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Por la electricidad consumida ahora, los hogares y las empresas están pagando el 10,5% de incremento decretado con vigencia desde el 1º de abril. Pero, más allá de ese ajuste en el precio del servicio, el esquema de tarifas de UTE arrastra algunas distorsiones estructurales que, según una nueva investigación promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), conducen a ineficiencias.
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Desde el punto de vista legal el mercado eléctrico uruguayo parecería tener un diseño “apropiado”, que busca evitar la extracción de rentas monopólicas y, por lo tanto, un nivel de consumo más bajo que el socialmente óptimo. Sin embargo, en la práctica hay algunas “desviaciones significativas del funcionamiento deseable del mercado que conducen a posibles problemas de eficiencia”. Por un lado, incluso cuando en las etapas de generación y comercialización la regulación permite la entrada libre de empresas, estos mercados no operan en competencia. En la comercialización, UTE es el único participante. Y en la etapa de generación, si bien la entrada de nuevos generadores está creciendo, sigue habiendo una fuerte concentración, se señala en el estudio Tarifas eléctricas residenciales en Uruguay: en busca de ganancias de eficiencia mientras se protege a los hogares de bajos ingresos, que el BID acaba de publicar. Uno de sus cinco autores, Diego Aboal, exdirector del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) y hoy al frente del Instituto Nacional de Estadística, destacó en Twitter que el rebalanceo de tarifas puede “generar una ganancia de eficiencia” de US$ 37 millones.
En este sentido, los investigadores visualizan que hay un “margen significativo” para introducir mejoras en la regulación. Observan que, en la práctica, la Unidad Reguladora de los Servicios de Electricidad y Agua (Ursea) tiene poco margen para incidir en otros asuntos además de la calidad del servicio de electricidad y en algunos otros aspectos muy específicos del negocio.
Más allá de esto, la regulación tiene otros desafíos asociados con diferentes “ineficiencias” observadas en estructuras tarifarias de UTE. Una radica en la mecánica de la fijación de lo que se cobra por el servicio eléctrico. “Las entrevistas realizadas con diferentes agentes relevantes del sector nos llevaron a concluir que, en la práctica, ni la propuesta de UTE ni el informe de Ursea son elementos definitivos para establecer los precios finales”, sino que estos responden a “varios objetivos perseguidos por el Poder Ejecutivo en términos de contribución de las empresas públicas a las finanzas del gobierno central” y otros “estratégicos vinculados a la competitividad de la economía, la inflación, etc.”. Así, la “multiplicidad de objetivos del monopolista público (en la práctica, el Poder Ejecutivo) determina que, a pesar de su fuerte poder de mercado en todas las etapas de la cadena, a menudo no actúa como un maximizador de ganancias puro”. Aun así, los investigadores constataron cómo la contribución de UTE a Rentas Generales muestra una correlación negativa con el resultado del sector público global; las transferencias de la empresa de electricidad son mayores cuando la situación fiscal muestra debilidades.
Ese punto, el de la injerencia política en la gestión de los entes estatales, fue uno de los que un grupo de profesionales —incluida la entonces presidenta de Ancap, Marta Jara— cuestionó en una declaración pública emitida hace pocas semanas. “Aislar a las empresas de la competencia o la regulación no genera incentivos adecuados para la eficiencia y la competitividad. Esto ha llevado, en algunos casos, a las empresas públicas a desarrollar actividades no necesariamente vinculadas con su objeto, en ocasiones a pérdidas. Esta debilidad también ha permitido la utilización de las tarifas con fines no vinculados al funcionamiento del mercado donde las empresas operan”, advirtieron.
Revisión tarifaria
Por otro lado, la propia estructura tarifaria de UTE tiene problemas, de acuerdo con el análisis. En el caso del servicio residencial, la tarifa compuesta que aplica representa en su parte fija solo entre el 10% y el 15% del precio total promedio cobrado a los consumidores. Sin embargo, las estimaciones hechas por los autores del estudio sugieren que los costos fijos representan alrededor del 70% del costo total.
Es decir que los precios actuales no reflejan los costos marginales de la producción, distribución y comercialización de electricidad, un desajuste que podría conducir a una asignación ineficiente de los recursos. Además, hay un subsidio cruzado entre los clientes que “es inconsistente con el objetivo explícito de la redistribución de ingresos expresada por la gerencia de UTE”.
Otro posible punto negativo, en particular del cargo variable, está relacionado con los incentivos que promueve para invertir en generación solar y eólica a pequeña escala, con potenciales “consecuencias importantes para el flujo de ingresos futuros de UTE”. En concreto, si bien esto dependerá del costo futuro de la microgeneración de energía —en particular la tecnología solar fotovoltaica— que es difícil de predecir, los autores asumen un escenario en el que, en un período de 5 a 10 años, el 1,5% de los consumidores se convertirá en “prosumidores” bajo el esquema tarifario actual. Este escenario podría costarle a UTE casi el 5% de sus ingresos actuales, lo que en su opinión constituye “otro incentivo potencial” para modificar la política de precios de la empresa.
Otra recomendación específica refiere a la llamada tarifa eficiente, que si bien su adopción permite aumentar el bienestar general al eliminar la “pérdida de peso muerto del mercado”, al mismo tiempo causa efectos de distribución regresiva al menos a corto plazo. Por lo tanto, para los investigadores, el reequilibrio de la tarifa probablemente debería ir acompañado de compensaciones (independientemente de los niveles de consumo) para los hogares de bajos ingresos.
