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El oficialismo busca por estos días consensuar medidas para solucionar el endeudamiento de ciertos sectores de la población, lo que permitiría desactivar la recolección de firmas para promover un plebiscito en la materia resuelta por la Mesa Política de Cabildo Abierto el jueves 6. Es una problemática y un debate político que siguen con atención las empresas del mercado crediticio —bancos, financieras, cooperativas—, así como otros actores con roles diversos.
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A instancias de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU), el Directorio del organismo aprobó la firma de un Convenio Marco de Cooperación con la empresa Equifax Uruguay S. A. (ex Clearing de Informes). El acuerdo tiene por objeto establecer un “ámbito de actuación conjunta a efectos de realizar un estudio sobre el contexto crediticio” del país, según la resolución bancocentralista.
El BCU —el regulador y supervisor del mercado financiero— consideró pertinente el convenio en la medida que le permitirá contar con “información de carácter anual, organizada, de fuente confiable y complementaria” a la que ya maneja en su Central de Riesgos Crediticios, nutrida de datos aportados por las instituciones financieras bajo su supervisión. El estudio se realizará en conjunto entre la Asesoría Económica y la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, utilizando la información proporcionada por Equifax.
El convenio todavía no fue firmado, informó a Búsqueda el BCU.
Clearing y Central de Riesgos
Equifax, con sede en Atlanta, Estados Unidos, compró en 2001 la firma uruguaya Clearing de Informes. Se dedica a proveer reportes de crédito con los pagos e impagos que les notifican empresas clientes de diversos giros, públicas y privadas. Sus autoridades suelen explicar que no es solo una base de datos sobre incumplidores, sino también de aquellos que tienen un buen historial de pago.
Si una persona mayor de 18 años intentó alguna vez operar a crédito, esa gestión notificada por las más de 4.000 empresas clientas de Equifax Uruguay da origen a una ficha o reporte asociado a su nombre y cédula de identidad que se irá alimentando con su posterior historial crediticio —si lo tuviera—, ya sea con cumplimientos o con impagos. En mayo de 2022, ese buró tenía registro de 2,8 millones de personas que tuvieron intención o consulta de contraer un financiamiento. Dentro de ese total, 980.000 (35%) tienen reportes de algún incumplimiento incurrido dentro de los últimos 10 años que, como máximo, la ley permite almacenar esos datos personales. Las empresas que contratan el servicio de Equifax pueden solicitar el historial del individuo y, con base en eso, decidir si consideran el incumplimiento como un antecedente.
La proporción de individuos con reportes de algún incumplimiento en hasta los 10 años previos respecto del total de la base prácticamente no varió por la pandemia, según informaron autoridades de Equifax. Eso se debió a que las intenciones de tomar crédito bajaron 40% en promedio entre marzo y diciembre de 2020 —ya con la emergencia sanitaria declarada—, con meses de caída de hasta 60%. Al mismo tiempo, los registros de nuevos incumplimientos también disminuyeron 40% debido a que las empresas de préstamos y los entes públicos no financieros aplicaron políticas de diferimiento de vencimientos y flexibilizaciones y con sus clientes deudores lograron acordar plazos que no los hiciera caer en incumplimiento. Ya a fines de 2021, tanto las intenciones de contraer crédito como los incumplimientos habían vuelto a los niveles de 2019, sin pandemia.
El BCU administra la Central de Riesgos Crediticios, que consolida la información proporcionada por los bancos, las empresas administradoras de crédito y de servicios financieros, con relación a los préstamos concedidos a personas físicas y jurídicas. Esas instituciones evalúan el cumplimiento y la capacidad de pago de los deudores, y mensualmente les asignan ? una categoría en función de si el crédito está vigente o contabilizado como colocación vencida, en gestión o moroso, según los días de atraso.
