediados de diciembre de 2023 habían sido condenados cinco integrantes del equipo, entre los que estaba Diego Cuiñas, un funcionario del Parlasur; Matías Cardozo, vinculado a Cuiñas y a una de las personas que hacía llegar el dinero a los integrantes de este grupo; Marcelo Garate, quien era el propietario del lugar donde se realizaban las reuniones; y los funcionarios policiales Federico Rodríguez y Marcos Quiñones, quienes fueron acusados por delitos graves como asociación para delinquir y tráfico de influencias.
El Código del Proceso Penal establece que la Fiscalía tiene un plazo máximo de un año para investigar —con Penadés y Mauvezín se cumplen los seis meses— y presentar una acusación contra las personas luego de que son imputadas, salvo excepciones donde es posible solicitar una extensión de un año más para continuar las investigaciones.
Las derivaciones del “caso Penadés”, como los funcionarios de la Corte Electoral que fueron sumariados, también son trabajadas por las representantes del Ministerio Público, aunque son casos que corren por carriles separados, pero involucran a más personas que habrían trabajado como colaboradoras en la trama del exsenador y podrían ser juzgadas.
