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En momentos en que el oficialismo procesa la decisión de uno de sus socios —Cabildo Abierto— de promover en solitario un plebiscito constitucional para propiciar reestructuraciones de deudas personales y establecer un tope más bajo para la usura, el Banco Central (BCU) publicó el lunes 28 un documento de trabajo relacionado con la temática.
El argumento de los impulsores de la recolección de firmas para habilitar una consulta popular junto con las elecciones de octubre de 2024 es que existe un amplio sector de la población —que cuantifica en 1 millón de personas— que estaría “sobreendeudado”. Los cabildantes lideran esa campaña bajo la bandera de una “deuda justa”.
Según el análisis elaborado por economistas del BCU, Uruguay es “uno de los países con menor ratio” de préstamos a las personas físicas sobre el Producto Bruto Interno (PBI o PIB), de 12,3% a mayo pasado. En Australia supera el 80%, tiene un rango de entre 50% y 60% en varias economías europeas y se acerca a 20% en Perú, surge de un gráfico incluido en el documento.
El nivel “intermedio” en que se ubica Uruguay por su ratio de crédito en relación con el Producto responde “en gran medida por el escaso desarrollo del crédito hipotecario”, que representa 4,5% sobre el PBI, de los más bajos entre las 48 economías comparadas, señalan los autores.
En tanto, el crédito otorgado a las personas físicas con destino al consumo y la compra de automóviles representa 7,8% del PBI, cifra que ubica a Uruguay en una posición intermedia en el comparativo publicado por el BCU.
Reconoce que hubo un “proceso de aceleración” del crecimiento promedio anual del financiamiento a los individuos en los últimos tres años (11,9%). En ese contexto, las empresas administradoras de crédito ganaron participación y en mayo pasado rondaba el 24% del total.
El documento hace foco en aquellos deudores que presentan atrasos en el pago: dos terceras partes de los clientes del sistema financiero registrados en la Central de Riesgos Crediticios (CRC) del BCU “mantienen relaciones de crédito saludables (aproximadamente 1.200.000 personas)” y representan, a su vez, el 70% del total de montos adeudados por las personas físicas. Si, además, se considera a los individuos que presentan información en la base de datos de Equifax (ex Clearing de Informes), hay alrededor de unas 720.000 personas adicionales sin incumplimientos registrados por fuera de la CRC. El análisis bancocentralista agrega como otro dato que “la mayor parte de los deudores con dificultades en su capacidad de pago” son como clientes de las financieras. Casi la totalidad de los deudores tienen problemas de pago por deudas originadas por créditos solicitados para consumo, en donde la mediana equivale a un poco más de dos veces el ingreso medio.
Dentro de los deudores calificados como irrecuperables por al menos una institución financiera (unas 660.000 personas), un subgrupo (246.000), que representa el 13% del total de deudores y el 17,4% del total de los montos adeudados, tiene también una mejor calificación con otra institución financiera, en particular con aquellas que tienen descuentos de haberes. Aproximadamente 290.000 personas (15,2% del total de deudores y 5,9% del monto global) poseen la peor calificación crediticia en el sistema financiero y además mantienen otros incumplimientos por fuera de la CRC.
