Con ese panorama, el Frente Amplio se propone votar, en año electoral, una nueva ley orgánica militar que sustituya a la que existe desde 1974.
“Hay una cantidad de cosas que se hicieron pero hay temas que se necesitan cerrar. Para nosotros es clave la reforma de la “caja militar”, que se aprobó con restricciones porque hubo que transar para conseguir los votos, pero se aprobó, pero hay que terminar de votar la carta orgánica. Si no se vota la carta orgánica no tiene efecto la reforma porque la pirámide está totalmente deformada” dijo esta semana a Búsqueda la vicepresidenta y primera senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP), Lucía Topolansky.
La pirámide mencionada por Topolansky es la cantidad de oficiales y subalternos que debe haber en cada jerarquía y que se fija por ley.
El 20 de agosto pasado, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de 172 artículos que se comenzará a discutir en las próximas semanas. La iniciativa, que lleva la firma del presidente Tabaré Vázquez y del ministro de Defensa Jorge Menéndez, propone una reducción de coroneles, el grado donde la pirámide se achata porque durante años se aplicaron leyes de ascenso automático por tiempo doble de permanencia en el grado anterior. Si prospera el proyecto, solo se podrá ascender cuando haya vacantes reales y no como hasta ahora también fuera de cuadro.
También baja el número de generales del Ejército (de 16 a 13), mientras que los de la Fuerza Aérea se mantienen en seis y la Armada tendrá uno más, siete.
El presidente de la Comisión de Defensa del Frente Amplio, Gustavo Scaron, opinó que el proyecto enviado es satisfactorio y eso se expresará en un informe que se presentará a la Mesa Política en los próximos días.
Consultado por Búsqueda, Scaron admitió que se hicieron algunas observaciones aunque no quiso entrar en detalles antes de presentar el documento.
Ante la posibilidad cierta de que la oposición no acompañe la iniciativa, además de la postura que adopte el polémico diputado Pérez u otro indisciplinado que haga perder la mayoría, el oficialismo tiene que consensuar al menos cuatro miradas acerca del tema militar: la del MPP, la del sector del ministro Danilo Astori, la del Partido Comunista y la de Casa Grande.
Casa Grande, que lidera Constanza Moreira, apuesta a tener fuerzas armadas más pequeñas, pero no como quiso Lacalle en la década de 1990, con alta tecnología, sino adecuadas a necesidades mínimas. Los comunistas, por su parte, insisten en que la única forma de contar con una defensa militar eficiente es preparando a la población, un asunto asaz polémico que se arrastra desde las postrimerías de la ll Guerra Mundial.
El debate se dará, además, en tiempos de crecimiento de la imagen de la institución militar y con la seguridad pública como uno de los temas centrales de la agenda política.
El rumbo de la ley de Defensa
La Ley de Defensa fue promulgada en 2010. Desde entonces, el Frente Amplio ha postergado año tras año dar el paso siguiente, una nueva ley orgánica para las Fuerzas Armadas, que en su versión original incluía el sistema de retiros. La urgencia del Ministerio de Economía por abatir el déficit puso al partido del gobierno en serios problemas a pesar de la opinión del MPP de seguir con otro orden más lógico: primero discutir la organización de las fuerzas y luego los retiros.
A la salida de la dictadura, a la norma que los militares se hicieron como un traje a medida, con el Parlamento clausurado, la democracia podó las definiciones de seguridad para el desarrollo, el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y otros conceptos de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, pero desde entonces pasaron 34 años.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, además de reafirmar el rechazo a esa doctrina, incorpora algunos elementos nuevos de la legislación militar, no solo la defensa de los derechos humanos y el ambiente, sino en bioseguridad y ciberespacio y la variante de género, que en la década de 1970 no eran tan visualizados.
El proyecto contempla también los derechos del personal en tanto funcionarios y dispone concursos de ascenso en las tres fuerzas, entre los oficiales y en el personal subalterno. También flexibiliza los contratos en ciertos casos justificados.
No obstante, entre los oficiales generales prima la idea de que no es urgente cambiar la ley y menos en un año electoral.
Fuentes del Ministerio de Defensa dijeron a Búsqueda que las críticas más fuertes a este proyecto se centran en que toma un rumbo diferente al trazado por la Ley de Defensa.
Los informantes indicaron que mientras esta norma, aprobada con el respaldo de todos los partidos, sienta las bases para las operaciones conjuntas, el nuevo proyecto va en sentido contrario: fomenta las “chacras” de cada fuerza. Eso se vería en ausencias clave: Planes Militares de Defensa, de diseño para compras conjuntas para bajar costos operativos y del jefe de operaciones del Estado Mayor de la Defensa (Esmade).
La Ley de Defensa dispone que del jefe del Esmade dependerá “el mando general de las operaciones conjuntas o conjuntas combinadas”.
El proyecto actual, explicaron las fuentes, deja al Esmade como órgano asesor con potestades para planificar y coordinar, pero falta un concepto militar central: conducir. Esto sumado a que las decisiones en materia logística quedan en cada fuerza, es visto como un retroceso respecto a los objetivos de la Ley 18.650 (llamada Ley Marco de Defensa) más a tono con las concepciones modernas.
Jurisdicción y misiones
Otra de las definiciones del proyecto que ha recibido fuertes críticas es el de jurisdicción. Esta concepción de las Fuerzas Armadas, dijeron los informantes, corresponde a una época histórica antigua, porque delimita el espacio de competencia de cada fuerza, como lo hace el proyecto de forma abundante y detallada no se corresponde con la concepción moderna de la defensa.
“La población no debe considerarse nunca una amenaza a la seguridad del Estado y su protección es el fin superior de todas las acciones que se emprenda en esta política pública”, afirma el escrito enviado por el Poder Ejecutivo para desterrar la idea de que las Fuerzas Armadas están antes que nada para sofocar revueltas internas en lugar de defender la soberanía.
El texto prevé una batería de 19 misiones que van desde “generar las condiciones para la formación e instrucción de la población en defensa pasiva, movilización y protección civil”, el ambiente, “las infraestructuras críticas”, “la prevención y neutralización de ataques terroristas”, desarrollar la “inteligencia estratégica”, “contribuir a la bioseguridad”, la “formación e infraestructura educativa y social del país” y hasta “apoyar el deporte y la educación física”.
El proyecto abunda en explicar que el concepto de obediencia debida no se aplica a los militares uruguayos del siglo XXI porque, igual que antes, nadie está obligado a cumplir con una orden ilegal.
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