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La semana pasada, el presidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), Miguel Vaczy, fue consultado por Búsqueda respecto a los errores de cálculo en la cantidad de expropiaciones necesarias para la obra del Ferrocarril Central. La consultora VR Track, contratada por UPM, había calculado que se necesitaban unas 240 expropiaciones, pero el nuevo gobierno se encontró con que finalmente se requerían más de 1.000.
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Ante la pregunta de quién tendría que hacerse cargo de los sobrecostos derivados de ese error de cálculo, Vaczy respondió: “La lógica de funcionamiento de una PPP (proyecto de participación público-privado) es que los riesgos y costos adicionales los deberá asumir la empresa que ganó la licitación”.
Esta semana, el jerarca quiso precisar esa respuesta porque, según dijo, no representa su postura ni la situación real del tema. Entonces, volvió a responder la pregunta que le había formulado Búsqueda.
“Es importante comprender cómo funciona una obra pública de infraestructura en el caso particular de una PPP. En referencia a los roles, tanto del Estado como de la empresa constructora contratista, hay que dejar claramente establecido que los costos de las expropiaciones corresponden al Estado, mientras que los costos inherentes al proyecto de construcción y posterior mantenimiento de la línea corresponden al consorcio constructor por el lapso de tiempo que demore el contrato”, escribió esta vez.
Además, detalló que la estimación original de 240 expropiaciones implicaba una erogación estimada de US$ 20 millones para el Estado. Con el escenario actual de más de 1.000 expropiaciones esa cifra asciende a US$ 65 millones.