A mediados de 2018, Azucena Arbeleche, quien era presentada por el entonces precandidato presidencial blanco Luis Lacalle Pou como su eventual ministra de Economía, cuestionaba con dureza al en ese momento titular de la cartera, Danilo Astori. En una entrevista con Búsqueda, la economista sostenía que el gobierno del Frente Amplio hacía una “cantidad de gasto (…) sin control”, que parte de los dineros públicos “se despilfarran” y que la posible pérdida del grado de inversión no especulativa — investment grade— podía “ser parte de la herencia” para la siguiente administración.
Según las estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en aquel momento el déficit del conjunto del sector público representaba 3,9% del Producto Bruto Interno (PBI o PIB). Tras la derrota electoral de 2019, el Frente Amplio entregó al gobierno de la coalición multicolor cuentas en rojo —en los 12 meses a febrero de 2020— por el equivalente a 5,0% del PBI si se excluyen los ingresos extraordinarios del fideicomiso de los “cincuentones” desafiliados de las AFAP (que más adelante implicará un egreso); sin embargo, corregido el efecto del pago de pasividades y salarios de marzo adelantado por cuestiones operativas, el déficit fue de 4,3%. (*)
El manejo fiscal responsable ha sido una de las obsesiones declaradas por la ministra Arbeleche, lo que se plasmó por ley en una regla que busca impedir excesos. En un inicio, medidas como la prohibición a cubrir dos de cada tres vacantes que se generen en el Estado o el límite para la administración central de solo poder gastar hasta 85% de los recursos que estaban asignados permitieron abatir el déficit y, a mediados de 2022, el desequilibrio de 12 meses se ubicó en torno a 2,8% del PBI (sin “cincuentones”). Sin embargo, desde setiembre de ese año se produjo una progresiva desmejora fiscal, que siguió en octubre pasado. Según los datos informados el 30 de noviembre por el MEF, si bien el resultado del gobierno central y del Banco de Previsión Social (BPS) se mantuvo, como a setiembre, en 3,9% del PBI, el déficit del conjunto del sector público se amplió de 4,2% a 4,3%; si se excluyen los ingresos por los “cincuentones”, la suba fue de 4,3% a 4,4% del PBI.
“Un desastre”
Martín Vallcorba, un exfuncionario del MEF en períodos frentistas que hoy asesora al senador y precandidato presidencial Mario Bergara, recordó en una columna publicada el 16 de noviembre en la diaria los cuestionamientos fiscales que hacía Arbeleche en 2019. “Parece claro que, si en aquel momento, en medio de la campaña electoral, la valoración que hacía la actual ministra era aquella, y entonces alertaba sobre luces rojas, hoy debería estar mucho más preocupada por la situación actual. Pero no es así”, escribió. Según él, lo que hizo la actual administración fue “un ajuste de mala calidad (...). Lo que hizo el gobierno con el gasto fue comprimirlo temporalmente, pero, como suele ilustrar el colega Javier de Haedo, sucedió lo que pasa cuando uno aprieta un resorte: cuando lo suelta, vuela por los aires”.
“De cara a 2024 —agregó Vallcorba—, el aumento real que tendrán las pasividades y los salarios, junto con los aumentos de gasto ya comprometidos y la rebaja de impuestos promovida por el gobierno, generarán presiones adicionales que harán muy difícil que el año próximo se pueda mejorar el resultado fiscal y cumplir con las metas establecidas”.
Pablo Ferreri, exsubsecretario de Economía en el último gobierno del Frente Amplio y uno de los referentes del nuevo sector Espacio Socialdemócrata Amplio que apoya la precandidatura de Carolina Cosse, hizo un análisis similar. “En este año prelectoral y electoral, los gastos crecen como en otras épocas”, aseguró en el programa Lado B de TV Ciudad el 28 de noviembre.
“La ministra, cuando estaba en la oposición y hacía campaña electoral en 2019, decía que la situación fiscal era un desastre. Hoy el déficit fiscal es exactamente el mismo que en 2019; hubo una represión transitoria del gasto en los primeros años de este período de gobierno que tuvo que ver con rebaja de salarios, de pasividades y freno a la inversión pública. Una vez que esa represión transitoria pasó, tenemos el mismo déficit fiscal. Pero hay un dato que nos da una situación fiscal bastante más compleja, y es que hoy tenemos una deuda pública que es 10 puntos del PIB mayor que la del 2019. Esto pinta un panorama fiscal para la próxima administración bastante complejo, con escaso margen de maniobra”, afirmó Ferreri.
Un economista de izquierda consultado por Búsqueda conicidió con ese enfoque. Dijo que, aunque sigue habiendo un “manejo muy profesional y eficiente” de la política fiscal, aumentó la deuda pública respecto del PBI, sobre todo por efectos derivados de la pandemia: una caída en los ingresos y un incremento moderado del gasto de atención de los efectos de la emergencia sanitaria. Opinó que “lo más probable es que, más temprano que tarde, el progresivo empeoramiento del resultado de las finanzas públicas comenzará a manifestarse en la prima de riesgo. Esto no representa una amenaza en el corto plazo”, pero sería un problema a medio plazo al abultar la carga de los intereses de deuda.
