Redistribución de tareas y de funcionarios en distintas dependencias, recortes en ciertos gastos administrativos y en los salarios en algunos casos, principalmente en la revisión de los que tienen contratos próximos a vencer y que ingresaron en el período de gobierno del Frente Amplio, son algunas de las medidas que empezaron a implementar las actuales autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
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Sin embargo, ese tipo de decisiones encontraron una serie de obstáculos para su aplicación, ya que los funcionarios se plantean resistir a los cambios, especialmente cuando no implican una modificación establecida por escrito en cuanto a las nuevas tareas a cumplir y a que la redistribución no sea negociada con el sindicato de funcionarios de Ganadería, según supo Búsqueda.
A modo de ejemplo, una de las fuentes consultadas comentó que recientemente fueron trasladados dos funcionarios que están contratados para un programa específico de esa secretaría de Estado y que a partir de ahora empezarían a trabajar en la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba), que funciona en la órbita del MGAP.
Uno de los funcionarios está contratado como chofer y lo trasladaron a la Cotryba para cumplir tareas administrativas, lo que ocasionó el rechazo de una funcionaria que ya desempeña funciones en esa comisión porque consideró que no le correspondía hacerse cargo de asignarle tareas a los nuevos empleados. Y reclamó además que esa decisión debería ser realizada mediante un nuevo contrato, en el que se defina esa modificación, comentaron los informantes.
Acotaron que no es lo mismo tener un salario, entre otras condiciones laborales, cuando se lo contrata para chofer que realizar procesos administrativos, pues requieren otros conocimientos y una capacitación.
Dar respuesta y soluciones a los ataques de jaurías en el campo uruguayo, porque provocan pérdidas de ovinos y vacunos a los productores, es considerada una de las prioridades de la nueva administración del MGAP. El ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, declaró a Búsqueda a fines de diciembre que tenía previsto implementar “de inmediato” un “plan de capturas de perros sueltos” (Búsqueda N° 2.051).
A fines de mayo Radio Rural divulgó el caso de una productora que denunció el ingreso de unos nueve perros a su establecimiento en Santa Clara del Olimar (Treinta y Tres) y que le mataron un toro de pedigrí, novillos y dejaron heridos a otros vacunos. Al día siguiente, Uriarte visitó el predio de esa ganadera y luego la acompañó a la comisaría de la zona donde fue realizada la denuncia policial.
En las redes sociales ese gesto del ministro fue reconocido como positivo por algunas personas y también fue cuestionado por otras que reclamaron acciones concretas para resolver el problema de las jaurías.
Hasta hace pocos días la Cotryba contaba solamente con dos funcionarios, de los cuales uno está con licencia médica y el otro fue eximido de concurrir a su lugar de trabajo por estar en el rango de edad de riesgo si se contagia de coronavirus, según las fuentes consultadas.
Contaron que la semana pasada fueron trasladados a la Cotryba tres funcionarios contratados en el marco del Proyecto de Desarrollo y Cambio Climático, financiado por el Banco Mundial y el MGAP. Entre ellos se encuentran un chofer y dos administrativos, y la Cotryba tiene vacante la designación de un gerente, por lo que no hay una persona responsable de encargarse de las directrices correspondientes.
En alerta
“El ministerio no es una estancia en la que utilizo a la peonada para que hagan lo que al capataz se le ocurre para quedar bien con el patrón”, comparó una de las fuentes en tono irónico.
De acuerdo a las conversaciones mantenidas por Búsqueda con integrantes de la Asociación de Funcionarios del MGAP, la asunción de las nuevas autoridades en Ganadería y en varios institutos públicos agropecuarios, que en su mayoría son exdirectivos de gremiales rurales, se percibe como un intento de grupos de productores del agro de utilizar sus cargos para manejarse como lo hacen en sus establecimientos productivos. “Vienen con el chip del sector privado y no se dan cuenta de que en la administración pública la gestión es diferente y hay normas legales vigentes que impiden adoptar ciertas determinaciones sin cumplir con los procesos correspondientes”, advirtió uno de los informantes.
Otra situación que causó malestar en la interna del MGAP fue la decisión de cerrar algunas oficinas de ciertas dependencias, específicamente las agencias de la Dirección General de la Granja en las localidades de Sauce y Paso de la Arena, según averiguó Búsqueda. El argumento de las autoridades es reducir los costos de los alquileres de esas oficinas, algo que también evalúan hacer en otras reparticiones ministeriales.
Sin dejar de reconocer el objetivo del Poder Ejecutivo de hacer ajustes en los gastos, en estos casos el cierre dificultará a los productores de las zonas correspondientes contar con una dependencia del MGAP para realizar diferentes trámites y para que la propia secretaría de Estado pueda realizar los controles y otras tareas en esos territorios, plantearon las fuentes.
Dijeron que esas medidas de cierre están previstas para el 30 de junio y en el caso de la agencia del Paso de la Arena se podría evitar esa decisión mediante un acuerdo con la organización denominada Defensa Agraria, donde funciona esa oficina y que ofreció no cobrarle el alquiler.
En cuanto a algunos recortes de gastos implementados en Ganadería, Afgap se declaró en alerta y advirtió que esas medidas ponen en riesgo el cumplimiento de las funciones de esa secretaría de Estado, lo que implica un peligro para el mantenimiento del estatus sanitario del rodeo local (Búsqueda N° 2.072).
Actualmente, ese sindicato aguarda la respuesta de las autoridades del MGAP a una serie de consultas realizadas sobre el asunto en cuestión y sigue atento a las nuevas designaciones realizadas.
La idea es analizar cada una de las incorporaciones de adscriptos y asesores que ingresaron desde que asumió el actual gobierno porque eso podría suponer una incoherencia, dijeron a Búsqueda en Afgap. Eso comentaron en cuanto a que, por un lado, se plantean recortes y ajustes y, por otro, el Ministerio de Ganadería incorpora a personal de confianza con salarios que en algunos casos superan los $ 100.000 mensuales.
Algunas resoluciones recientes establecen la contratación de adscriptos, como los casos de la actual directora de Asuntos Internacionales, Adriana Lupinacci Olaso, y de la técnica en la Dirección de Desarrollo Rural, María Mercedes Antía Behrens, quien es hermana del exintendente de Maldonado, Enrique Antía.
Esas dos adscriptas fueron designadas para cumplir funciones desde el 1° de enero hasta el final del mandato de Uriarte, y las resoluciones están fechadas el 19 de mayo y el 25 de mayo, respectivamente, para desempeñar labores durante 40 horas semanales y percibir un salario de $ 135.000 por mes.
Lupinacci, ya en pleno cumplimiento de su cargo en la Unidad de Asuntos Internacionales en el MGAP, mantuvo actividades en empresas privadas vinculadas al comercio exterior, según supo Búsqueda.
Nuevas instituciones
Respecto a la institucionalidad pública encargada de atender los asuntos de la granja y de la tenencia responsable de animales, el proyecto de ley de urgente consideración remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento incluye la creación del Instituto Nacional de la Granja y el Instituto Nacional de Bienestar Animal.
La idea es jerarquizar las competencias y tareas asignadas por ley a la Cotryba, ampliar su alcance y mejorar su gestión, argumentó el Partido Nacional en su programa de gobierno.
La realidad es que hoy las jaurías siguen causando estragos en las majadas, lo que desalienta a continuar con la actividad a los productores ovejeros. De hecho, el rodeo de ovinos de Uruguay registró una caída en las últimas décadas, debido a diferentes factores, pero entre ellos figura con mayor insistencia entre los ruralistas el ataque de perros y el abigeato.
