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La estimación de la pobreza que hace el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 2020 todavía está siendo calculada, según su director, aunque desde hace algunas semanas jerarcas del Poder Ejecutivo hablan públicamente de cifras. Con el trasfondo de un debate político acerca de la respuesta del gobierno al impacto social de la crisis por el Covid-19 —insuficiente, según la oposición—, la ministra Azucena Arbeleche (Economía) dijo que la proporción de población pobre aumentó “algunos puntos” respecto a 2019 y luego el titular de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, habló de “cuatro puntos”, atribuyéndole el dato al INE (BúsquedaN° 2.110 y No 2.112).
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Consultado por Búsqueda, el director del INE, Diego Aboal, aseguró que recién están “haciendo los cálculos” para publicar la cifra de pobreza del 2020 “de aquí a fin de mes” e hizo hincapié en que ni él conoce aún la estimación exacta. En relación al origen de la información manejada por el ministro, agregó: “No sé exactamente con base en qué números Mieres hizo la afirmación, pero el año no está cerrado”.
Aboal no hizo comentarios respecto de declaraciones del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el jueves 4 en Canal 10, donde señaló que la pobreza era “mucho más” de lo que se decía en el anterior período de gobierno. Dirigentes del Frente Amplio replicaron que con esa afirmación Delgado pone en duda el trabajo técnico del INE; también reaccionó el sindicato del organismo estadístico.
El último dato informado por el INE es de 2019, cuando las personas pobres eran 8,8% de la población. La metodología que usa para el cálculo es la del ingreso: considera pobre a quien no le alcanza el dinero para comprar una determinada canasta de bienes y servicios, un monto que se conoce como la “línea de pobreza”. Si ni siquiera puede adquirir un conjunto básico de alimentos, entiende que se trata de pobreza “extrema” y quien la padece es “indigente”. Aboal dijo a Búsqueda que la nueva línea de pobreza —que utilizará la nueva canasta de consumo con base en la Encuesta Nacional de Gasto e Ingreso de los Hogares— estará lista para mitad de 2021, junto con otros cambios de base. Adelantó que la intención es pasar a hacer estimaciones semestrales de este indicador.
Medición Cepal
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) divulgó el jueves 4 estimaciones sobre la pobreza e indigencia para Uruguay y la región con sus propias “líneas”; utiliza canastas diferentes y con montos más altos que los fijados por el INE, por lo cual las tasas que surgen de su estimación son inferiores (aunque la tendencia es coincidente con la anticipada por los ministros Arbeleche y Mieres). Según la Cepal, la pobreza entre la población uruguaya pasó de 3,0% en 2019 a 5,3% si no se computan las transferencias sociales otorgadas, o a 5,1% si sí se las considera al calcular la capacidad de ingreso para comprar la canasta básica utilizada por ese organismo. A su vez, la indigencia o pobreza extrema se incrementó de 0,1% a 0,4% sin transferencias (y 0,3% con ellas). Los expertos del organismo informaron a Búsqueda que los porcentajes estimados para 2020 corresponden a 177.000 pobres (frente a 104.000 el año anterior, es decir un aumento de 73.000); los que estaban en situación de pobreza extrema se incrementaron de 3.000 a 10.000 en el contexto de la pandemia.
La Cepal estima que la economía uruguaya —su Producto Bruto Interno (PBI o PIB)— se habría contraído 4,5% durante 2020, menos que el promedio de América Latina y el Caribe (–7,7%). Eso explica su relativo mejor panorama en términos de aumento de la pobreza en comparación con otros países latinoamericanos.
En promedio, en la región aumentó a 33,7%, lo que significan 209 millones de personas pobres a finales de 2020, 22 millones más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas eran indigentes (12,5%), un aumento de 8 millones. Son las tasas más elevadas desde 2008 y el 2000, respectivamente.
En países como Guatemala, Honduras y México más de la mitad de la población era pobre a fin del año pasado (50,9%, 58,6% y 50,6%), por ejemplo, incluyendo las transferencias sociales.
Gasto social
Según el documento, durante 2020, en 32 países se adoptaron 263 medidas no contributivas de protección social, incluidas transferencias monetarias, entrega de alimentos y medicamentos y el aseguramiento del suministro de servicios básicos. Estimó que las transferencias monetarias y en especie habrían llegado, en promedio, a casi la mitad de la población de la región.
“El esfuerzo tanto en términos de recursos adicionales como de ajustes presupuestarios por parte de los países de América Latina y el Caribe para financiar estas medidas se estima en cerca de US$ 86.214 millones durante 2020. En el promedio simple, este gasto equivale a US$ 78 por habitante, con importantes diferencias entre subregiones, y representa el 1,25% del PIB de 2019, 1,9 veces la proporción media de recursos del PIB ejecutada en los programas de transferencias condicionadas y pensiones sociales en 2018”, analiza. Para la Cepal, los montos comprometidos para las medidas de emergencia “revelan la capacidad de respuesta de los países al impacto de la crisis. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta la capacidad instalada de protección social, que ha permitido contener y mitigar los efectos sociales de la pandemia. Por ejemplo, los programas de protección social no contributiva implementados antes de la pandemia y que proveen transferencias monetarias a familias pobres y vulnerables también son muy importantes para proteger a la población”, señala. Y cita como ejemplo el caso de Uruguay y sus Asignaciones Familiares (Plan de Equidad), que cubren alrededor del 11% de la población con un gasto del 0,33% del PBI y la Tarjeta Uruguay Social, que llega a alrededor del 12% de la población con un gasto del 0,15% del Producto.
