A la espera del juicio, condenas asociadas a su caso comprometen la defensa de Penadés

Para la defensa de al menos siete de las víctimas de Penadés, a cargo del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, estas condenas dejan a Penadés en una posición compleja, porque se comprobó el elemento central de la teoría de Ghione: que existía una trama para intentar entorpecer la investigación que dirigía la Fiscalía. El abogado Juan Raúl Williman dijo a Búsqueda que el hecho de que todas estas personas hayan reconocido que trabajaban para él, buscando identificar a las víctimas “lo compromete aún más”.

La abogada Ana García, quien defiende a Taroco junto a su socio Leonardo Nilson, dijo a Búsqueda que están estudiando la carpeta fiscal, a partir de las últimas formalizaciones y condenas que obtuvo Ghione, para analizar la posibilidad de alcanzar un acuerdo abreviado para su defendido o descartarla. Agregó que accedieron recientemente a todo el contenido, porque previamente había elementos reservados, y les falta analizar los acuerdos y “alguna declaración” que consideran “relevante”.

Su defendido aparece en varias conversaciones que surgieron de los celulares incautados y analizados por la Unidad de Cibercrimen y el Departamento de Investigaciones de Delitos Especiales.

“Yo en archivo mandé a buscar las declaraciones de ambos”, dijo Taroco a Cuiñas según consta en documentos de Fiscalía. Este último fue quien contactó a Taroco para elaborar un plan para salvar y “ayudar al amigo”, en referencia a Penadés. Ambos se conocían a través de la masonería.

En otra oportunidad, Cuiñas le pidió los antecedentes de la única víctima de identidad reservada que formuló denuncia a través de la policía, por lo cual pudieron acceder a sus datos. También, en otra conversación, afirmó que mandó a hacer una requisa en el Comcar para “apretar” a un “pibito” (que se había vinculado sexualmente con Penadés) y, en abuso de sus funciones, lo llevó a una reunión, según plantean documentos fiscales. “Yo encaré al loco y casi tengo un acuerdo que no solo él hablaría a favor sino que otras más que están en la vuelta”, dijo Taroco a Cuiñas.

La trama que buscaba exculpar a Penadés quedó en evidencia con el flujograma o diagrama que fue encontrado en el celular del ex senador, que tenía en el centro a Jonathan Mastropierro, una de las víctimas de explotación sexual, y a partir de él aparecían vinculados jóvenes presuntas víctimas, que estaban siendo investigados y vigilados por el equipo que se había formado. Querían llegar a ellas antes que la Fiscalía para “intimidarlos, amenazarlos o pagarles para evitar que hablen”, planteó la fiscal.

Por las características de la información que surgió, supieron que había sido obtenida del Sistema de Gestión de la Seguridad Pública, al que solo tienen acceso determinadas personas, entre ellos funcionarios policiales, y el i2, una herramienta informática de uso policial. Según surgió de una auditoría que se realizó al sistema, quienes ingresaban eran Rodríguez y Quiñones –ambos ahora condenados– bajo las órdenes de Taroco.

También realizaban un seguimiento diario de Romina Celeste –la primera en hacer público que iba a denunciar a Penadés– y de Mastropierro. Se trataba de una investigación que era “informal e ilegal”, según estableció el relato fiscal, un “entramado de corrupción” policial.

A partir de la incautación, la apertura y el análisis del celular de Taroco surgió que “se comunicaba con los tres funcionarios policiales y que los tres sabían que estaban investigando para Penadés”. A su vez, Ghione y su equipo plantearon que el ex director del Comcar “se sirvió” de “la conducta y el accionar de los funcionarios policiales” para “la realización de la trama defensista que se ilustró en el flujograma policial”, y como no tenía acceso directo a la base de datos, lo hizo a través de Rodríguez. Los imputados compartían fotos de las víctimas, sus antecedentes, partidas de nacimiento y otra información privada, que luego se encontró en el celular de Penadés, y recibían dinero extra por el trabajo. Según la teoría de la Fiscalía, el plan fue costeado por Penadés.

Interceptaciones

Otro de los temas que surgen del análisis de los celulares incautados son las escuchas telefónicas. Según el relato fiscal, el funcionario policial Rodríguez llegó a expresarle a Taroco: “Habrá que pincharle nuevamente el teléfono, independientemente de la movida, supuestamente Romina conectó gurises”. A partir de expresiones como esta, la fiscal dedujo que “claramente” se hablaba de una “escucha ilegal, dado que en la investigación no se encuentra intervenido ningún celular de las víctimas”.

Según indicó Williman a Búsqueda, luego de la feria judicial evaluarán realizar una denuncia para que se averigue si tuvieron los teléfonos “pinchados”, porque de algunos chats –que forman parte de la carpeta fiscal– surge que los imputados tenían datos que manejaban los defensores de las víctimas e incluso estaban al tanto de sus estrategias. “Teníamos la sensación de que estaban un paso adelante. ¿Cómo manejaban esa información? Llamó la atención”, indicó.

Luego de la feria judicial, la fiscal Ghione podrá plantear la citación de otras personas como testigos de la causa, así como determinar si había otros colaboradores en la trama que puedan ser llevados a la Justicia. Durante la indagatoria, surgió por ejemplo la vinculación de tres funcionarios de la Corte Electoral, que fueron sumariados por el organismo por buscar información para Penadés. Los tres habían declarado su filiación política al Partido Nacional.

Según informó la diaria, la Corte Electoral respondió un pedido de informes realizado por el Frente Amplio con el objetivo de conocer quiénes eran los funcionarios, qué cargos tenían y el tipo de información al que tenían acceso. Una de ellas tenía acceso a la base de datos del sistema Proteo para realizar tareas de consulta y trámites de inscripción en la Oficina Electoral Departamental de Montevideo, un funcionario solo podía realizar consultas y la otra funcionaria no tenía acceso al sistema. La información a la que podían acceder quienes contaban con la autorización era la fecha de inscripción en el Registro Civil, serie y número de credencial cívica, la fotografía de la credencial, nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, nombre del padre y de la madre, cédula de identidad (en algunos casos) y domicilio y teléfono en el momento en que se registraron.