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    El Plan Nacional de Agroecología fue aprobado en “consenso” e identificó limitantes, carencias, desafíos y ciertos sesgos

    Uno de los objetivos es crear una “oferta accesible de alimentos inocuos y de calidad” para una “alimentación adecuada y saludable” y el “afianzamiento de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional”

    Tras una serie de desencuentros y discrepancias entre algunos de los integrantes de la Comisión Honoraria para el Plan Nacional de Agroecología (CHPNA), esa instancia que es presidida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) aprobó un texto oficial con lineamientos estratégicos.

    Lo “importante” es que tuvo el “consenso de todos” los participantes y en diciembre quedó acordado el plan, dijo a Búsqueda el titular de la comisión Eduardo Blasina.

    Comentó a su vez que el trabajo ya comenzó a ser implementado con algunas acciones específicas, como una encuesta entre productores para conocer si las prácticas aplicadas en sus predios suponen una producción agroecológica o no, entre otros aspectos.

    Se hizo un llamado público y la empresa Opción Consultores es la encargada de realizar ese relevamiento, que comenzó en estos días, señaló Blasina.

    El denominado Plan Nacional de Agroecología (PNA) comprende un extenso y amplio documento, de unas 28 páginas, con varios ejes estratégicos, diagnósticos y objetivos, entre otros puntos.

    En diciembre de 2018 el Parlamento aprobó con el apoyo de todos los partidos políticos la Ley 19.717, que estableció la declaración de interés general y la creación de la CHPNA y el “Plan nacional para el fomento de la producción con bases agroecológicas”, reglamentada en junio de 2019 por el decreto Nº 159/019.

    Esa norma define la agroecología como “la aplicación de los conceptos y principios ecológicos al diseño, desarrollo y gestión de ecosistemas agrícolas sostenibles”. Abarca a productos “tanto en estado natural como elaborado, con el objetivo de fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria, contribuyendo al cuidado del ambiente, de manera de generar beneficios que mejoren la calidad de vida de los habitantes”.

    La CHPNA tiene como cometidos “elaborar, coordinar la implementación y monitorear la ejecución del plan para la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica”. Esa instancia funcionará en el ámbito de la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP, según dispone la ley en cuestión.

    La comisión está compuesta por trece miembros e igual número de suplentes, siete de los cuales fueron designados por organismos públicos y seis por el Poder Ejecutivo a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil.

    Blasina, como presidente, está a cargo de efectuar las convocatorias correspondientes, coordinar las actividades y brindar el personal técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de sus tareas.

    Además del MGAP, la integran delegados de los ministerios de Medio Ambiente, de Salud Pública y de Desarrollo Social, de la Universidad de la República, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

    Tienen también un representante en esa instancia la Universidad Tecnológica, la Administración Nacional de Educación Pública, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Congreso de Intendentes.

    Por la sociedad civil participan las organizaciones Red de Agroecología del Uruguay, Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, Red de Huertas Comunitarias del Uruguay, Comisión Nacional de Fomento Rural, Asociación de Fruticultores de Producción Integrada y Asociación Nacional de Productores de Leche.

    Algunas de esas organizaciones cuestionaron a Blasina, entre otras cosas, por el “enfoque exportador”, dejando de lado al productor familiar durante el proceso de elaboración del plan en cuestión. Y ese representante del MGAP rechazó la visión de ciertas asociaciones civiles en cuanto a “poner a Cuba o Nicaragua” como “modelo de producción campesina” para la agroecología uruguaya, según pudo averiguar Búsqueda.

    Diagnóstico

    Parte del diagnóstico incluido en el texto del trabajo indica que “la producción sobre bases agroecológicas representa en muchos rubros una porción muy minoritaria de la producción de alimentos” en Uruguay.

    “La demanda creciente de este tipo de alimentos es una oportunidad importante para su crecimiento, lo que tendría un impacto positivo en la población debido a la oferta de alimentos de calidad y saludables”, señala.

    Sostiene además que “entre las limitantes que se identifican para generar procesos de transición o aumento de la superficie y número de productores, algunas son de tipo estructural y otras tienen que ver con aspectos normativos”.

