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El comisionado parlamentario penitenciario comenzó a llevar un registro informal de abusos policiales en las cárceles
“Hay muchos casos de gente que no quiere denunciar formalmente por temor a represalias o porque su vida en prisión se complique”, aseguró Juan Miguel Petit
Golpear a un preso innecesariamente, dejarlo con las esposas puestas dentro de la celda, obligarlo a quedarse de rodillas contra la pared, darle poca comida, quitarle el colchón o hacerlo pasar frío. Dentro de la compleja vida carcelaria, que tiene situaciones crudas y angustiantes, son formas más sutiles que los policías utilizan hacia los internos para mostrar su autoridad. Un tipo de agresión institucional histórico cuya información oficial es inexacta y sobre el cual el comisionado parlamentario penitenciario busca echar luz.
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Desde hace dos meses la oficina tiene operativo un registro en el que recibe denuncias de abusos en cárceles por parte de funcionarios a reclusos que por distintas circunstancias no quieren plantearlo de manera formal al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) ni al Poder Judicial.
“Durante muchos años estuvieron naturalizadas estas violencias de maltrato físico y psicológico humillante. Son casos puntuales pero muy relevantes porque generan enorme malestar y generan fricción y van poniendo a la persona privada de libertad en una actitud negativa. La persona termina siendo una moneda contaminada dentro del sistema y también una vez que sale de allí”, explicó a Búsqueda Juan Miguel Petit.
Actualmente los presos pueden denunciar oficialmente ante el Estado este tipo de maltratos, tanto de forma personal como a través de sus abogados. Observaciones, sumarios y separaciones del cargo son algunas de las consecuencias que estos reclamos han originado sobre policías que trabajan en cárceles. Sin embargo, según Petit, aunque estos hechos son tomados en cuenta por las autoridades, muchos reclusos prefieren no denunciarlos formalmente “por temor a represalias o porque su vida en prisión con los funcionarios con los que convive se complique”.
“Nos está pasando varias veces que los internos ni siquiera lo dicen o nos lo dicen pero no lo denuncian”, aseguró. El 16 de junio, ante la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, mencionó específicamente el caso de internos que no quieren denunciar porque les faltan pocos meses para ser liberados y les inquieta ver perjudicada su salida de prisión.
Para afrontar la insuficiencia del conteo oficial se creó este registro paralelo. “Si un recluso sufrió algún tipo de abuso, algún golpe o maltrato verbal, y tienen miedo de que eso se vuelva en su contra, entonces, los entrevistamos y elaboramos un formulario”, explicó Petit en la Cámara de Diputados.
En ese formulario se registra la denuncia, pero con identidad reservada; el supuesto abuso institucional queda efectivamente registrado y firmado por quien dice haberlo sufrido, pero en poder del comisionado parlamentario penitenciario, que no traslada los datos al Ministerio del Interior ni al Poder Judicial sino que los mantiene en un archivo propio. Así logra obtener datos certeros sobre los abusos policiales en cárceles y mejorar sus recomendaciones a las autoridades penitenciarias o interponer recursos de amparo o habeas corpus.
“Queremos utilizar esto como un termómetro de violencias que pasan desapercibidas, pero que computan a la violencia de base del sistema carcelario”, indicó Petit. “A partir del registro hablamos con el director de determinada unidad o con el director del INR o incluso con el funcionario implicado. Es un mecanismo preventivo de monitoreo de derechos humanos, la posibilidad de corregir prácticas equivocadas, la fase previa de acusar a un policía. Termina recomendando acciones de capacitación y de alerta que en ocasiones puede desembocar en un informe parlamentario o de forma más extrema en una denuncia ante la Fiscalía”, agregó.
Desde que se puso en práctica el registro lleva una decena de denuncias. En la oficina del comisionado esperan que los internos confíen en el mecanismo con el correr del tiempo y que para el cierre de año puedan elaborar una línea base de indicadores estadísticos concisos para comparar anualmente. “Eso nos permite poder decir mañana: ‘Este año hemos registrado tantos casos de violencia institucional’ o, por ejemplo, como estamos haciendo con una unidad de la que nos han llegado varios casos, hacer una nota y decir: ‘tenemos denuncias de que en este lugar pasan estas cosas’”.
La idea del registro surgió a partir de un convenio con la Procuración Penitenciaria de la Nación, el símil argentino del comisionado parlamentario penitenciario, que busca proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en el ámbito federal y controlar la actuación del servicio carcelario de Argentina. Este organismo lleva desde 2010 un registro nacional de casos de tortura o malos tratos por parte de la Policía y otras fuerzas de seguridad. El registro contempla todos los eventos que la procuración releva durante su monitoreo en prisiones, ya sea de los detenidos que manifiesten voluntad de denunciar judicialmente la situación como de los que se abstienen de hacerlo.
