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División jurídica de Turismo sostiene que hubo contrataciones de gestión anterior que fueron “irregulares” y no deben pagarse
El expediente, central en el conflicto que provocó la renuncia de Germán Cardoso, estuvo estancado seis meses y todavía no hay una decisión final sobre el reclamo de la empresa
Germán Cardoso en Asamblea General del Poder Legislativo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
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Una compra directa millonaria de espacios de publicidad callejera a la empresa Netcom fue el punto de quiebre entre el entonces director de Turismo Martín Pérez Banchero y su jefe, el ministro Germán Cardoso. De hecho, Pérez Banchero aseguró que se opuso a esa contratación porque le generaba sospechas y porque no cumplía con las normas, pero que el secretario de Estado, en lugar de escuchar sus planteos, lo echó.
Un informe de la División de Servicios Jurídicos del Ministerio de Turismo parece darle la razón a Pérez Banchero en cuanto a que el proceso de compra no siguió las normas. “El procedimiento llevado a cabo podría calificarse como irregular” por “la omisión de cumplimiento de los requisitos necesarios para contratar válidamente” mediante el mecanismo de compra directa por excepción, según la asesoría.
El informe integra el expediente, todavía inconcluso, que provocó el choque entre los exjerarcas, una disputa que derivó en la renuncia forzada de Cardoso, una comisión investigadora en el Parlamento y una denuncia penal por presuntas irregularidades en el ministerio que investiga la Justicia.
“Podría calificarse como irregular”
Uno de los puntos centrales del cuestionamiento que hacía Pérez Banchero sobre la contratación de Netcom por $ 24.384.053 era que el expediente se había iniciado en julio del 2021, pero los servicios que se iban a pagar supuestamente habían sido desarrollados meses antes.
“En diciembre creía que podía haber desprolijidad” en las compras directas, pero en julio “pienso que puede haber otras cosas”, declaró Pérez Banchero a Búsqueda después de que lo echaran. El exdirector ratificó sus afirmaciones cuando declaró en Fiscalía la semana pasada.
Cardoso debió renunciar al cargo en agosto, después de que Búsqueda informara sobre su enfrentamiento con Pérez Banchero y sobre presuntas irregularidades en gastos de publicidad oficial (Nº 2.135 y N º 2.136).
Seis días después de la salida de Cardoso, Netcom comenzó a reclamar los primeros pagos de la contratación millonaria que tramitaba con el ministerio. En un correo enviado el 26 de agosto y firmado por una integrante de su ?Departamento Administrativo, Noelia Miranda, la empresa consulta por una posible fecha de pago para las facturas emitidas en mayo (por $ 4.636.702), es decir, meses antes de que la secretaría de Estado iniciara el expediente para contratar los espacios de publicidad. En ese correo hay 10 facturas que son anteriores a la creación del expediente, al que accedió Búsqueda tras un pedido de acceso a la información pública. La suma total reclamada por la empresa ascendía a $ 18.938.859, y las facturas referían a una serie de afiches publicitarios expuestos entre marzo y agosto de 2021. El expediente también contiene dos órdenes de publicidad de la agencia de publicidad del ministerio Wavemaker (Young & Rubicam), por un total de $ 1.107.406, fechadas el 15 de marzo, en las que aparece Netcom como proveedor y el ministerio como cliente.
El 4 de octubre, el actual director de Turismo, Roque Boudean, decidió enviar el expediente a la División de Servicios Jurídicos. Según publicó El Observador en octubre del año pasado, quien intervino en esta decisión fue el ministro Tabaré Viera, el sustituto de Cardoso.
La división se expidió el 23 de noviembre. Su directora, María Noelia Fernández, avaló un informe elaborado por otra de las abogadas del equipo, Florencia Marino, cuatro días antes. En el documento, Marino sostiene que se trata de un procedimiento inconcluso, en la medida que no existió autorización por parte del Ministerio de Turismo, ni tampoco “constancia” acerca de si el servicio “objeto de contratación fue ejecutado sin la autorización del ordenador correspondiente”.
Marino consideró que el procedimiento llevado a cabo para ejecutar la contratación de Netcom “podría calificarse como irregular”; lo cual, explica, no se debe a la excepción por la que se decidió contratar, sino “por la omisión de cumplimiento de los requisitos necesarios para contratar válidamente al amparo de dicha excepción”.
Tras enumerar la serie de artículos del Tocaf que regulan las contrataciones directas por excepción en el sector público, la abogada concluyó que en este caso no se cumplió con el procedimiento indicado en dichas normas, “en cuanto no existe resolución del jerarca del organismo, fundando la razones para ampararse a la excepción señalada, así como tampoco, cuenta con la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas, ni con la intervención del Tribunal de Cuentas de la República”. Por lo tanto, sostiene que si el servicio hubiera sido efectuado sin autorización, “no pueden efectuarse pagos al amparo del presente procedimiento, por encontrarse incompleto y por no haberse cumplido con los requisitos exigidos por las normas que lo regulan”.
Luego de la opinión de la división jurídica, el expediente fue derivado el 18 de enero a la contadora María Noel Ramos, asesora de Boudean. A partir de allí y durante casi seis meses, el expediente no se movió. Recién el 16 de junio, un día antes de dar respuesta al pedido de acceso a la información que cursó Búsqueda el 29 de abril, pasó al despacho del asesor del ministro Eduardo Sanguinetti.
Diferentes versiones
El expediente había estado en la mira de los legisladores frenteamplistas que integraron la comisión investigadora de la Cámara de Representantes que analizó la gestión del exministro Cardoso.
Las consultas por las contrataciones fueron parte del trabajo de la investigadora. Cardoso dijo en su comparecencia que como no firmó la orden de contratación, “no se cobra”. Además, sostuvo que se trataba de un “expediente inconcluso”.
Su ex asesor, Óscar Iroldi, respondió afirmativamente cuando fue consultado respecto a si Netcom había provisto el servicio por el cual reclamaba que le pagaran. Aseguró que existen “reportes de la agencia de publicidad sobre las visualizaciones de estos avisos”. Y agregó: “Todos vimos los carteles”.
Cuando los informes de la investigadora fueron discutidos en la Cámara de Representantes, el diputado frenteamplista Gustavo Olmos sostuvo que la empresa se negó a responder si había provisto el servicio. “¿Cómo una empresa hace trabajos por $ 24.000.000 sin que nadie haya dado su conformidad?”.