    “Dentro de las limitantes estructurales se pueden mencionar la falta de sistematización de experiencias, carencias en la generación de conocimiento y disponibilidad de tecnologías que se adecuen a sistemas de producción agroecológicos o dificultades en el acceso a la tierra, al igual que para otros sistemas productivos familiares”, plantea el diagnóstico. Y advierte por otra parte que en relación con la normativa vigente, “la ausencia de evaluación de riesgo ambiental del uso de plaguicidas constituye un escollo para la producción agroecológica”.

    “Hay además un vacío para el registro de insumos autorizados en producción agroecológica”, considera la comisión redactora, y sostiene que “la falta de un sistema de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) para el desarrollo de la agroecología, así como de acceso a recursos para la producción (tierra y capital) apropiado para este tipo de producción, también constituyen limitantes importantes”.

    Otros aspectos destacados en el plan apuntan a que “la certificación es exigida por la normativa vigente y no debería ser una barrera infranqueable para el ingreso de agricultores familiares a este tipo de producción”.

    “Los impactos ambientales de la producción convencional (externalidades), por ejemplo, contaminación, pérdida de biodiversidad y de fertilidad del suelo, afectan los sistemas de producción agroecológicos” y “no hay una propuesta metodológica de internalización de estos costos ambientales”, cuestiona.

    Señala además que “en el ámbito urbano se identifica que el rol que tienen las huertas educativas y comunitarias en generar conocimientos, experiencias de autogestión y consumo y empoderamiento de actores locales podría ser mejor utilizado” si se apuesta al escalamiento de dichas experiencias y se fortalece su actividad.

    “Los sesgos de género y generacionales en el acceso a la formación, la toma de decisiones y los recursos productivos pueden obstaculizar la inserción de mujeres y jóvenes en la producción en general”, reconoce.

    Propuestas

    Entre las propuestas del plan figuran aspectos vinculados a la necesidad de “fomentar y ampliar los sistemas de producción de base agroecológica teniendo como sujeto principal a la agricultura familiar y sus organizaciones”, así como “la producción de la agricultura urbana y suburbana, con énfasis en género y generaciones”. Impulsar la “oferta accesible de alimentos inocuos y de calidad, contribuyendo a una alimentación adecuada y saludable”, para el “afianzamiento de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional”, sugiere.

    La comisión considera “fomentar mercados locales y de cercanía” para productos de base agroecológica, “favoreciendo la interacción entre productores y consumidores y fortaleciendo una cultura de consumo responsable”.

    La “identificación de las barreras arancelarias y paraarancelarias nacionales e internacionales de acceso a mercados y promover la remoción” de estas es otro de los cometidos establecido.

    Dificultades y participación

    En cuanto al capítulo sobre acceso, distribución y consumidores, el plan indica que hay una “demanda creciente de productos generados con respeto por los criterios ambientales y agroecológicos, tanto para el mercado interno como para la exportación”.

    “Sin embargo, al presente es dificultoso para productores familiares responder a esa demanda” debido a “la carencia de investigación, asesoramiento, desarrollo de mercados, normativa (entre otros) que se requiere para poder iniciar y dar continuidad a una línea de producción bajo este enfoque”, sostiene.

    Entre los desafíos para consolidar la producción agroecológica, la comisión en cuestión recomienda la necesidad de “apoyar los cambios de patrones de consumo y la valorización cultural del rol de la producción familiar y las funciones ecosistémicas agroecológicas”, mediante “acciones tangibles de promoción, educación y visibilización en todos los sectores de la sociedad”.

    “La promoción del consumo de alimentos generados sobre bases agroecológicas permite consolidar la soberanía alimentaria, potenciar al sector gastronómico local, el turismo y la marca país”, afirma.

    Argumenta además que “en una era en la que las enfermedades por causas alimentarias se incrementan año tras año, es fundamental contribuir al cambio de hábitos alimentarios de la población, orientándose hacia un modelo que priorice los alimentos frescos, locales y de temporada”.

    En ese sentido, el plan incluye que las compras públicas representen una “herramienta con potencial para contribuir a esos objetivos”.

