El Correo estatal “estabilizó” la asistencia financiera que recibe
Desde el sindicato de la ANC ven un eventual acuerdo de la empresa pública con Redpagos como una “privatización”
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Las transferencias de fondos entre el gobierno central y las empresas públicas son un recurso utilizado en ambas direcciones para cubrir los déficit en uno u otro; los entes comerciales e industriales del Estado que dan ganancias le pasan una parte a Rentas Generales, y aquellos que tienen pérdidas reciben asistencia financiera.
En el caso de la Administración Nacional de Correos (ANC), el dinero recibido venía en aumento entre 2017 y 2019; esa tendencia se cortó en 2021.
Mejorar el resultado de la empresa para reducir la asistencia financiera requerida es una de las mayores preocupaciones del actual directorio, que asumió en marzo de 2020. En 2019 la ANC requirió el equivalente a US$ 40 millones en transferencias. Desde entonces, el directorio logró poner “siempre por delante el progreso del Correo” estatal haciendo a un lado las “diferencias”, en busca de abatir la asistencia financiera, declaró a Búsqueda su presidente, Rafael Navarrine.
En pesos corrientes, las transferencias fueron de $ 1.465 millones en 2020 y se mantuvieron en esa cifra en 2021, con lo que “se estabilizó” la situación luego de los aumentos de años previos, informó el jerarca. Convertidas a dólares —al tipo de cambio promedio de cada año—, hubo una reducción de US$ 35 millones a US$ 34 millones.
Sin embargo, la situación financiera de la ANC —el Correo Uruguayo— aún “desafía” a las autoridades, en particular por la pérdida de negocios que ha tenido la empresa en los últimos años ante una mayor competencia de actores privados al rubro de la logística y la paquetería, o la reducción del número de cartas y facturas.
“En 2021 se pronunció la baja en (el envío de) cartas debido a la pandemia”, dijo Navarrine.
En el negocio vinculado con la logística, en tanto, el presidente lamentó que la ANC no “acompañara” la tendencia al alza, y aseguró que en lo que respecta a servicios financieros –una rama de actividad poco conocida del Correo– “todos los proveedores actuales (bancos, compañías de inversión, de seguros, fondos de inversiones, y redes de pagos y cobranzas) son competidores potenciales” para la empresa pública. Por esta razón, de cara al futuro, la intención del directorio sigue siendo trabajar para reducir la asistencia financiera y ampliar sus oportunidades en la unidad de negocio que visualizan con “mayor potencial”, según su presidente.
Navarrine dijo que la transferencia “nunca podrá reducirse a cero” porque el ente presta el servicio postal con un costo que se cubre con una tasa pagada por las compañías postales privadas y con la asistencia del gobierno. Lo que se busca es “contenerla”, indicó.
“Un grisín”
Algunas de las medidas que tomaron las autoridades en pos de este objetivo, y otras que pretenden concretar en el futuro, generan cierto descontento en la Asociación de Funcionarios Postales (AFPU). Por ejemplo, mientras la intención de la administración es seguir recortando gastos, desde el sindicato consideran que la orden de austeridad por parte del Poder Ejecutivo es reflejo de la falta de “respaldo” que tienen los jerarcas que desfilan cada cinco años por el Correo, a quienes los sucesivos gobiernos han “mandado a la guerra con un grisín”, declaró a Búsqueda el flamante presidente de AFPU, Juan González.
Por otra parte, según confirmaron a Búsqueda otras fuentes del sindicato, el Correo se encuentra ajustando detalles para firmar un acuerdo con la red de cobranzas Redpagos, en lo que entienden es una “privatización” en los hechos, puesto que se le concedería a esta empresa gran parte de la operativa en un rubro que el “propio directorio” reconoce como clave para el futuro del negocio del ente. “¿Quién gana más?” con ese convenio, planteó González. Redpagos podría recibir paquetes para que sean entregados por el Correo Uruguayo. Según el sindicato, además, el ente podría perder parte del negocio de la cobranza de ciertas facturas. La AFPU prevé plantarse firme frente a ese posible acuerdo y motivarían eventuales conflictos en 2022. Consultado al respecto, Navarrine prefirió no hacer comentarios.
Por fuera de eso, desde el sindicato reconocen algunos aspectos positivos de la actual gestión. Refiriéndose a Navarrine -un coronel retirado que responde a Cabildo Abierto-, González dijo que, aunque “tiene una formación que le juega en contra” por “particularidades” de la administración pública –no se puede “mover las cosas de aquí para allá, de un día para el otro”–, el actual presidente del Correo “no vino a hacer la plancha” como varios de sus antecesores, sino que “tiene intenciones de hacer cosas”. Sin embargo, advirtió: “Nos hemos quemado con leche infinidad de veces”.
Dijo que hay disposición de parte de la AFPU a negociar algunas de las reformas que el directorio planea, como las modificaciones en los radios de los carteros. En todos los casos, exigirían a cambio la entrada de nuevos funcionarios, algo que, sin embargo, no parece contar con el beneplácito de las autoridades de la empresa.
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