Por su lado, el director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, aseguró en una charla para socios efectuada la semana pasada que el próximo gobierno recibirá una situación fiscal “delicada” y, por eso, no tendrá margen para subir gastos ni impuestos.
Otros analistas más lejanos del círculo político también han llamado la atención sobre el deterioro de las finanzas. Para Nicolás Cichevski, gerente de la consultora CPA, si bien en noviembre y este diciembre saldrán de la cuenta inversiones y gastos realizados por única vez en 2022 —que estimó en unas tres o cuatro décimas de punto—, “es muy improbable cerrar el año en 3,2%” del Producto, que es la proyección del MEF.
Según consultas efectuadas por Búsqueda a analistas del exterior, si bien no descartan que haya un desvío respecto de los objetivos fijados por el gobierno para este año, no ven el panorama fiscal de Uruguay como preocupante.
“Sorprende”
Frente a los cuestionamientos al manejo fiscal, la directora de Política Económica del MEF, Marcela Bensión, defendió la gestión y expresó sorpresa por planteos de “analistas” y “asesores” por señalar la necesidad de realizar un ajuste en la fase que atraviesa la economía.
Consultada por Búsqueda, la jerarca declaró que el déficit anual del gobierno central y del BPS —el perímetro definido para la regla fiscal vigente desde 2020— se situó hasta octubre pasado “en línea con lo que se estimaba a esa altura del año cuando el MEF presentó sus estimaciones en la Rendición de Cuentas de 2022. En junio pasado, se estimaba cerrar el 2023 con un déficit fiscal efectivo de 3,2% del PIB. Tomando eso en consideración, no es correcto comparar cifras de octubre con cifras de cierre de año”. Argumentó, además, que si bien hasta octubre pasado el déficit se ubicaba en 4% del PIB, esa cifra “contiene erogaciones realizadas en diciembre de 2022 en infraestructura y test de Covid, entre otros, que no se reiterarán en diciembre de este año, lo que mejorará la medición al cierre de 2023”. En la misma línea, para Bensión “tampoco es correcto tomar el valor de setiembre de 2022 como una referencia de bajo déficit del período, ya que son un mes y un valor arbitrarios”.
Mencionó como otro aspecto que influyó en el resultado de los últimos meses el impacto fiscal de “una sequía que no solo afectó la zona metropolitana sino también al sector agropecuario, con el consiguiente efecto indirecto sobre el nivel de actividad general” y, por tanto, en la recaudación.
Del mismo modo, la directora del MEF sostuvo que una mayor reducción de lo esperado en el nivel inflacionario también afectó los ingresos fiscales. “Pero esa rebaja en la inflación tiene una importante contracara positiva en el bolsillo de la gente, con un beneficio directo a la población” que “se suma, además, al aumento salarial que se está procesando y a la reciente rebaja de impuestos a las empresas más pequeñas y a nivel del IRPF y IASS para los contribuyentes de menores ingresos”, puntualizó.
Bensión entró después en una cuestión más técnica. Recordó que la meta del gobierno no refiere al déficit efectivo —de 3,2% del Producto para este año— sino al estructural, es decir, el resultado una vez corregido por el ciclo económico y las partidas extraordinarias. En esta administración, ese desequilibrio estructural se redujo de 4,4% en 2019 a 2,6% del PIB en 2022 —con un objetivo similar para 2023—, repasó. “Ese déficit es el primer pilar de una regla fiscal que se implementó en 2020, entre otras razones, para estabilizar el aumento del gasto público, con independencia del ciclo económico que se atraviesa, aunque respetando el tope que impone el crecimiento económico potencial (estimado en 2,8% real anual). En la jerga económica, ello implica pasar de un comportamiento del gasto público procíclico a un gasto contracíclico. Por tanto, esto puede implicar cierta estabilización o aumento del déficit fiscal efectivo en momentos de merma económica, que no necesariamente implique un deterioro del resultado estructural. Por esto sorprende cuando algunos analistas o asesores hablan de que hay que hacer ‘correcciones’ fiscales —en claro eufemismo a un ajuste fiscal— en momentos como el actual, en que el PIB está creciendo por debajo del crecimiento potencial y con una brecha producto negativa. Es totalmente lo contrario; se trata de sostener el gasto público en momentos como el actual, teniendo la prudencia de no sobrepasar el 2,8% real cuando el nivel de actividad se recupere incluso por encima de ese valor”, planteó.
Para la jerarca, “es importante volver sobre estos conceptos de la regla fiscal implementada por este gobierno, ya que resulta confuso cuando ciertos colegas refieren a un posible incumplimiento fiscal sin hacer referencia alguna a la regla fiscal y al resultado estructural o, incluso, al nivel de endeudamiento, que se encuentra en línea con lo esperado”. Y desafió: “Ante los presagios de que se incumplirán las metas fiscales, no es la primera vez que este equipo económico recibe augurios de que no se cumplirían los pronósticos fiscales y económicos. Incluso, se ha dicho que se iban a tener que subir los impuestos. La realidad demostró el buen rumbo y la credibilidad que tiene esta administración”.
(*) El párrafo original fue ajustado incorporando el dato del déficit una vez corregido el efecto del gasto anticipado en pasividades y salarios públicos.