    “La baja divulgación de las licitaciones hace que en ocasiones la información no llegue a los potenciales proveedores de la producción familiar de base agroecológica”, cuestiona. Y puntualiza que “las licitaciones no se adecuan a los objetivos de la ley de compras públicas, sino a facilitar al gestor en cuanto a compra anual, listado de productos, único proveedor”.

    Otras “limitantes” incluidas en el diagnóstico refieren a la falta de planificación de la oferta y la comercialización de los productos agroecológicos y logísticos para la distribución de los productos. A eso se suman “dificultades en el acceso a los espacios en ferias o tiendas especializadas, junto con la dificultad de organización y participación de colectivos de consumidores, lo que no genera espacio para la concreción de nuevas alternativas”.

    Ante esa situación, plantea que resulta “importante considerar las redes territoriales existentes, las dificultades locales y regionales específicas, desarrollando capacidades para diseñar circuitos de abastecimiento, robustecer circuitos comerciales cortos y de cercanía”.

    Dentro de los espacios de participación y desarrollo territorial, el PNA busca promover la creación de Núcleos Agroecológicos Territoriales (NAT), que serán “redes orientadas a desarrollar principios, conocimientos y prácticas de la producción de base agroecológica por medio de acciones que integren actividades de enseñanza, investigación y extensión” en sus zonas.

    El “papel activo” de las organizaciones nacionales de productores con expresión territorial y la integración de nuevos actores que amplíen la propuesta es otro de los propósitos del plan.

    Eso será complementado con otras instancias de participación y desarrollo que surjan de las comunidades locales para lograr la promoción de las prácticas agroecológicas, señala.

    El “espíritu de la gestión” del PNA se basará en dos componentes: la “coordinación entre instituciones públicas y de la sociedad civil” y la “promoción de la participación” en los territorios. Establece que un “punto de partida central” lo constituyen las organizaciones e instituciones ya existentes que trabajan en agroecología, así como aquellas con interés en incursionar en la temática.

    Respecto a la constitución de los NAT, el plan indica que “puede darse a partir de colectivos, organizaciones o instituciones, en vínculo con la temática, o con interés en incursionar” en ella.

    Los NAT “exigen un grado de coordinación, articulación de actores y capacidad de elaborar e implementar proyectos que no siempre será posible promover desde el inicio del PNA en los territorios”, señala.

    Otro de los capítulos del plan corresponde a la “promoción y regeneración de las funciones y estructura de los ecosistemas”, para lo cual se pretende “identificar indicadores de fácil implementación para evaluar la salud del suelo”, considerando aspectos de nutrientes, materia orgánica, biología del suelo, evaluando su biodiversidad.

    También sugiere diseñar e implementar planes de regeneración de suelos y biodiversidad en predios, principalmente familiares, que abarquen diferentes regiones y sistemas productivos e incluyan predios del Instituto Nacional de Colonización (INC), según el texto oficial, aprobado en diciembre.

    Plantea por otra parte promover la instalación de “zonas de amortiguación o buffer” en las áreas riparias (cursos de agua) vinculadas a la conservación de la calidad del agua y restauración de la biodiversidad.

    El desarrollo de “políticas e instrumentos (incluyendo incentivos económicos) para promover el rescate, la producción, el uso y la conservación de recursos genéticos nativos y criollos”, con la participación de organizaciones sociales y de productores, es otro de los objetivos.

    Asimismo, establece la promoción de la “investigación participativa” y “desarrollo de capacidades” para la producción e intercambio de “recursos genéticos nativos y criollos”.

    “Identificar especies animales nativas y criollas con potencial de uso e implementación de experiencias de cría e incentivar su introducción en reservas públicas, con fines de multiplicación e investigación”, figura en el plan.

    Dispone a su vez “la vinculación del sector productivo y gastronómico para generar sinergias” en el agregado de valor a lo largo del sistema alimentario, incorporando también microorganismos que se puedan consumir (hongos comestibles) o que intervengan en la elaboración de alimentos (levaduras, bacterias y otros).

    Agro
    2022-02-23T17:09:00

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